La Defensoría del Pueblo de la República de Panamá, ante el anuncio de la adopción de un acuerdo por parte del Consejo Municipal de Panamá, donde presuntamente se abordan sanciones por la violación de la cuarentena y se establece el uso obligatorio de la mascarilla para circular en la ciudad; realiza las siguientes anotaciones.
En primer lugar, aplaudimos la iniciativa municipal, de intentar establecer medidas para fortalecer los esfuerzos del gobierno central, en el marco de la emergencia sanitaria actual, producto de la pandemia de Covid-19; sin embargo, es de preocupación para esta Institución Nacional de Derechos Humanos, que la disposición adoptada pueda constituirse en un obstáculo para que la población, particularmente de escasos recursos, pueda circular para la compra de alimentos y/o medicamentos o atender cualquier otra necesidad básica.
Además, en base a la información a la que se ha tenido acceso, a través de los medios de comunicación social, se considera que las sanciones monetarias anunciadas, de cien a mil dólares, son desproporcionales, más aún cuando es de conocimiento público, la situación actual de escasez de estos insumos, aunado a la crisis económica que están enfrentando muchas personas y familias.
“Como Defensoría del Pueblo, instamos al Consejo Municipal de Panamá, a reconsiderar las disposiciones adoptadas; de manera que no se constituyan en un obstáculo para el ejercicio de los derechos humanos, de la población más empobrecida”, señaló la Defensora del Pueblo (E), Maribel Coco de Garibaldi.
Finalmente, recomendamos al Consejo Municipal de Panamá, acciones intermedias, como el establecimiento a través de los gobiernos locales, de un plan para poner a disposición de la población, las mascarillas y cualquier otro insumo de protección sanitaria, de forma gratuita. También, al Ministerio de Salud, para que pueda coordinar la distribución de estos productos, a través de los Centros de Salud Pública, de manera de llegar a la mayor cantidad de la población, en particular, aquella que se encuentra en condición de vulnerabilidad.
Panamá, 23 de abril de 2020
