Mientras el expresidente Ricardo Martinelli, participaba activamente en el día 18 del juicio oral en su contra por el Caso Pinchazos, en la sede principal del Sistema Penal Acusatorio en Transístmica, unos kilómetros más lejos, parte de su equipo legal, argumentaba en una audiencia distinta.

En San Miguelito, los abogados del exmandatario participaban, esta vez como querellantes, en seis audiencias de Garantías donde buscaban darle un revés al Ministerio Público.

Se trataba de 6 demandas por los supuestos delitos de Calumnia e Injuria, presentadas por el expresidente contra políticos, empresarios y comunicadores.

Anteriormente, el Ministerio Público había  ordenado el archivo de mantener los archivos provisionales, sobre la base de que “los hechos no constituyen delitos”, destacaron también “la inexistencia de dolo, falta de señalamientos directos, y que el Ministerio Público realizó investigaciones objetivas”, según lo sustentado.

Sin embargo, uno de los abogados defensor, señaló a los jueces que, Martinelli juramentó como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y fungió como tal, en el periodo comprendido entre 2014 y 2019, que es cuando fueron presentadas las denuncias.

Al Martinelli ser diputado y en base al artículo 304  de la Constitución Política, donde se establecen prohibiciones a las autoridades electas por votación popular, y el artículo 196 del Código Penal, que señala:

«Cuando en las conductas descritas en el artículo anterior, los supuestos ofendidos sean uno de los servidores públicos de que trata el artículo 304 de la Constitución Política, funcionarios de elecciones popular o gobernadores, no se impondrá sanción penal, lo cual no excluye la responsabilidad civil derivada del hecho».

Los jueces negaron las 6 solicitudes para reabrir las denuncias relacionadas a publicaciones y entrevistas en un medio de comunicación; comentarios y mensajes en redes sociales.