Transparencia y democracia
La anunciada derogación de los decretos que restringían el acceso a la información sobre los arbitrajes en los que participa el Estado panameño es un paso crucial hacia la consolidación de una administración más transparente y responsable. En una democracia, sobre todo en una largamente golpeada por la discrecionalidad y los turbios manejos de personajes de tortuosa trayectoria, la transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales que permiten a los ciudadanos evaluar las acciones de su gobierno, exigiendo responsabilidad y minimizando el riesgo de corrupción y abuso de poder.
La promulgación de dichos decretos, más propios de regímenes autoritarios que de un gobierno democrático, suponía un grave retroceso en la apertura y el acceso a la información. El intento de clasificar como reservada toda la documentación relacionada con arbitrajes estatales no solo erosionaba la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, sino que también limitaba su capacidad de supervisión y participación activa.
La decisión de derogar estas disposiciones refleja un acercamiento renovado a los principios democráticos. Garantizar que la información gubernamental esté disponible para el escrutinio público fortalece la legitimidad de las instituciones y promueve un entorno en el que los ciudadanos pueden ejercer su derecho de vigilancia sobre sus representantes. Este tipo de acciones no solo refuerzan la confianza pública, sino que también contribuyen a prevenir la corrupción y garantizar que las decisiones estatales respondan verdaderamente a los intereses de la sociedad.
En definitiva, la transparencia es la base de una democracia sólida, y la reciente medida del gobierno panameño es una señal esperanzadora de una nueva mentalidad apuntando a una gestión responsable que pretende priorizar la rendición de cuentas ante su ciudadanía.
