El Estado mantiene una deuda pendiente con quienes ejercen la profesión de periodistas en nuestro país: la despenalización de la calumnia e injuria. Esta fue una de las conclusiones a las que llegó el Forum de Periodistas en su primer informe sobre el estado de la Libertad de Expresión en Panamá.
El documento publicado ayer por la directiva del Forum evalúa la situación de la Libertad de Expresión en varias áreas y hace énfasis en el peligro que significa para el libre ejercicio del periodismo mantener dentro de la jurisdicción penal los llamados delitos de calumnia e injuria.
«Aun cuando se establecen limitaciones para los funcionarios de mando y jurisdicción, la experiencia ha demostrados que la norma se ha quedado insuficiente y se ha pretendido usar la jurisdicción penal como herramienta de censura o para provocar la autocensura». indica el informe.
Las alarmas respecto a la necesidad de despenalizar la calumnia e injuria suenan más fuerte cuando se toma en cuenta la proliferación de demandas contra periodistas, medios de comunicación y hasta autores de artículos de opinión. Para el Forum estas demandas por cuantías millonarias pueden terminar convirtiéndose en formas de amedrentar no solo a periodistas también podrían conllevar cierres de medios de comunicación.
Insisten en la necesidad de reformar el Código Penal, en lo que se refiere a «delitos de honor», despenalizar la calumnia y jueces que sepan anteponer el interés público para proteger la Libertad de Expresión. Igualmente, fijar un límite en las cuantías de estas demandas a fin de imponer cargas imposibles a periodistas o medios de comunicación.
El llamado también se extiende hasta el Legislativo, debido a las reiteradas veces que se ha intentado infructuosamente presentar iniciativas legislativas tendientes a restringir el ejercicio del periodismo y coartar la Libertad de Expresión.
El Forum de Periodistas por las Libertades de Expresión e Información publicó ayer el primer informe sobre Libertad de Expresión en Panamá, como punto de partida para la creación del Observatorio de la Libertad de Expresión, instrumento que servirá como salvaguarda permanente de ese derecho en Panamá para conocer y analizar casos específicos
