Una nueva rueda de prensa ofrecida por Ministros de Estado dejó saber algunas posiciones relacionadas con los acontecimientos que se han venido sucediendo en el país, en contra de la Ley 406, que contiene el contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá.
Por una parte, la ministra de Educación, Maruja de Villalobos, anunció la retención y suspensión del pago de la segunda quincena del mes de noviembre a aquellos docentes que no han acudido en este período a impartir clases.
La Ministra enfatizó que se tiene la información relacionada con la asistencia de estos educadores que laboran tanto en los colegios públicos como en los privados; a este último grupo, se les aplicará el descuento correspondientes.
Indicó que el 100% de los colegios particulares, tanto en el nivel primario como de premedia y media, «continúan laborando con normalidad».
La titular de Educación aseguró que el Ministerio está en la capacidad de aplicar todos los recursos administrativos con los que se cuenta para que se proceda con la suspensión del pago de esta segunda quincena del mes de noviembre, aplicable a aquellos docentes que no acudan a sus puestos de trabajo.
«Quiero señalar que con las solicitudes al retorno y aquellos que no han cumplido se procederá a tomar las acciones administrativas y retener el pago de la segunda quincena de noviembre», recalcó la Ministra.
En otro aspecto, se pudo conocer la opinión del Procurador de la Administración acerca de una petición hecha por grupos organizados el pasado 9 de noviembre, en la cual solicitaban la derogatoria de la Ley 406; la cual advierte que no se puede derogar la citada norma mediante otra aprobada en la Asamblea Nacional.
El ministro de Gobierno, Roger Tejada, quien leyó la opinión del procurador Rigoberto González, destacó que en opinión del jurista, derogar la Ley 406 «excedería los límites de la función legislativa atribuida a la Asamblea Nacional de Diputados por el numeral 15, artículo 159 de la Constitución Política».
En opinión del Procurador de la Administración, «no es jurídicamente viable» la petición de grupos como el Suntracs, que exigen la convocatoria a sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional, para derogar la Ley 406.
