El presidente electo Donald Trump ha planteado una reforma inédita en la estructura gubernamental de Estados Unidos, apostando por la intervención de dos figuras empresariales de renombre: Elon Musk y Vivek Ramaswamy. Bajo el título «Departamento de Eficiencia Gubernamental» o DOGE, esta nueva oficina tiene la misión de reducir la burocracia y el gasto federal. Trump asegura que se lograrán recortes de hasta 2 billones de dólares en el presupuesto, con fecha límite el 4 de julio de 2026, coincidiendo con el 250 aniversario de la independencia del país. ¿Será esta reforma un avance hacia la eficiencia o podría generar problemas éticos y legales por el protagonismo de intereses privados?
¿Qué es el Departamento de Eficiencia Gubernamental?
El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), anunciado por Trump como un esfuerzo inédito, tendrá como objetivo implementar una gestión empresarial en el gobierno. Elon Musk y Vivek Ramaswamy estarán a cargo de asesorar sobre esta «reestructuración» del aparato estatal, buscando recortar gastos, reducir la plantilla gubernamental y eliminar regulaciones que, en opinión de Musk, obstaculizan el desarrollo empresarial. A pesar de su nombre, el DOGE no forma parte formal de la estructura del gobierno; funcionará como un consejo de asesoramiento externo, lo que, según el comunicado de Trump, permitirá a Musk y Ramaswamy operar sin ser sujetos a restricciones o conflictos de intereses propios de los cargos públicos.
Durante una reciente presentación de resultados en Tesla, Musk sugirió que el DOGE podría facilitar la aprobación de vehículos autónomos, lo que aumentaría las ganancias de Tesla en un mercado altamente regulado.
Trump compara esta iniciativa con el Proyecto Manhattan de la Segunda Guerra Mundial, señalando su magnitud y ambición. Con una fecha límite en 2026, el plan contempla reformas radicales y, potencialmente, el despido de decenas de miles de empleados federales.
El rol de Elon Musk: el multimillonario bajo escrutinio
Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, fue uno de los mayores contribuyentes a la campaña de Trump, con una donación estimada de 200 millones de dólares a través de America PAC, una organización fundada por el propio Musk. Este apoyo financiero y público ha facilitado que Trump lo designe líder del DOGE. Musk, además, ha expresado frustración con las regulaciones federales que afectan a sus empresas, particularmente las de la Administración Federal de Aviación (FAA) y el Departamento del Interior, que retrasan las licencias de lanzamiento de SpaceX debido a estrictas revisiones ambientales. La sede de SpaceX en Texas, ubicada junto a una reserva de vida silvestre y un parque estatal, ha requerido extensas evaluaciones que han complicado los planes de Musk de lanzar misiones tripuladas a Marte.
Bajo el nuevo cargo, Musk supervisará los esfuerzos de reducción de regulaciones, incluidas aquellas que supervisan sus propios negocios. Actualmente, SpaceX y Tesla han recibido contratos federales por valor de más de 10 mil millones de dólares, mientras que Tesla alcanzó un valor de capitalización bursátil de un billón de dólares tras la victoria de Trump. Esto plantea serias dudas sobre posibles conflictos de interés, pues Musk podría aprovechar el DOGE para desregular sectores donde tiene intereses comerciales directos.
Vivek Ramaswamy y su visión de un gobierno “ligero”
Vivek Ramaswamy, un empresario de 39 años que anteriormente compitió con Trump en las primarias republicanas, se ha convertido en un ferviente defensor del mandatario electo. Durante su campaña, Ramaswamy abogó por recortes extremos en el gasto público, incluyendo la eliminación de agencias como el Departamento de Educación, el FBI y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) mediante órdenes ejecutivas, y una reducción del 75 % en el número de empleados federales. Aunque sus propuestas generaron críticas por su extremismo, Ramaswamy ha mantenido su posición de que un gobierno «esbelto» y eficiente es fundamental para impulsar la economía del país.
Trump ha señalado que las ideas de Ramaswamy son compatibles con su plan de reducir la burocracia. La eliminación de agencias federales, sin embargo, enfrentaría barreras legislativas y probablemente requeriría la aprobación del Congreso, especialmente si afecta instituciones de supervisión clave. Según algunos expertos, estas reformas podrían debilitar los sistemas de control en áreas cruciales como la educación y la seguridad nacional.
La política detrás de la eficiencia
La reforma propuesta por Trump no es nueva en la historia reciente de EE.UU. En 1993, el entonces presidente Bill Clinton lanzó un esfuerzo similar bajo el liderazgo de su vicepresidente, Al Gore, con la Asociación Nacional para Reinventar el Gobierno. Esta iniciativa buscó optimizar la burocracia, reduciendo gastos mediante la eliminación de programas redundantes y la consolidación de agencias. Sin embargo, el impacto fue moderado, ya que solo logró pequeñas reducciones en el tamaño de la plantilla y mejoró algunos procesos. La plantilla federal actual cuenta con aproximadamente tres millones de empleados, una cifra inferior al pico alcanzado a finales de los años 80.
En su primer mandato, Trump prometió «drenar el pantano» en Washington, pero los esfuerzos de reducción de burocracia fueron limitados. Ahora, respaldado por figuras como Musk y Ramaswamy, Trump parece decidido a renovar sus esfuerzos en esta dirección, esta vez buscando un enfoque empresarial con el que espera obtener resultados diferentes.
Impacto y desafíos éticos de la reforma propuesta
La estrecha relación entre Trump y Musk plantea un potencial conflicto de intereses. SpaceX y Tesla, empresas de Musk, no solo dependen de contratos federales, sino que están sujetas a regulaciones en sectores que van desde la tecnología aeroespacial hasta los vehículos eléctricos. Si Musk logra implementar cambios regulatorios a través del DOGE, podría beneficiarse directamente en estos mercados.
Bajo el nuevo cargo, Musk supervisará los esfuerzos de reducción de regulaciones, incluidas aquellas que supervisan sus propios negocios. Actualmente, SpaceX y Tesla han recibido contratos federales por valor de más de 10 mil millones de dólares
Asimismo, Musk ha declarado que el DOGE se asociará con la Casa Blanca y la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) para crear «transparencia total» en sus acciones, indicando que las reducciones de gasto se publicarán en Internet para escrutinio público. Aun así, sus críticos argumentan que esto podría no ser suficiente para mitigar la preocupación sobre su capacidad de influir en las agencias federales en beneficio propio. Durante una reciente presentación de resultados en Tesla, Musk sugirió que el DOGE podría facilitar la aprobación de vehículos autónomos, lo que aumentaría las ganancias de Tesla en un mercado altamente regulado.
Las acciones de Musk en la política no se han limitado a la gestión pública. Su reciente campaña en favor de Trump incluyó donaciones de hasta un millón de dólares a votantes registrados en estados clave, lo que derivó en una demanda por supuesta ilegalidad. Aunque esta fue desestimada, el episodio refleja el carácter controvertido de sus métodos de movilización política, que podrían influir en futuras reformas promovidas por el DOGE.
La ambiciosa reforma de Trump, de la mano de Musk y Ramaswamy, plantea una visión de gobierno austera y centrada en la eficiencia. Sin embargo, el diseño y la ejecución de esta propuesta suscitan dudas sobre la posibilidad de que se establezcan conflictos de interés, dado que ambos empresarios tienen intereses económicos en sectores regulados. En un contexto donde la política se entrelaza con los negocios, la propuesta de eficiencia podría transformarse en una herramienta que favorezca a ciertos grupos de poder, desviándose de su promesa inicial de servir a la nación en su conjunto. Con el DOGE, Trump, Musk y Ramaswamy no solo buscan cambiar el gobierno, sino también el debate sobre los límites entre el sector privado y el público en la administración federal de EE.UU.
