El 25 de febrero de 1933, sábado de Carnaval, cuando los capitalinos se aprestaban a celebrar las festividades del Dios Momo aconteció un suceso trágico en el concurrido establecimiento comercial La Tahona de la ciudad de Panamá, dado que Adolfo Samudio, capitán de la Policía Nacional, le produjo la muerte de dos disparos al periodista Benedicto A. Urriola, director del semanario Fénix, a consecuencia de un artículo de prensa aparecido en este hebdomadario, bajo la responsabilidad de Urriola, que el victimario estimó una canallada en su contra, pues se le tildaba de actos deshonestos, entre ellos, el de ser un “chulo”, es decir, en este caso, el vividor o mantenido de un grupo de meretrices que laboraba en prostíbulos locales.
Realizadas las diligencias y las investigaciones de rigor por el juez de instrucción, poca más de cuatro meses después se realizó el juzgamiento del sindicado mediante el juicio por jurados en el Juzgado Superior de la República. La audiencia pública comenzó el 11 de julio de ese mismo año. La vindicta pública estaba a cargo del fiscal Eduardo Vallarino. Los licenciados José Isaac Fábrega y Fabián Velarde fueron los abogados defensores del capitán Samudio. El jurado quedó compuesto por el periodista Carlos Solé Bosch, y por los señores Abelardo Pérez, Luis A. Barleta, Horacio Clare y Víctor Manuel Tejeira. El diario El Tiempo, del día anterior, decía: “Este caso ha atraído la atención del público y el salón de audiencias se llenará de oyentes”. El día siguiente expresaba: “La entrada fue prohibida para el público. Sin embargo, el salón estaba lleno”. Comenzó la audiencia “ante una enorme concurrencia que había logrado conseguir tarjetas para entrar al local”. “Desde tempranas horas el salón se vio invadido de estas personas, mientras una enorme multitud se apiñaba en la entrada del Juzgado Superior de la República y en los alrededores del edificio”. El 13, dicho diario enunciaba: “Una audiencia sensacional como pocas, se ha convertido la del Capitán Samudio”, a quien también se le identificaba como teniente del Ejército ecuatoriano y quien, según el comandante Aurelio Guardia, era un policía “de buena conducta y eficiencia”. “El público (…) llenaba el salón de audiencias y también los alrededores del Juzgado donde se está llevando a cabo. En las puertas se solicitaban a los que querían presenciar la audiencia sus tarjetas y se les registraba para impedir que llevaran armas”. En tanto, El Panamá América, del día 11, indicaba: “El Juez Superior repartirá entradas”. “Se repartirán tarjetas de entradas, en número de quinientas, en vista del mal estado del edificio donde funciona el Juzgado y previendo que la que la asistencia será mucho mayor que la que pueda alojar, sin lugar a peligro, el mencionado salón”. Un titular de La Estrella de Panamá, del 12 de julio de 1933, exponía: “Más de 800 personas concurren a la audiencia pública en el caso del ex Cap. Samudio”.
Por los estrados del Juzgado Superior pasaron muchos testigos. Entre otros, fueron declarantes Aurelio Guardia, comandante; José Antonio Remón Cantera y Mario Luthy, capitanes; Carlos Jaramillo, subteniente y Lionel Urriola Valdés, instructor civil; todos miembros de la Policía Nacional; Ernesto Morales, periodista; Carlos Samudio, gerente del Bazar Francés y Rafael Samudio, hermanos estos del procesado; mayor Alfredo Alemán; Eusebia Guevara, Eulogio Castillo, Carlos Ortega, Joaquín Fernando Franco, Juana Peña, Cecilio Moreno del Castillo, notario público del Circuito de Panamá; doctor Felipe O. Pérez, presidente de la compañía propietaria del semanario Fénix; Enrique Gerardo Abrahams, quien fuera enviado extraordinario y ministro de Panamá en Ecuador; Ramón Guillermo Benedetti, gerente de la impresora del Fénix; así como Amador Rody, ciudadano español, empleado de la panadería La Tahona, establecimiento comercial, teatro de los acaecimientos letales, y Adolfo Macea López, cliente del establecimiento; ambos testigos presenciales. (El Panamá América, 12 de julio de 1933).
El comandante Guardia declaró acerca de la buena conducta y la eficiencia del capitán Samudio; los capitanes Remón Cantera y Luthy fueron interrogados sobre asuntos de balística; la señora Guevara detalló una estafa que le hizo años antes el occiso; el periodista Morales narró que, al ver el artículo en planas, instó a que fuera menos escandaloso y sin clisés, pero Urriola persistió en publicarlo de esa manera; Benedetti indicó que al leer el artículo le expresó a Urriola: “este artículo puede costarte cuatro balazos”. Abrahams relató que, al leer la publicación, manifestó a sus amigos: “El autor de este artículo se ha comprado las balas con que pueden matarlo”. Carlos Samudio repitió sus palabras inmediatas ante los sucesos: “Está bien hecho”. Rafael Samudio, explicó que estando en su oficina se presentó el “poeta Demetrio Korsi y le entregó el periódico que contenía el artículo contra su hermano diciéndole ‘Es una infamia que se haya publicado esto contra tu hermano’; que al llegar a su casa encontró a su hermano y éste se enteró del artículo y dijo a su madre:’ Esto es una canallada y salió’. Por un presentimiento, salió detrás de él y cuando iba por el (Teatro) Cecilia supo de la tragedia. Cuando habló con su hermano y le preguntó por qué no había pensado el asunto, aquél le contestó en forma de justificar su conducta: ‘No era cosa de pensar: si no lo mato me habría matado él’”. Por su lado, Rody hizo una descripción del suceso. En cambio, Macea López incurrió en contradicciones “referente al hecho de que Urriola cogió o no cogió una silla para protegerse”. “Dijo también que Urriola sacó su revólver y fue allí cuando Samudio disparó”. (El Panamá América, 12 de julio de 1933).
El duelo verbal entre el fiscal Vallarino y los defensores fue extraordinario. En el primer alegato el licenciado Vallarino habló por siete horas, el licenciado Fábrega por ocho horas y media, mientras que el licenciado Velarde hizo uso de su vocería por unos minutos, reservándose para en la segunda oportunidad extenderse en sus argumentos.
El licenciado Vallarino analizó los hechos a favor y en contra del sindicado y luego empezó a atacarlo, “considerándolo culpable del delito de homicidio por encima del artículo que apareció en el Fénix, el seminario dirigido por el occiso, Benedicto A. Urriola”.
Sobre Velarde dijo: “Señores: este señor que veis defendiendo a un acusado de homicidio y que justificará este crimen diciendo que lo hizo por las ofensas que se le infirieron en un ‘semanario’, es el mismo que defiende a Nelson Rounsevell, quien en un artículo del Panamá América llamó ‘Thug’ al señor Generoso Simons. Lo dicho a Simons es una calumnia, porque hasta hoy, que yo sepa no ha matado a nadie’”. (El Panamá América, 13 de julio de 1933). El fiscal se refería a las sumarias del proceso penal incoado contra Rounsevell -australiano-estadounidense radicado en Panamá, editor (director) del diario Panama-American y presidente de The Panama American Publishing Company- por el juez superior de la República, en virtud de acusación particular presentada por Simons, basado en los delitos de calumnia e injuria y con motivo de un escrito que aquel dio a la luz pública en el cual se calificó a este de thug, expresión que traducida al idioma de Cervantes significa matón, rufián vicioso, gamberro. El juez lo llamó a juicio, el abogado Velarde apeló la decisión y la Corte Suprema de Justicia mantuvo el auto de enjuiciamiento. Agregó el fiscal que “el magistrado ponente lo había sido su padre, el Magistrado don Darío Vallarino. Y lo que éste había querido significar es que los responsables de hechos delictuosos no quedaran impunes, ya que otro sistema daría margen a que cualquier persona ofendida dispusiera hacerse justicia por su propia mano. Contó el caso de Bernal (Pedro Bernal, ex corregidor de El Valle de Antón, juzgado como autor principal de la muerte de Juan N. Vélez), y declaró que el cubano (Enrique) Reyes Domínguez había sido pagado por la familia de la víctima para que matara al victimario por creer que la justicia había sido benigna”.
Para el licenciado Vallarino, “todos los diarios de Panamá han andado del brazo de Pasquino y precisa acción contra ellos”. En efecto, “todos los periódicos de la ciudad adolecen de ese defecto (pasquines), en el que incurren frecuentemente en su afán de dar noticias escandalosas. Hasta la venerada Estrella de Panamá, que dirige el colega Fábrega, incurre en ese defecto y en las calles se dice que está vendida a dos gobiernos extranjeros. Seguidamente mostró recortes de periódicos, en su mayor parte de La Estrella de Panamá y del Panamá-América, como prueba de que en tales diarios se publican noticias notoriamente escandalosas”. (El Panamá América, 13 de julio de 1933).
El licenciado José Isaac Fábrega, director de La Estrella de Panamá, citó en su alegato las palabras de Juan Antonio Jiménez, secretario de Gobierno y Justicia y del subteniente Carlos Jaramillo, de la Policía Nacional, quienes le solicitaron a Urriola que no realizara la publicación porque tal proceder podía “costarle caro”. Inmediatamente, “se refirió a los artículos que casi siempre aparecen en los órganos de publicidad contra tal o cual individuo y que no pocas veces provocan incidentes, peleas, duelos y como el caso presente, una tragedia”. “Analizó esos escritos en que se ataca y atacó rudamente al periodismo amarillo”. (El Tiempo, 12 de julio de 1933). “Habló sobre un artículo terrible publicado en el mismo número en que se atacó a Samudio contra la dama Gilma Grimaldo de Colón, otro sobre una señora Luz a cuyas hijas las señaló como prostitutas, probando con eso que a Urriola le placía atacar la honra de familias honorables”. “Dijo también que el fin trágico que tuvo (Urriola) fue producto de su falta de caballerosidad y de ética profesional, como periodista; que no importaba el nombre pues Samudio, Alemán, Grimaldo o Sosa o cualquier otra persona, se hubiera encargado de ultimarlo, ya que se trataba de un sujeto peligroso, como todos los periodistas de la escuela del escándalo y del ensañamiento contra las infelices. Considerando que Samudio obró bien, pidió al jurado un veredicto absolutorio”. (El Panamá América, 13 de julio de 1933).
Por su lado, el licenciado Velarde, quien dos años después fue director de diario El Panamá América, en el segundo turno, en una defensa “formidable, precisa y con argumentos de peso” fue destruyendo “todos los alegatos hechos por el Fiscal Vallarino”. “Habló de los calumniadores de oficio y los hombres de bien entre los cuales, según su modo de pensar, había de suceder inevitablemente una tragedia. La base de los calumniadores es por regular una serie de publicaciones, verdaderos pasquines, llamados semanarios y en los cuales se dedican a destrozar el honor de las personas, sin respeto ni consideración a la clase que pertenecen”. “Para los delitos de calumnia -dijo Velarde- sólo quedan dos caminos: la justicia de las leyes o la justicia de las propias manos. La primera después de una serie de requisitos los cuales tiene que llenar el denunciante termina en una multa de B/.50.00 cantidad menor a los gastos que tienen que efectuarse para lograr el castigo. La otra la conocen todos”. “Gran culpa -dijo Velarde- tienen nuestras leyes de la situación que se ha venido a colocar al joven Adolfo Samudio a quien considero inocente si se toma en cuenta que en lo más sagrado -su yo personal- ha sido tratado en forma cruel y despiadada. Pidió la absolución”. (El Panamá América, 13 de julio de 1933).
La evaluación del desempeño de los abogados mostraba: “El Fiscal (…) desempeñó su cargo honradamente”. “Brillante fue la labor de la defensa”. “Tanto en Fiscal Vallarino como los defensores Licenciados Fabián Velarde y José Isaac Fábrega, tuvieron una actuación destacada”. Los defensores libraron “una cruda batalla oratoria en defensa del sindicado, basándose esencialmente en los testimonios rendidos a su favor”. “La actuación de la defensa, en destruir los argumentos de la acusación y en llevar a la convicción del jurado y del Público la certeza de la inocencia del acusado, se podía medir por los progresos que hacía la simpatía hacia el Capitán Samudio en la concurrencia. Esta se encontraba dividida al iniciarse la audiencia, pero poco a poco fue ganando la defensa, por los elementos de prueba, presentados a favor del acusado”. (El Tiempo y El Panamá América, 13 de julio de 1933).
Luego de tres días de audiencia, el jurado de conciencia en la madrugada, tras una hora y diez minutos de deliberación, absolvió al excapitán Adolfo Samudio, quien “fue objeto de una calurosa y espontánea demostración de simpatía de parte del numeroso público que presenció la audiencia y que invadía los pasillos y se encontraba estacionada en las aceras y calles adyacentes al edificio en donde funciona el Juzgado Superior de la República”. (El Tiempo, 13 de julio de 1933).
El autor del artículo, considerado con toda la razón injurioso, que divulgó Urriola como si él fuera el verdadero autor, lo atribuyó el fiscal de la causa, a posteriori del hecho de sangre en el marco de la audiencia pública, al subteniente Camilo A. Chapman, de la misma Policía Nacional, que así “se lo había confesado de una manera amplia y espontánea”. Este oficial renunció irrevocablemente a su cargo en el cuerpo policial, por motivo de “delicadeza personal”, al día siguiente de concluido este proceso penal, que causó mucho interés en la población y llenó páginas enteras de los anales judiciales panameños.