Laurentino Cortizo, asumió la presidencia con compromisos importantes: reactivar la economía, luchar contra la corrupción y reducir la desigualdad. A un año de su mandato, el futuro económico parece incierto agudizada por una crisis de credibilidad

Cortizo a su llegada al gobierno, heredó un déficit de 4.400 millones de dólares del Sector Público No Financiero (SPNF), o el 6,3 por ciento del producto interno bruto (PIB) y un ahorro de apenas 114 millones de dólares. Dos indicadores que representaron los más altos y bajos en catorce años.

A estas cifras, se le sumó más de mil 700 millones de dólares, en compromisos con proveedores del Estado que se tenían desde antes de 2018.  La capacidad operativa del gobierno era poca.  Dos salidas a los mercados internacionales permitieron colocar entre julio y noviembre de 2019 bonos por 3 mil trescientos millones, para honrar los compromisos con proveedores y el pago de bonos de deuda, en enero pasado.

La llegada de la Covid-19 el 15 de marzo a Panamá, que vino acompañada en sus dos primeros meses por el confinamiento más estricto de la región para mitigar el contagio del virus SARS-Cov-2, paralizó la actividad social y comercial.

El impacto negativo de la pandemia azota la economía de las personas que, sumidas en la incertidumbre de lo que depara en el corto plazo, han comenzado a salir en la búsqueda de ingresos que les permitan enfrentar los suministros de alimentos para sus familias, y enfrentar el pago de obligaciones bancarias y de servicios públicos, suspendidos temporalmente hasta ayer.

Con una desescalada gradual en la actividad comercial, que inició a partir de mayo pasado, las proyecciones macroeconómicas prevén un decrecimiento importante, del que poco se sabe cómo se revertirá.

Las poco alentadoras previsiones de las multilaterales 

El más reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) estima una contracción de 9,4% para América latina y el Caribe en 2020, cuatro puntos porcentuales más de lo previsto en abril y la peor recesión regional desde que se tienen datos, y prevé una leve recuperación del crecimiento a +3,75% para el 2021.

Aunque no se precisó el dato exacto, el FMI estimó que la contracción será importante en lo que se refiere a Panamá, tomando en consideración que ha sido una economía con un crecimiento entre 5% Y 6% en la última década.

El país, con una población de más de 4 millones de habitantes, se mantuvo liderando un crecimiento promedio de 5.6%, un desempleo de 7.1%, sin embargo, también es uno de los países más desiguales en el mundo, y el segundo de la región después de Brasil.

Hoy, las proyecciones de las instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial prevén además de una contracción importante en el crecimiento económico, un aumento del desempleo por arriba del 20%.

Un estudio publicado en mayo por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), estimó que como consecuencia de la pandemia Covid-19, se podrían perder hasta 17 millones de empleos formales y el nivel de informalidad podría llegar a 62% en la región de Latinoamérica y el Caribe.

Esto, según la institución, representaría un retroceso para los avances que la región logró en el período 2000-2013 en materia de informalidad. La ONU por su parte estimó la reversión, en términos de décadas, del progreso alcanzado en la lucha contra la pobreza y la desigualdad entre países.

Panamá no estará ajena a esas previsiones.  En marzo se publicaron decretos ejecutivos, en el marco de la declaratoria de emergencias nacional por la Covid-19, en respuesta a la cuarentena a la que sería puesta la población.

La suspensión de los contratos trabajos ha llevado a cerca de 250 mil trabajadores, -según el registro oficial del Ministerio del Trabajo y Desarrollo Social – a permanecer sin trabajo, y a otros en la condición de teletrabajo.

Justamente, el primero de mayo, el gobierno instaló una mesa de diálogo tripartito que hoy consensuó 23 acciones entre estas la suspensión de los contratos que, por la ley laboral, solo pueden establecerse por un período que no exceda los cuatro meses.

Este consenso alcanzado entre el gobierno, trabajadores y el sector empresarial, tendrá que pasar por una iniciativa legislativa, por tratarse de una modificación a las condiciones laborales.   Una ley solo podrá ser modificada por otra.

Los cambios en las jornadas de trabajo con la subsecuente reducción salarial consensuados causa incertidumbre entre los trabajadores que no tienen la seguridad de que el retorno a la llamada nueva normalidad asegure las fuentes de trabajo.

Con dos bloques comerciales activados, y otros cuatro más suspendidos – por la fuerza que tomó su propagación del virus a partir de esas desescaladas-, y que concentran las actividades de servicio y comercio más importantes de la economía, el frenazo de la Covid-19 es uno de más importantes registrados, después de las caídas ocurridas en 1987 y 1988.

Las cifras en rojo que planta el Covid-19

Las finanzas públicas lo expresan todo.  Los ingresos corrientes a mayo totalizaron 1,947 millones, mientras que los gastos corrientes sumaron 2,652.1 millones, registrando un déficit de 705 millones. Este déficit está presionado por el gasto de la planilla que totalizó a mayo 1,580. 5 millones, un renglón que representa el 81% de los gastos corrientes.

Como resultado de la paralización comercial y de las restricciones a la movilidad de las personas, reinstauradas en junio, las recaudaciones han sufrido una importante caída.  En mayo, se redujeron un 57% por debajo de la programación presupuestaria, y acumula un déficit de 881 millones de balboas desde marzo, mes en que se decretó una emergencia por la pandemia Covid-19.

Las críticas de los partidos de oposición después de conocer la situación de las finanzas públicas se enfilan en dos aspectos. Por un lado, a que el gobierno está enfocado en reestructurar el presupuesto vigente sin develar un plan de rescate, y por el otro a cuestionar el monto de la ayuda económica que reciben los trabajadores con contratos suspendidos que hasta junio era de 80 balboas, mientras la canastica básica de alimentos se sitúa en aproximadamente 300 balboas mensuales.

El primer impacto de la Covid-19 en la economía lo dio a conocer el propio Alexander, cuando en una salida audaz en plena pandemia, el país colocó un bono por 2 mil 500 millones, como resultado de un reordenamiento del presupuesto para cubrir las necesidades que generaba la crisis sanitaria.  En ese momento, el déficit de situó en 5 mil 800 millones de balboas.

Otra medida la adoptó la Asamblea Nacional de Diputados que, mediante una ley, aprobó destinar dinero del Fondo Panamá, que tiene los dineros obtenidos del proceso de privatización y concesiones administrativas de empresas de servicios estatales, creadas en 1998 durante la administración del perredista Ernesto Pérez Balladares.  Aunque no se conoce a ciencia cierta, si serán usados para el fin establecido en la ley, lo cierto es que estos fondos están disponibles.

El gobierno en junio aumentó la ayuda económica para los trabajadores con actividades laborales suspendidas a 100 balboas, y además incrementó el número de beneficiarios a 167,761personas, que la reciben usando su cédula como tarjeta de pago.

Además, el Plan Solidario, incluye la distribución de bolsas de comida en áreas vulnerables y hace entrega de un bono físico a través de los gobiernos locales.  El valor total de estas ayudas a la fecha se desconoce.  El gobierno, continúa atendiendo programas como Red de Oportunidades, 120 para los 65, Ángel Guardián, Senapan, y el pago a becarios del Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).

Los cuestionamientos a la transparencia 

Laurentino Cortizo, en su discurso de toma de posesión, hace justamente un año  atrás, se centró en la lucha contra la corrupción y la desigualdad económica. “Venimos de una década perdida de corrupción, de robarse el dinero a los panameños (…) Nos intoxicó el clientelismo”, y agregó que “ningún interés individual, político o económico jamás estará por encima de los intereses nacionales”, los fondos públicos “serán sagrados” y “no habrá intocables” en una referencia a su gabinete.

Estas palabras, hoy, están siendo recordadas por los señalamientos de presunta corrupción en la fallida compra de ventiladores a mayores precios, y que llevaron al viceministro de la Presidencia, Juan Carlos Muñoz, a renunciar.

Otro de los casos que exacerbaron a la opinión pública, fue la construcción de un hospital modular a un costo de 12 millones de dólares, de los cuales 6,5 millones se destinaron para su construcción y el resto por equipamiento para las 100 camas de cuidados intensivos. Estos señalamientos dejan marcada una crisis de credibilidad en el gobierno.

A un año de gobierno, con 33 mil 500 casos positivos, 765 nuevos casos en las últimas 24 horas, 631 personas fallecidas, 146 pacientes en cuidados intensivos, y una crisis en salud en potencia no solo por la fuerte propagación del SARS-Cov- 2 sino porque las salas de cuidado intensivo están llenas, la ruta para la recuperación económica es incierta por desconocida.

El país está a la espera de que Cortizo anuncie hoy, durante la instalación del tercer período legislativa, cuál será la ruta que se seguirá para su reactivar la economía, y no se descarta que el tercer bloque comercial se reabra, con algunas restricciones.