A partir de esta semana los clientes bancarios tendrán que comprobar la afectación por Covid-19 y acordar los términos para amortizar sus créditos y recibir el beneficio de la moratoria bancaria que entra en vigor este primero de julio, en un escenario en que la movilidad está restringida y la reactivación económica no está completada.

El pasado 4 de mayo, el presidente Laurentino Cortizo, en representación del Ejecutivo suscribió un acuerdo con la Asociación Bancaria de Panamá (ABP) para extender el plazo de la moratoria en el pago de los compromisos financieros a los clientes de préstamos personales y comerciales hasta diciembre de este año, como una medida de alivio financiero durante la pandemia Covid-19.

Sin embargo, esta segunda moratoria a diferencia de la anunciada el 31 de marzo, no es automática, y exige la presencia del cliente bancario para demostrar la afectación económica, y acordar la modificación del crédito con la finalidad de iniciar la amortización de los compromisos financieros.

La primera moratoria en el pago de los créditos bancarios, que tuvo un carácter automático, se aplicó desde el 1 de abril y finaliza este 30 de junio. La medida adoptada en ese momento por 20 bancos de los 40 bancos de licencia general miembros de la ABP que suscribieron ese primer acuerdo resultó en la apertura de un período de gracia en el pago de los compromisos de las carteras de préstamos hipotecarios, personales, de autos y tarjetas de créditos, sin necesidad de que los clientes concurrieran a los bancos.

La iniciativa, de acuerdo con el comunicado emitido en ese momento por el gremio, estaba “en línea con los esfuerzos y compromisos desarrollados por el Gobierno Nacional en solidaridad con los miles de clientes y consumidores bancarios afectados por la situación económica agravada por el Covid-19”.

Aunque cada banco aplicará su propia política en esta etapa, la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), el 16 de marzo dictó medidas temporales para cambiar los términos y condiciones de los créditos, bajo la modalidad de préstamos modificados, y que es una opción para adecuar el pago de las obligaciones y mitigar el deterioro del crédito.

Esta modalidad, que será aplicada a partir de este 1 de julio, permite revisar los términos y condiciones de los préstamos, en materia de tasas de interés y plazos, para acordar y otorgar periodos de gracia manteniendo la clasificación del crédito.  Estos ajustes se realizarán en función de la realidad de cada deudor afectado por la pandemia Covid-19, y que tengan atrasos en sus pagos de hasta 90 días.

Las modificaciones se podrán realizar a solicitud del cliente bancario o por iniciativa directa del banco, y para ello, la entidad contará con un período de 120 días para hacer una evaluación. El acuerdo establece que esta modificación no generará costos adicionales, quedando exenta de comisiones o de nuevos avalúos.

La SBP, además, autorizó a los bancos, a utilizar la provisión dinámica, denominada colchón anticíclico que forma parte del patrimonio de cada banco establecido durante la época de crecimiento económico alto, para que sea utilizado en coyunturas como la de la pandemia Covid-19.  El uso del colchón anticíclico se traduce en una menor presión para la banca, y le permite mejorar su posición y disposición de otorgar créditos que mejoren el balance de resultados.

Los bancos ya están creando las condiciones que facilitan a sus clientes iniciar este proceso. A través de plataformas digitales, algunas instituciones, generan documentos con el estatus del crédito, el tipo de producto, y el período de gracia de tres meses en la obligación de pago.  Además, responden preguntas frecuentes que orientan a los clientes no solo en los pasos a seguir, sino en algunas decisiones que han adoptado como, por ejemplo, la extensión del período del crédito lo que representa un importante alivio para el consumidor de productos bancarios.

Desde la apertura del segundo bloque comercial, algunos bancos comenzaron a contactar a sus clientes para pactar arreglos de pagos, y en algunos casos, han ofrecido transformar las deudas en tarjetas de créditos a préstamos personales a un plazo de 36 meses, una modalidad que está contenida en la ley 81 de 2010, que regula este tipo de créditos.