Jaime A. Jácome de la Guardia. Abogado
Ahora que algunos hablan de la solidaridad necesaria en el sistema de pensiones, veo oportuno dejar mi punto de vista, obviamente con el respeto que me merecen todas las demás opiniones.
La solidaridad es la voluntad de alguien en beneficio de otro con una necesidad. La RAE la define como “la adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros” y la doctrina social de la iglesia la solidaridad como sinónimo de igualdad, fraternidad, ayuda mutua, en un todo unido a los conceptos de responsabilidad, generosidad, desprendimiento, cooperación y participación.
En estos dos conceptos hay una diferencia sustancial: la RAE dice que la solidaridad es voluntaria, mientras que la Iglesia parece más identificarla como una responsabilidad social.
Siendo así, ¿quién sería el sujeto activo de la solidaridad, el ciudadano o el Gobierno? A mi juicio, ni el Gobierno ni los gobernantes pueden ser solidarios, pues no tienen con qué serlo, pues el gobierno no produce riqueza, sólo administra la riqueza que por virtud de los impuestos que recauda y los servicios que presta, recibe de las personas.
En esa administración el gobierno debe procurar el bienestar social de muchas maneras, brindando salud, educación, seguridad, justicia, infraestructura, etc., y también asistencia a quienes, en razón de la edad o condición de salud, no tienen la capacidad de darse una vida digna.
En nuestro sistema de pensiones siempre ha existido un alto nivel de solidaridad y el proyecto de ley mantiene esa solidaridad vigente. Si no fuera así, simplemente no tendría sentido la reforma y simplemente dejemos al ciudadano con las opciones de los fondos de pensiones que existen. Privados como Profuturo y Progreso, y público como el SIACAP. En estos sistemas, la persona recibe el monto de su ahorro con el rendimiento generado por el administrador. Nadie ha planteado semejante cosa.
Si no existiera la solidaridad y el Estado decidiera que el gobierno debe asegurar una jubilación a todos, entonces para que sirve la Caja del Seguro Social; simplemente calculemos cuánto necesita una persona para vivir dignamente después de determinada edad y que el gobierno recaude, a través de algún impuesto, esa suma y que la entregue a cada ciudadano. Sería interesante conocer un cálculo al respecto para saber cuánto dinero sería necesario.
Por ejemplo: A partir del 2030 no existirá más el programa de pensiones de la CSS, todos los hombres mayores de 65 y mujeres de 62 recibirán una pensión qué será pagada por el Gobierno Central de B/.800.00.
La solidaridad es la voluntad de alguien en beneficio de otro con una necesidad. La RAE la define como “la adhesión circunstancial a la causa o a la empresa de otros”
En consecuencia, nadie, ni trabajador ni empleador, pagarán más cuotas a la seguridad social. Esto se financiará con el incremento del ITBMS hasta la suma que signifique el aporte a las pensiones.
Todos los servicios de salud serán asumidos por el Ministerio de Salud y todo el patrimonio de la Caja de Seguro Social pasará al MINSA. Pero nadie ha propuesto esto.
Cuando el gobierno reconoce que debe aportar, además de la cuota como empleador, una suma anual de más de mil millones de dólares para cubrir el déficit actuarial del sistema de pensiones, está reconociendo un hecho incuestionable y es que como está el sistema actualmente, financieramente no es sostenible. En este escenario el gobierno no está actuando solidariamente, sino responsablemente, y los solidarios seríamos los contribuyentes que aceptamos pagar el impuesto.
Tal vez lo fuera si tuviésemos moneda propia y pudiéramos cubrir el déficit con emisión de moneda; pero, evidentemente, eso causaría la inflación que hoy tienen muchos vecinos latinoamericanos, pero eso no es posible, aquí hay que pagar las pensiones en dólares.
No es solidario el gobierno cuando está dispuesto a destinar miles de millones a las pensiones, restando esos recursos de otras inversiones igualmente importantes, repito, el solidario es el contribuyente, el que alimenta las arcas del Estado con sus impuestos.
Que el gobierno debe asumir el costo, sin variar las paramétricas y sin aumentar los impuestos ESO SÍ ES NO SER SOLIDARIO, porque se está diciendo que los que reclaman educación, salud, vivienda, agua, caminos, seguridad, etc., etc., tienen menos derechos que los pensionados.
Quienes arguyen a encíclicas y doctrinas religiosas, deben recordar las palabras de la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré, y no des peces, enseña a pescar. Estos mensajes categóricos implican que el ciudadano debe hacer lo posible para no necesitar, o necesitar lo menos posible, de la solidaridad de terceros.
Se habla mucho de la evasión en las cuotas como si fuera el gran pecado de la empresa, pero yo pregunto, ¿quién evade más, el empresario que tiene una planilla y es perseguido civil y penalmente cuando evade, o el micro empresario, o los “emprendedores” que no cotizan, que no declaran ingresos, que no ejercen su actividad con aviso de operación, que no llevan contabilidad, que no pagan impuestos?
A esos ciudadanos nadie les exige solidaridad, a la empresa privada, sí. Ellos y el gobierno deben poner lo que sea necesario para mantener la edad, las cuotas, y los montos. Me parece injusto.
¿Y los 144 a los 75? También se critica la propuesta de pasar este “subsidio” a la CSS, sin reconocer que lo que se busca es simplemente sacar esa responsabilidad del MIDES, y pasarla con sus recursos a la CSS, como una medida de mejorar la administración, eliminando la duplicidad de funciones y generando ahorros. Creo que se trata de otra critica obstinada.
Hay, sin duda, aspectos que no me gustan y deben ser corregidos, y espero seguir aportando, pero veo en el debate demasiada descalificación infundada. Ojalá esto cambie y podamos llegar a los consensos que nos permitan dar sostenibilidad a nuestro sistema de pensiones a largo plazo, sin llegar a conflictos sociales y seguir construyendo la prosperidad que todos anhelamos.