A pesar que el 28 de julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la Resolución 64/292, reconoció explícitamente como un derecho humano el acceso al agua potable limpia, el mundo está aún lejos de materializar tal mandato. Cerca de 2 mil millones de personal alrededor del mundo carecen de agua potable y se prevé que la población sin acceso al líquido se duplique pasando de 930 millones en 2016 a unos mil 700 o 2 mil 400 millones en el 2050.
En el país, desde principios de marzo pasado, agobiados por la falta de agua, los habitantes de diversas comunidades manifiestan su descontento cerrando las calles y obstaculizando el tránsito, hartos de la indiferencia de las autoridades cuya única respuesta ante el problema es o el carro cisterna o sectorizar el suministro, lo que implica largos períodos de tiempo sin el líquido. La exigencia de un suministro las 24 horas del día, los siete días de la semana, es el grito que se repite en todas las protestas que semana tras semana surgen en distintos puntos del país ante la ineficiencia de funcionarios que han demostrado con creces su incapacidad para generar soluciones. El fracaso es absoluto en todos los niveles de mando de la institución encargada de cumplir con lo establecido por la ONU: el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico.
Ante tan descomunal incapacidad, las autoridades pertinentes deberían asumir el único gesto responsable y digno que les queda: ¡renunciar!
