Aldo López Tirone no es un desconocido para la justicia panameña. Su historial de problemas legales se remonta a más de dos décadas atrás
De Marruecos a Panamá: Cómo la manipulación mediática es utilizada para el chantaje y la presión política en la era digital, la información se ha convertido en un arma de doble filo. Mientras que las redes sociales han permitido la democratización del acceso a la información, también han abierto la puerta a un fenómeno alarmante: la fabricación de escándalos con fines de extorsión y manipulación política. Uno de los casos más emblemáticos de esta práctica ocurrió en Marruecos, donde el periodista Taoufik Bouachrine fue condenado en 2019 a 15 años de prisión por múltiples delitos, entre ellos, el uso de su medio de comunicación para chantajear a empresarios y políticos. Bouachrine se dedicaba a publicar contenido difamatorio contra figuras prominentes y luego negociaba su eliminación a cambio de grandes sumas de dinero. (Le Monde)
En Francia, un caso similar involucró al abogado y activista político Juan Branco, conocido por sus posturas contra el gobierno de Emmanuel Macron. Branco había utilizado su plataforma digital para difundir información controvertida y manipulada con la intención de presionar a funcionarios públicos y obtener concesiones políticas. (The Guardian). En Panamá, este fenómeno ha encontrado un representante en Aldo López Tirone, un empresario y expolítico que ha estado en el centro de múltiples controversias legales.
Aldo López Tirone no es un desconocido para la justicia panameña. Su historial de problemas legales se remonta a más de dos décadas atrás. En el año 2000, el Juzgado Sexto Penal de Panamá lo condenó a 46 meses de prisión por falsificación de tarjetas de crédito y documentos. Según la investigación, utilizó información fraudulenta para realizar transacciones bancarias ilícitas en perjuicio del Banco Comercial de Panamá y la Dirección Nacional de Migración. (Panamá América).
En 2016, su nombre volvió a los titulares cuando la Fiscalía Auxiliar ordenó su detención por su presunta participación en un caso de extorsión contra Emmanuel González Revilla, entonces embajador de Panamá en Estados Unidos. La denuncia señalaba que López Tirone había solicitado dinero a cambio de no divulgar información comprometedora sobre un familiar del diplomático.
En 2017, fue condenado por este caso, aunque su pena fue conmutada por una multa. (Prensa.com) En 2019, un tribunal panameño ordenó su arresto tras ser señalado en una estafa de $50,000, en la que ofreció a inversionistas una participación en una flota de taxis inexistente. Los cheques entregados como parte de las supuestas ganancias carecían de fondos, y la sociedad que utilizó no tenía vehículos registrados. (Prensa.com)
En 2023, su nombre resurgió en una nueva controversia cuando diversas fuentes lo señalaron por utilizar redes sociales para fabricar crisis mediáticas y presionar a empresarios y figuras políticas. Según testimonios recabados por La Estrella de Panamá, López Tirone habría ofrecido retirar publicaciones difamatorias a cambio de beneficios económicos. (La Estrella de Panamá)
El método sigue el mismo patrón que los casos internacionales mencionados:
1. Creación de una crisis artifícialo a través de redes sociales, inicia campañas de «denuncia» utilizando videos editados, documentos manipulados o información sacada de contexto. Genera una ola de indignación pública, logrando que medios alternativos y figuras influyentes amplifiquen el mensaje sin verificar su veracidad.
2. Presión y negociación o cuando la crisis ha alcanzado suficiente notoriedad, se contacta con la víctima para «negociar» la eliminación del contenido a cambio de beneficios económicos o políticos.
3. Silencio o escalamiento. Si la víctima accede, la campaña desaparece repentinamente o si se resiste, la presión aumenta con nuevas «revelaciones» o publicaciones más agresivas.
El caso es solo un reflejo de un problema más grande: el auge de la desinformación como herramienta de chantaje en la era digital. Sin mecanismos efectivos de verificación y sanción, la opinión pública seguirá siendo manipulada, y la reputación de individuos y empresas quedará a merced de quienes ven en la crisis un negocio lucrativo.
Si Panamá quiere proteger su democracia y su integridad informativa, debe tomar medidas concretas. La regulación, la educación mediática y la acción legal son los únicos antídotos contra esta nueva forma de extorsión digital.
