Recientemente los datos dados por el Ministerio de Gobierno en relación al COVID-19 son realmente esperanzadores, contrario a la información suministrada hace unas semanas, que parecía una tormenta se avecinaba. De los 702 privados de libertad infectados por la COVID-19, más de 500 se han recuperado del mismo, y con la esperanza que a los restantes se le está brindando asistencia médica, y tomando otras medidas para evitar la propagación como la prohibición temporal de visitas, aislamientos, exámenes, y conferencias virtuales con los abogados.
Pero, ¿qué más hacer? A mi juicio, El Ejecutivo, debe continuar con mucho más que las 253 medidas que han tomado para que privados de libertad ya no estén en los centros penitenciarios. Las rebajas de penas y libertades condicionales deben de tener criterios un poco más flexibles para que sean concedidos, como por ejemplo bajar la edad de 60 años, a 50 años para ser calificable en esta medida, contabilizando también a quienes han cumplido ? de sus penas, hayan participado en actividades conmutables, condenados en delitos no violentos o que pongan en peligro a la sociedad.
A su vez, ese mismo Órgano Ejecutivo, debe tomar acciones inmediatas para disminuir el riesgo de la comisión de nuevos delitos. Recordemos que el desempleo está en un veinte por ciento en estos momentos, muchos negocios están cerrados ya sea por razones económicas o mandato del gobierno, mientras que la ayuda social de 80 Balboas del Panamá Solidario es totalmente insuficiente, sumado a que no le ha llegado a todos los panameños. Es decir, lo que les llevó a delinquir, lo cual no estoy justificando, es posible que se repita, dando una sociedad temerosa producto de la inseguridad.
Para esto, el Ejecutivo dispone de instituciones claves para lograr esta reinserción, como es poner a los privados de libertad, que a algunos olvidan son seres humanos, en actividades productivas que les permitan generar bienes o servicios para reinsertarse a la sociedad y poder tener lo necesario para vivir. Ejemplos están, sin tener que inventar la rueda, como la AMPYME, INADEH, MEDUCA, e inclusive haciendo alianzas con el sector privado. Aunque no hay que inventar la rueda, hoy más que nunca hay que apretar el acelerador pues el tiempo lo amerita, y créanme, tendremos una mejor sociedad si se concreta.
Finalmente el Órgano Judicial, en uso de la armónica colaboración constitucional, quizás en alianzas con el Colegio Nacional de Abogados, y su pro activa Comisión de Derechos Humanos, deben gestionar lo que no se puede hacer en la vía Ejecutiva, sino en la judicial, que es conceder los depósitos domiciliarios en los caso que amerita, a fin de primero hacer estos trámites, y sobre todo hacerlos conforme a la ley, entiéndase cumpliendo con todos los parámetros, para que aquellos que no se requiera que estén en los centros penitenciarios, repito, por tratarse de delitos menores, haber cumplido con actividades conmutables, estén en riesgo, hayan cumplido buena parte de la pena, puedan evitar en lugares hacinados como están varios, pero varios, de los centros penitenciarios.
Con la propagación COVID 19 todos los panameños estamos en riesgo, pero si en los centros penitenciarios se propaga, no tengan la menor duda que mas posible es que se infecta aún más a la población en general. Si los custodios se enferman, llevarán el virus a sus casas. Si los privados de libertad se enferman, lo más probable es que los lleven a hospitales, terminando de sobrecargar nuestros sistemas de salud. Por lo anterior, cuidemos los centros penitenciarios, y cuidémonos todos.
El autor es abogado y exministro de Gobierno.
