El desafío es cómo resolver la pregunta del millón. Pero en el caso del oro depositado por Venezuela en el Banco de Inglaterra (BI) la pregunta es de los 1,000 millones.

El juez Nigel Teare, del Tribunal Superior de Justicia  de Gran Bretaña, la resolvió este jueves: quien puede reclamar las 31 toneladas de oro en disputa  es Juan Guaidó.

Los $1,000 millones es literal. Ese es el precio en el que está valorado el oro venezolano que protagoniza desde hace más de un año la gran disputa entre el Banco Central de Venezuela (BCV) y el BI, en cuyas bóvedas se encuentran los lingotes. La justicia británica falló que es Guiadó, el presidente interino de Venezuela reconocido por unos 60 países, quien puede gestionar el uso de semejante volumen de precioso metal.

El régimen de Nicolás Maduro había reclamado los lingotes para hacer frente a la enorme crisis política-humanitaria-económica-sanitaria, ahora agravada por la pandemia de la covid-19. El oro resulta ahora una de las pocas alternativas de financiación y liquidez para su régimen cercado por todos lados. Enfrentado a la Unión Europea que ha apretado en los últimos días las sanciones contra figuras prominentes del régimen y con Estados Unidos que asfixia a la petrolera estatal PDVSA y sus escasos ingresos al país.

La decisión del juez Teare se basa en el hecho de que en febrero del 2019 Londres reconoció a Guaidó como “presidente constitucional interino” hasta que haya “elecciones creíbles”. Por tanto, la junta del BCV que él nombro es la que tiene autoridad sobre las codiciadas reservas del mineral dorado.

Guaidó voz única

«El gobierno británico reconoce al señor Guaidó en la capacidad de presidente constitucional interino de Venezuela» y «en virtud de la doctrina de ‘una única voz’ la corte debe aceptar esa declaración como inequívoca», escribió el juez Teare. Los abogados de la junta directiva del BCV presidida por Calixto Ortega anunciaron inmediatamente que apelarán la sentencia «por considerar que ignora por completo la realidad de la situación sobre el terreno». Tienen 21 días para apelar el fallo, aunque se anticipa como una batalla perdida.

El dictamen significa que el BI puede recibir instrucciones de la junta designada por Guaidó, encabezada por Ricardo Villasmil, y no de la nombrada por Maduro, presidida por Ortega.

Sin embargo, en el intermedio hay un proceso por definir. «La gran pregunta es si esto implica que la administración de Guaidó va a tener acceso y libre disposición sobre ese oro, eso es algo que podría terminar de aclararse en un futuro», señaló Diego Moya-Ocampos, experto sobre las Américas para el grupo londinense de análisis de riesgos IHS Markit, citado por el diario madrileño ABC.

La representante de Guaidó en Londres, Vanessa Neumann, aseguró a la agencia France Press que su única «intención es ahora, como siempre, resguardar el oro de la reserva nacional para el pueblo venezolano».

A finales del 2018 el BI accedió a que  BCV repatriara 14 toneladas del oro almacenado en sus bóvedas. Cuando a inicios del 2019 Caracas trató de retirar el resto del oro, los funcionarios del BI le dijeron que no podían aceptar sus instrucciones. Había un problema con su autoridad.

En enero del 2019, Gran Bretaña se unió a Estados Unidos y a docenas de otras naciones para respaldar el gobierno interino de Guaidó. Tres meses más tarde, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al BCV argumentando que Maduro lo estaba usando para “saquear” los activos venezolanos y “enriquecer a los corruptos”.

Posteriormente, Guaido pidió a las autoridades del Reino Unido que no entregara el oro al régimen de Maduro, argumentando que se lo robarían.

Oro en Londres

Durante décadas, Venezuela almacenó una parte del oro que forma parte de sus reservas del BCV en bancos extranjeros. Lo hizo tanto en Europa como en Estados Unidos. Era una forma de protección y de resguardar las reservas de oro. La medida es usual en países que no tienen la misma capacidad para proteger sus propias reservas.

En el 2011, el dictador Hugo Chávez repatrió 160 toneladas de oro de los bancos de Estados Unidos y de la Unión Europea al BCV. Su argumento fue la necesidad de tener el control físico de los activos. Sin embargo, parte del oro venezolano quedó en custodia en las bóvedas del banco británico.

En la actualidad el oro es vital para oxigenar el régimen de Maduro, una de las últimas fuentes para obtener liquidez. Su explotación en las minas del sureste del país -el denominado Arco Minero- una vasta zona que se extiende hasta la frontera con Guyana al este y con la de Brasil al sur, está en manos, principalmente, de China y Rusia. Lo que no cae en manos de esos voraces acreedores, es comercializado en Emiratos Árabes, Irán y Turquía.

Este caso, de acuerdo a los analistas, sienta un precedente que puede ser seguido por otros bancos centrales europeos y otras jurisdicciones donde puedan existir activos en disputa con el régimen de Caracas.

Para los bancos centrales que no tienen la capacidad de protección es un auténtico dolor de cabeza velar por las reservas. Lo mejor es poner el oro a buen resguardo y pagar por el servicio de custodia.

En este contexto, Londres se estableció como protagonista en el mercado del oro en 1732, cuando el BI construyó la primera bóveda. Jamás han sufrido algún robo. Una quinta parte del oro de los gobiernos de América Latina y otras regiones se encuentra en la capital británica, convertida en centro mundial del comercio del metal precioso.

Solo en las bóvedas del BI hay más de 5,000 toneladas de oro, incluyendo las reservas del Reino Unido, y gran parte del volumen enorme que se negocia en la ciudad. La institución británica es la segunda mayor poseedora de oro en el mundo, con aproximadamente 400,000 lingotes. Solo es superada por la Reserva Federal de Nueva York.