La reactivación de la Comisión de Alto Nivel para los Servicios Internacionales y Financieros de Panamá (Cansif) y del Consejo de Política Penitenciaria, así como la petición a la Corte Suprema de Justicia, para que confirme si realizará juicios orales por vía telemática hasta la solicitud de un informe al Minsa sobre duración y tiempo de vida del Covid-19 en superficies de materiales utilizados diariamente en la actividad abogadil, son las solicitudes que en los últimos días ha realizado el Colegio Nacional de Abogados de Panamá a varias dependencias del Estado.
En cuanto a la reactivación del Cansif, el presidente del Colegio de Abogados, Juan Carlos Araúz, precisó en una nota remitida al presidente, Laurentino Cortizo, que tras la inclusión de Panamá en la Lista Negra de la Unión Europea de países no colaboradores en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, se hace necesario retomar el trabajo colectivo con la participación de todos los sectores convocados en Cansif para hacerle frente a este tema.
Sobre la reactivación del Consejo de Política Penitenciaria, Araúz, envió una nota a la ministra de Gobierno, Janaina Tewaney, en la que reitera su preocupación por la inactividad de ese ente, que entre sus funciones está investigar los problemas vinculados a la prisión y presentar soluciones.
Araúz, también remitió una nota al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Ramón Fábrega, en la que le pide confirmar si la realización de juicios orales por vía telemática, será parte de la gestión de su administración. Esto luego de recibir voces de preocupación por parte de litigantes del Sistema Penal Acusatorio.
Asimismo, el presidente del gremio abogadil, solicitó a la ministra de Salud, Rosario Turner, mediante una nota enviada el 16 de mayo de 2020, en la que señala que en razón de la reactivación gradual de las diversas actividades en Panamá, requieren conocer “duración y tiempo de vida” del Covid-19 en superficies como carpetillas y expedientes de portada de cartón, en hojas de papel y ganchos de metal, materiales relacionados con la labor diaria que realizan los abogados en todas las instituciones del Estado.
A través de esta solicitud, afirmó Araúz, “buscamos orientación en torno a si hay riesgo de contagio en la manipulación de estos materiales, para nosotros a su vez poder transmitir a la membresía y a los abogados en general las practicas que formaran parte del trabajo diario de todos a partir del momento que empiece el funcionamiento de las dependencias estatales”.