Actualmente, 18 países de América Latina contemplan en sus legislaciones la figura penal del feminicidio o femicidio, u “homicidio agravado por razones de género”
La región de América Latina y el Caribe enfrenta el desafío de reducir de forma sostenida la violencia feminicida y la violencia de género en general, a pesar de los avances logrados en las últimas décadas en términos de visibilización, medición y reconocimiento público de esta problemática.
De acuerdo a las últimas cifras recopiladas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en 2022 al menos 4.050 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 19 países de América Latina, mientras que en 7 países del Caribe se registraron 46 casos. Esto confirma la persistencia y gravedad de este flagelo en la región.
Si bien desde 2007 los gobiernos de América Latina y el Caribe vienen trabajando para tipificar y sancionar los feminicidios o femicidios a través de modificaciones a los códigos penales y leyes integrales contra la violencia de género, aún no se logra la meta de reducir sustantivamente estas cifras.
Entre los factores que inciden en esta situación se encuentran las dificultades para establecer una línea base comparable entre países y en las series históricas nacionales sobre la evolución del feminicidio en la región. Esto se debe a reformas legales recientes en varios países que alteran las definiciones o metodologías de registro, impidiendo la estricta comparabilidad entre períodos.
De los 18 países de América Latina que entregaron datos a la CEPAL entre 2019 y 2022, se observa que 12 de ellos (Uruguay, Paraguay, Colombia, Nicaragua, Perú, Brasil, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Chile, México y Argentina) han mantenido cifras estables de feminicidio, con pequeñas fluctuaciones entre años.
Otros países como Honduras, Puerto Rico y República Dominicana registran aumentos en el último cuatrienio. Honduras incluso alcanzó en 2022 la tasa más alta de la región, con 6 feminicidios por cada 100 mil mujeres. Mientras tanto, únicamente Guatemala, El Salvador y Bolivia evidencian una reducción sostenida de sus tasas de feminicidio desde 2019.
Esta situación pone de relieve el enorme reto que persiste para los Estados, pese a los avances observados en términos de mayor visibilización y medición del problema luego de años de silencio estadístico. También es cierto que los procesos de fortalecimiento de los sistemas de información y registro sobre violencia de género suelen demorar en mostrar una disminución real de los hechos de violencia feminicida.
Precisamente, otro desafío radica en la heterogeneidad de las definiciones legales de feminicidio vigentes en los países de la región, así como en los criterios para la producción de datos por parte de los diversos actores estatales involucrados.
La información disponible también resulta insuficiente para analizar aspectos cualitativos clave, como la existencia de denuncias previas contra el victimario o de medidas de protección activadas que permitan evaluar la respuesta institucional frente a situaciones de alto riesgo para las víctimas.
Solo 3 de 19 países de la región que informan sobre feminicidios a la CEPAL (Brasil, Argentina y Chile) cuentan con datos administrativos que den cuenta de la proporción de víctimas que habían realizado denuncias formales antes de ser asesinadas. Esta información es fundamental para mejorar los procedimientos y protocolos orientados a la valoración de riesgo y a la protección oportuna de posibles víctimas.
La CEPAL ha instado a los Estados de América Latina y el Caribe a seguir invirtiendo recursos en el fortalecimiento de los sistemas de prevención, valoración de riesgo y atención integral a las mujeres sobrevivientes de intentos de feminicidio o de otras formas de violencia basada en género.
Asimismo, la Comisión resalta la necesidad de avanzar en una transformación cultural que erradique los patrones patriarcales discriminatorios y violentos que obstaculizan el camino hacia la igualdad de género señalado en los Acuerdos de la Conferencia Regional sobre la Mujer.
El desafío de cuantificar y caracterizar el feminicidio en América Latina y el Caribe
La medición del feminicidio y otras formas de violencia letal contra las mujeres ha mejorado en las últimas décadas en América Latina y el Caribe, pero persisten brechas de información y comparabilidad entre países.
Tras décadas de silencio estadístico, desde 2007 los gobiernos de la región se abocaron a tipificar y medir los feminicidios o femicidios mediante reformas legales y mejoras en el registro administrativo de denuncias vinculadas a la violencia de género y los homicidios de mujeres.
Actualmente, 18 países de América Latina contemplan en sus legislaciones la figura penal del feminicidio o femicidio, u “homicidio agravado por razones de género”. El reto reside ahora en traducir el reconocimiento jurídico y político del problema en una reducción sostenida de los casos registrados por las instituciones estatales.
Si bien las cifras de feminicidio comunicadas por los países al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL dan cuenta de la persistencia de miles de muertes anuales de mujeres por motivos de género en la región, existen dificultades para construir series históricas comparables que permitan analizar la evolución real de este flagelo.
Estas dificultades se relacionan con los cambios recientes en las definiciones legales, las reformas institucionales en curso para mejorar el registro y seguimiento de los casos por parte de la policía, el sistema judicial y otras agencias estatales, así como la falta de interoperabilidad entre las distintas bases de datos que actualmente funcionan en forma fragmentada dentro de cada país.
Por ejemplo, las correcciones en la contabilización de los casos ocurridos en años previos en Argentina y Perú, así como el cambio de fuente de información en Brasil, alteraron de forma significativa las series históricas nacionales entre 2014 y 2022, impidiendo establecer comparaciones estrictas o tendencias claras en ese periodo.
Asimismo, la tipificación del feminicidio como un crimen restringido al ámbito de las relaciones de pareja en algunos países también constituye un factor que subestima la cantidad real de muertes de mujeres por razones de género en esas naciones.
Esfuerzos regionales para mejorar la caracterización del fenómeno
Pese a estos desafíos, América Latina y el Caribe es la única región del mundo que cuenta con un indicador complementario sobre “tasa de feminicidios o femicidios por cada 100 mil mujeres” como parte del seguimiento regional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Impulsada por los Gobiernos de la región en el marco de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, la incorporación de este indicador busca mejorar la comparabilidad regional del fenómeno de la violencia feminicida más allá de las especificidades legales existentes en cada país.
Asimismo, el Observatorio de Igualdad de Género que la CEPAL pone a disposición de los países constituye una plataforma única a nivel mundial para el monitoreo de las distintas formas de violencia contra las mujeres, incluido el feminicidio.
Gracias a la información oficial reportada por los mecanismos nacionales de la mujer al Observatorio, fue posible constatar que al menos 4.050 mujeres fueron víctimas de feminicidio en América Latina durante 2022. De ellas, más del 70% tenían entre 15 y 44 años al momento de ser asesinadas.
Más allá de las estadísticas, sin embargo, es clave avanzar en la construcción de sistemas de información específicos sobre violencia de género que permitan analizar cualitativamente las múltiples aristas del problema a escala regional.
Entre otros aspectos, se requiere mayor información sobre la existencia de denuncias previas y medidas de protección pendientes, los procesos de valoración de riesgo y las respuestas activadas por parte de las instituciones a cargo de proteger a las víctimas de violencia basada en género. Todo esto permitiría dotar de mayor inteligencia a las políticas orientadas a la prevención de este flagelo regional.
