Según el reporte, la confidencialidad exime a los juristas de la obligación de ‘reportar transacciones sospechosas’
Panamá es uno de 24 países que presentan “lagunas” en su marco de prevención de lavado de activos a través del negocio de bienes raíces. Así lo destaca el informe “Índice de Opacidad en la Propiedad de Bienes Raíces”, elaborado por Transparencia Internacional (TI) y Anti-Corruption Data Collective.
El documento advierte que las normas de confidencialidad en países como Panamá, Brasil y Canadá permiten a los abogados presentar informes de “transacciones sospechosas” mientras “facilitan las transacciones de bienes raíces de parte de clientes de alto riesgo”.
En cuanto a las reformas legales acometidas para desembarazarse del escrutinio por parte de organismos internacionales, el reporte subraya las modificaciones que Panamá, Sudáfrica y Emiratos Árabes Unidos han implementado en sus marcos jurídicos.
Panamá, junto a Argentina, Alemania y Sudáfrica, es uno de los “pocos países que recolecta alguna información de los intermediarios”. Si bien “registran datos acerca de los notarios y abogados involucrados” tienden a “pasar por alto a los agentes o corredores de bienes raíces”.
En lo que respecta a la información sobre propietarios o beneficiarios finales, el informe señala que en jurisdicciones como Panamá, India y China “no es posible recuperar información sobre el propietario legal y los accionistas”.
Asimismo, en el caso de “Panamá y la mayoría de los condados evaluados en los Estados Unidos, consultar los registros es gratis y las autoridades solo cobran por copias certificadas”.
