En una situación económica que se agudizó tras la rebaja en la calificación de Fitch Ratings, Panamá debe encarar una multiplicidad de desafíos. Entre ellos, los debates sobre el Seguro y minería, y el resguardo de la operación canalera
Panamá es un país acostumbrado a crecer. Así lo ha hecho su economía por más de 30 años. La creación de empleos redujo significativamente la pobreza: de 48.2% en 1991 a 12.9% en 2023.
Entre el 2004 y 2012 los empleos abundaban en el sector privado: hasta un 78% de todas las plazas de trabajo. El resto de la oferta laboral se repartía entre un 13% para los funcionarios y 9% para los informales.
Pero a partir del 2012 todo comienza a cambiar. En los próximos 12 años la informalidad empieza a ganar terreno: cuatro de cada cinco empleos generados pertenecieron al sector privado, mientras que el resto ocupó una plaza como funcionario.
Durante esos años sectores como la construcción, comercio interno y otros que tradicionalmente soportan el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) cayeron de lleno en la informalidad: hasta un 100% de los empleos que generaron.
Después, durante los años 2020 y 2021, la pandemia dejaría resentida a la economía, que desde entonces no se ha podido recuperar del golpe, con 407 mil empleos perdidos.
Este ha sido el camino que condujo a que hoy en día, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo, la empleomanía dentro del sector privado se haya reducido en 24 mil plazas menos que en agosto del 2012.
La informalidad laboral, por el contrario, se disparó hasta casi rozar el 50%, el nivel más elevado en los últimos 20 años.
Esto ha impactado el PIB, que entre el 2024 y 2023 se redujo de un 7.3% al 2.2%. El 28 de marzo de 2024 la calificadora de riesgo Fitch Ratings terminó de evidenciar la desaceleración de la economía local, al rebajar la calificación del país de BBB- a BB+.
De esta manera, Fitch Ratings dejaba a Panamá sin grado de inversión, luego de 14 años. Durante este tiempo, los sectores que concentraron la inversión extranjera fueron la Zona Libre de Colón, con un 18%, el centro bancario, con un 18%, y el sector de la información y comunicaciones, con un 8%.
La rebaja en la calificación tuvo lugar cuatro meses después de que la Corte Suprema de Justicia fallara en contra de la ley que otorgaba una concesión minera a la transnacional First Quantum Ltd, cuyos aportes al PIB se situaban entre el 3 y 5%, según estimaciones de los economistas.
Los gremios empresariales reiteran la necesidad de atraer inversiones e incentivar proyectos de infraestructura para lidiar con un desempleo y pobreza en alza, con un 10% y 21.7%, respectivamente. En su conferencia de ayer, el presidente José Raúl Mulino anunció 14 proyectos de infraestructura pública.
Con un impacto estimado de $350 millones y 10 mil puestos de trabajo, estas obras podrían traer alivio a un sector de la construcción agobiado por la informalidad, con un 73.7%.
Y ni hablar de deuda pública. Panamá es un país endeudado: según el Ministerio de Economía y Finanzas, el 2024 cerró con un déficit fiscal de 6 mil 416 millones de dólares. En cuanto a la deuda externa, el año pasado superó los 50 mil millones de dólares, lo que representa un 86.08% de la deuda total.
Frente a este panorama, cada día son más las voces que exigen un giro de timón y enfocarse en la generación de bienestar en la población, con servicios de salud y educación de calidad. Esto como una forma de contrarrestar una desigualdad que en el 2023 marcaba 0.46 puntos, según el índice Gini.
Otra vez desde el sector empresarial, Alfredo Motta ha señalado que la educación es uno de tres subsidios requeridos para superar la desigualdad y la informalidad. Y también para que una persona pueda mantener su trabajo, como sucedió durante la pandemia. Durante el periodo presidencial de Laurentino Cortizo la baja escolaridad pasó factura: alrededor de un 74% de los que quedaron cesantes contaban con 11 años o menos de escolaridad.
“Somos una economía de informales y funcionarios, financiada con plata prestada, particularmente después de la ampliación del Canal. Esto ya no es sostenible”, afirma el consultor empresarial René Quevedo.
René Quevedo, consultor empresarial y docente.
¿Qué otras rutas le quedan a un país que en el 2025 debe encarar una multiplicidad de retos, que van desde reformar el sistema de pensiones hasta debatir el futuro de la minería?
CSS, víctima de la informalidad
La retadora situación económica está poniendo presión sobre el actual debate que mantiene la Asamblea Nacional sobre un proyecto de ley que pretende reformar el sistema de seguridad social.
Para Quevedo se trata de un problema matemático, donde la Caja del Seguro Social (CSS) no puede generar los ingresos que requiere para sus diversos programas si la mayoría de los empleos que se generan provienen de la informalidad.
Frente a las dificultades para generar más cotizantes que aporten al sistema, el Gobierno se encuentra ante la disyuntiva de aumentar la edad de la jubilación o inyectarle $1,457 millones anuales al programa de Invalidez, Vejez y Muerte.
El impacto económico de un posible descalabro en el sistema de pensiones ha sido reconocido por los organismos multilaterales como uno de los puntos a resolver en cuanto al manejo de las finanzas públicas.
Economistas como Carlos Araúz han advertido que de no solventarse la crisis en la CSS el país enfrentaría dificultades adicionales en su intento por recuperar la estabilidad en el grado de inversión.
El analista José Stoute no cree que las movilizaciones como la que se registró ayer, en contra del proyecto de ley 163, con el que se pretende reformar a la CSS, sean tan masivas como las que acaecieron en el 2023 en contra de la minería. En aquel entonces los jóvenes tomaron las calles de la capital y otras ciudades, pero Stoute considera que hoy están más preocupados por conseguir trabajo que por una jubilación que perciben como inalcanzable.
El escenario post minería
A medida que el debate sobre las reformas a ley que rige el sistema de pensiones públicas avanza en la Asamblea Nacional, la discusión sobre la minería parece ir ganando fuerza.
De acuerdo con Quevedo, el cierre de la mina de cobre en Donoso y la sucesiva pérdida del grado de inversión produjeron la pérdida de “54, 107 empleos formales no agrícolas en 14 meses”, además de la “de $5, 100 millones de inversión privada”. Esto en el periodo comprendido entre la apertura de la mina y el cese de operaciones -2019-2024-. “La peor catástrofe laboral después de la pandemia”.
Instalaciones en Puerto Rincón, en la provincia de Colón. Foto: Archivo.
Además de los 5, 531 trabajadores directos que quedaron cesantes, se registraron pérdidas en empleos formales indirectos, en los sectores de la construcción, con 12, 701, industria inmobiliaria, con 4,393, actividades financieras, 6,021, etc.
Tras el cierre de la operación de Minera Panamá, varios ambientalistas situaron sus esperanzas en el potencial del sector turístico como una vía para mitigar los efectos económicos de la debacle minera. Sin embargo, Quevedo advierte que este sector hasta la fecha apenas ha generado 2,269 empleos formales y con bajos salarios. “No he visto ese deseo de crear nuevas avenidas que en el tiempo reemplacen a la mina”, sostiene Araúz.
Unidad frente a la convulsión
El panorama es complejo, como señala Stoute, dado que el Gobierno ha debido atender simultáneamente varias situaciones urgentes y complejas.
Para gestionar estos desafíos -y también de cara a los reclamos del presidente estadounidense Donald Trump- es necesario apelar a la unidad, lograr un consenso entre los diferentes sectores.
Según Araúz, el “factor Trump nos dispersa, desconecta y desilusiona” en medio de la planificación urgente que se requiere para la construcción de un embalse en Río Indio, cuyos fondos fueron aprobados recientemente por la junta directiva del Canal.
En la cuenca del Río Indio la ACP proyecta construir un reservorio. Foto: Archivo
Quevedo señala que los “slogans y consignas” de Trump enfiladas a Panamá y a su Canal añaden un “manto más de incertidumbre sobre un ya complicado panorama”.
Es una agenda retadora para el Gobierno, debilitado por la “fragilidad de las finanzas públicas”, con una inversión privada precaria y una capacidad de maniobra limitada. Y también para una sociedad a la que, de acuerdo con Araúz, se le “está deshaciendo la tela frente a nuestro ojos, de lo que creíamos que era el tejido panameño.
