Según un nuevo informe de la OCDE, en 2024 los gobiernos y las empresas tomaron prestados 25 billones de dólares en los mercados, lo que supone 10 billones más que en el periodo anterior a la pandemia de COVID-19, y el triple que en 2007.
El informe de la OCDE titulado OECD Global Debt Report 2025: Financing Growth in a Challenging Debt Market Environment indica que se prevé que los niveles de deuda sigan aumentando en 2025, y que la ratio agregada de deuda negociable de los gobiernos centrales sobre el PIB de los países de la OCDE alcance el 85%, lo que supondría 10 puntos porcentuales más que en 2019 y prácticamente duplicaría el nivel de 2007.
A pesar de la caída de las tasas de interés de política monetaria, los costes de emisión de los bonos aumentaron en varios mercados clave, al tiempo que crecía el endeudamiento tanto soberano como corporativo. Esta combinación de mayores costes y endeudamiento pone en riesgo la capacidad de endeudamiento, restringiéndola en el futuro, en un momento de necesidades de inversión significativas. El endeudamiento de los últimos tiempos, un legado de la crisis financiera de 2008 y de la pandemia de COVID-19, se ha utilizado principalmente para amortiguar su impacto y facilitar la recuperación. A partir de ahora, se requerirán inversiones significativas para avanzar en el cumplimiento de los objetivos de mediano y largo plazo, entre ellos impulsar el crecimiento y la productividad, abordar el envejecimiento de la población y hacer frente a las necesidades de defensa.
Mayores niveles de financiación por parte del sector público elevarían significativamente las ratios de deuda pública sobre el PIB en las próximas décadas
«Los niveles de deuda soberana y corporativa siguen creciendo en todo el mundo, en un contexto de aumento de los costes de endeudamiento y volatilidad en los mercados», declaró Mathias Cormann, Secretario General de la OCDE. «Incrementar la eficiencia del gasto público, priorizando el endeudamiento gubernamental para inversiones públicas que mejoren la productividad y favorezcan el crecimiento a largo plazo, y proporcionar incentivos a las empresas para asegurar que su endeudamiento aumente su capacidad productiva, contribuirá a mejorar las perspectivas de la deuda.»
Se estima que la emisión de deuda pública en los países de la OCDE alcanzará un récord de 17 billones de dólares en 2025, frente a los 14 billones de 2023. Se prevé que el saldo de deuda vigente aumente de 54 billones de dólares en 2023 a casi 59 billones en 2025.
En las economías emergentes y en desarrollo, la emisión de deuda pública soberana también ha crecido significativamente, de aproximadamente 1 billón de dólares en 2007 a más de 3 billones en 2024, con un incremento de las emisiones del 12% en 2024. China fue responsable del 45% de la emisión total en 2024, frente a alrededor del 17% entre 2007 y 2014.
El saldo vigente global de bonos corporativos alcanzó 35 billones de dólares a finales de año, retomando la tendencia de más de dos décadas de aumentos consecutivos del endeudamiento, después de haberse detenido temporalmente en el 2022. Este crecimiento a largo plazo se ha debido en gran medida al incremento de las emisiones realizadas por entidades no financieras, cuya deuda prácticamente se ha duplicado desde 2008.
El aumento de los costes de endeudamiento empieza a notarse. Los pagos por concepto de intereses efectuados por los gobiernos aumentaron como porcentaje del PIB en aproximadamente dos tercios de los países de la OCDE en 2024, alcanzando el 3,3%, lo que supone un incremento de 0,3 puntos porcentuales con respecto a 2023. Esto significa que el gasto destinado al pago de intereses es mayor que el gasto público en defensa de los países de la OCDE en su conjunto. Además, aumenta el riesgo de refinanciación tanto para los emisores soberanos como para los corporativos; casi el 45% de la deuda soberana de los países de la OCDE vencerá en 2027, mientras que alrededor de un tercio de todos los bonos corporativos en circulación vencerán en los próximos tres años.
En los últimos años, la mayor parte del endeudamiento de las empresas se ha destinado a operaciones financieras, tales como refinanciaciones y pagos a los accionistas, sin que se haya producido un aumento paralelo de la inversión empresarial que contribuya a impulsar la productividad.
La retirada de los bancos centrales de los mercados de deuda soberana continuó en 2024. En las economías de la OCDE, la deuda pública en las carteras de los bancos centrales cayó ininterrumpidamente entre 2021 y 2024, pasando del 29% al 19% de la deuda total en circulación, mientras que las tenencias de los hogares nacionales aumentaron del 5% al 11% y las de los inversores extranjeros del 29% al 34%. Para mantener los niveles actuales de deuda, será necesario que los inversores existentes compren más deuda, o que entren al mercado nuevos inversores, seguramente más sensibles a los precios, lo que podría aumentar la volatilidad.
El informe de la OCDE titulado OECD Global Debt Report 2025: Financing Growth in a Challenging Debt Market Environment indica que se prevé que los niveles de deuda sigan aumentando en 2025
Un capítulo temático del informe de este año analiza las necesidades de financiación para alcanzar los objetivos mundiales en materia de cambio climático. Si se continúa con las recientes tasas de crecimiento de la inversión pública y privada destinada a financiar la transición climática, las economías avanzadas no se alinearían con los objetivos del Acuerdo de París hasta 2041. La situación es especialmente complicada para la mayoría de las economías emergentes, que, a las tasas de crecimiento actuales, no alcanzarían los objetivos del Acuerdo de París en 2050.
Mayores niveles de financiación por parte del sector público elevarían significativamente las ratios de deuda pública sobre el PIB en las próximas décadas, mientras que una mayor dependencia de financiación del sector privado exigiría un rápido desarrollo de los mercados de capitales y altos niveles de crecimiento de la emisión de deuda. Según el informe, será fundamental llevar a cabo reformas en la regulación financiera para aprovechar el potencial de los mercados de deuda para financiar la transición climática, en particular para favorecer el desarrollo de los mercados de capitales en las economías emergentes.
