Todos estamos de acuerdo en que la deforestación masiva es un desastre ambiental. ¿Quién no recuerda las imágenes el año pasado sobre los incendios que asolaron la selva amazónica de Brasil o las noticias acerca de la tala indiscriminada en Darién donde ningún funcionario se atreve a poner coto al asunto?
Las selvas tropicales albergan aproximadamente el 20% de todas las especies del planeta y sus áreas se han reducido en casi un 25% en el último siglo. Me pregunto qué pasaría con el medio ambiente global si nos despertamos mañana y el Amazonas se ha ido. Si tomamos las 100 mil millones de toneladas de carbono almacenadas en los árboles del Amazonas, se irían a la atmósfera aproximadamente 400 mil millones de toneladas de CO2. Y eso equivale a 10 años de emisiones globales de CO2 de toda la humanidad.
Cualquier discusión económica sobre la deforestación en el Amazonas o en Darién tiene que comenzar con el hecho de que la cantidad de carbono almacenado en esos bosques es realmente inmensa. Y su destrucción echaría a tierra todo lo que la sociedad ha estado haciendo para reducir las emisiones.
Aunque no atrajo mucha atención internacional, entre 1970 y 2005, Brasil y Panamá parecían estar haciendo todo lo posible para destruir sus bosques. Casi una quinta parte de la Amazonía brasileña y una cuarta parte del Darién fueron deforestadas durante ese período. Pero en Brasil, en la década de 2000 y bajo la dirección del presidente Lula da Silva, las cosas empezaron a mejorar. En 2005 se lanzó un programa estratégico para controlar básicamente la deforestación que consistía en operativos contra operadores ilegales. Cientos de personas fueron encarceladas, incluidos funcionarios gubernamentales, se impusieron multas y suspendieron acceso al crédito agrícola en los condados que estaban en la lista negra debido a sus altas tasas de deforestación. Para 2012, la deforestación había disminuido casi un 80% en toda la Amazonía brasileña. Éxito fenomenal.
Lo que hizo Bolsonaro cuando asumió el cargo en 2019 fue cumplir con sus promesas de campaña de reducir las protecciones y regulaciones implementadas en 2005. La deforestación ahora está en aumento. El año pasado, hubo un aumento del 30% con respecto al año anterior y todo indica que está creciendo. De hecho, el New York Times informó recientemente que la deforestación entre enero y abril de 2020 fue un 55% mayor que en el mismo período en 2019. El Covid-19 parece estar contribuyendo al aumento, con los esfuerzos de aplicación de la ley obstaculizados por la pandemia. La comunidad internacional ha condenado el retroceso de las protecciones, y países como Alemania y Noruega incluso han recortado los pagos de ayuda a Brasil.
Es fácil comprender la reacción, pero es igualmente fácil comprender por qué la gente tala el bosque. Las regiones del Amazonas y Darién se encuentran entre las más pobres de sus países. La tierra despejada proporciona un beneficio económico inmediato al propietario. La tierra se deforesta para una variedad de usos, pero domina una industria en particular: la ganadería. Aproximadamente el 70% de la tierra despejada del Amazonas es pasto para ganado. Ahora hay 75 millones de reses en el Amazonas, aunque no es un lugar bueno para criar ganado ni está cerca de los lugares donde la gente quiere comer carne.
La productividad de la ganadería en esos lugares es notoriamente baja. Deforestar para criar ganado es un ejemplo de una real falla del mercado, donde la gente convierte un bosque de 300 toneladas con 200 especies diferentes de árboles y toneladas de otras especies desconocidas para un pasto de ganado débil que le rendirá tal vez 80 o 100 libras de carne de res al año. Es una de las peores compensaciones del mundo.
Si bien las noticias el año pasado de los incendios del Amazonas parecían sugerir que eran incendios forestales, un fenómeno de la naturaleza, eso no es lo que realmente sucedió. En primer lugar, los incendios fueron en secciones del bosque donde primero se cortaron con motosierras y luego se prendieron fuego intencionalmente para despejar la tierra para el ganado. Para muchos, la reacción natural fue protestar, moralizar y culpar al gobierno brasileño. Todas esas son reacciones razonables. Pero, el hecho es que las personas que queman son en su mayoría personas decentes que intentan ganarse la vida, respondiendo a los incentivos que se les dan. Si queremos resolver el problema, debemos cambiar esos incentivos.
Cuando estuvimos en la CLICAC en los años 90, aprendimos que si tu trabajo es crear regulaciones económicas, el truco es hacerlas a través de un análisis de costo-beneficio. Y cualquier regulación que reduzca el carbono, debe incluir los costos que se puedan medir en dólares y algunos beneficios que se puedan medir en CO2. Entonces, la idea es llegar a una métrica que refleje el costo social del carbono para cualquier lugar o país, de manera que se puedan monetizar los daños de la liberación de una tonelada adicional de CO2. Teniendo en cuenta todas estas variables, el estimado del costo social del carbono en Panamá es de aproximadamente $50 por tonelada de CO2. Es decir, si el hombre, la mujer y el niño promedio en Panamá emiten alrededor de 8 toneladas métricas de CO2 por año, entonces esa persona promedio está haciendo alrededor de $ 400 en daños climáticos por año.
Todos esperamos que poner un precio al carbono conduzca a una política más reflexiva, aunque esto no ha tenido un éxito del 100%. Porque cuando le dices a una persona que debe usar menos carbono, lo que hacemos es convertir el tema en una cuestión moral. Y una vez que es un problema moral, son aguas muy turbias como en el caso de la provincia de Bihar en India, donde tienen un consumo per cápita de electricidad de 300 kilovatios hora por persona al año. Es como encender dos bombillas de 60 vatios ocho horas al día. En Panamá, el consumo es 1,400 kilovatios hora por persona por año, con lo cual si realmente queremos hablar de moral, pensemos en Bihar. O también pensemos en Darién o en Brasil donde el agricultor pobre no entiende de moralidad sino de supervivencia. Una hectárea de tierra despejada para la cría de ganado en Darién se vende por menos de $1,500. Con un costo social del carbono de $50 por tonelada de CO2 y las mejores estimaciones actuales del carbono almacenado en Darién, cada hectárea de tierra preservada como bosque tiene un valor de más de $30 mil basándose únicamente en el carbono. Eso ni siquiera valora la biodiversidad o el turismo. Cuando la tierra vale casi 20 veces más como bosque pero al final se prefiere talar para criar ganado, entonces allí está la definición absoluta de una falla del mercado.
Costa Rica fue el primer país en 1996 que llegó a la conclusión de que una forma barata y eficaz de preservar un ecosistema amenazado era simplemente pagar o crear incentivos. Los ticos tenían una tasa de deforestación de más del 4% anual a través de los bancos multilaterales de desarrollo, lo que realmente incentivaba la conversión de bosques en tierras de cultivo y pastizales. Entonces, reconociendo todo eso, los líderes en Costa Rica decidieron poner precio a la selva tropical. Y lo que lanzaron fue un sistema de pago en el que dijeron que si usted protege o restaura la selva tropical en su propiedad, el Estado le paga. Y los pagos fueron bastante bajos, unos $50 por hectárea al año. Pero es pago fue suficiente para realmente frenar y revertir las tasas de deforestación.
Entonces, ¿qué debemos hacer con el Darién y el Amazonas? Poner fin a la deforestación mediante incentivos. Una dimensión de la solución es pagar a todos esos terratenientes por las ganancias perdidas de convertir los bosques en ganado. Y la clave sería tener sobre la mesa una propuesta financiera real que compense a los agricultores y compense al país. Porque cuando los agricultores en Darién y Brasil dejan de cultivar, son los agricultores estadounidenses o europeos los que se benefician. Eso es oferta y demanda en acción. Y eso tiene un precio.
Por eso, ese precio o es costo de oportunidad debe ser pagado por alguien, y ese alguien se refiere a aquellos que tienen los fondos o las fuentes de financiación necesarias para ello. Se estima un costo de $120 por hectárea de selva, la cual desde una perspectiva puramente económica, tanto Panamá como Brasil deberían estar dispuesto a detener la deforestación y las naciones ricas del mundo deberían estar dispuestas a pagar.
Todos los ciudadanos del mundo deberían invertir en salvar los bosques. Económicamente, tiene sentido. Nuestra preocupación es si podemos hacer esto lo suficientemente rápido como para que tenga sentido ambiental también. Puede que nunca vayamos al Ártico y veamos un oso polar, y puede que nunca vayamos al Darién y veamos un águila arpía, pero mucha gente se siente bien de que existan. Y no es solo que nos sintamos bien, sino de estar dispuesto a pagar algo por ello. El valor de preservar el tapón del Darién y la selva del Amazonas es lo suficientemente grande como para que sea fácil pagar a los ganaderos y aún así preservar sus bosques.
El autor es empresario
