El decreto de Milei tiene implicaciones directas para el trabajo periodístico y la capacidad de los ciudadanos de acceder a información sobre el funcionamiento del gobierno
En un movimiento que ha generado una ola de críticas de organizaciones civiles, periodistas y expertos en transparencia, el presidente argentino Javier Milei ha emitido un decreto que modifica sustancialmente la Ley de Acceso a la Información Pública. Esta decisión, que se enmarca en lo que muchos consideran una «guerra» del mandatario contra el periodismo, plantea serias preocupaciones sobre el futuro de la transparencia gubernamental y la libertad de prensa en Argentina.
El decreto 780/2024: limitando el acceso a la información
El decreto presidencial 780/2024, publicado el lunes 2 de septiembre en el Boletín Oficial, introduce cambios significativos en la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública. Entre las modificaciones más controvertidas se encuentran:
- La redefinición de lo que se considera «información pública», excluyendo datos de naturaleza privada.
- La prohibición de difundir «deliberaciones preparatorias, papeles de trabajo o exámenes preliminares» sobre actos de gobierno.
- La extensión del período de blindaje para datos confidenciales o secretos de Estado a 10 años.
- La protección del secreto financiero y datos manejados por el Banco Central.
- La ampliación de las excepciones que permiten al Estado negar información solicitada.
Estos cambios otorgan a los funcionarios públicos un mayor poder discrecional para determinar qué información se considera de interés público y cuál queda en la esfera privada.
Reacciones y críticas
La medida fue recibida con fuertes críticas por parte de diversos sectores de la sociedad argentina y sigue generando controversias en el debate público. Más de 60 organizaciones de la sociedad civil emitieron un comunicado conjunto advirtiendo que el decreto debilita los estándares internacionales de derechos humanos y de lucha contra la corrupción.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) ha señalado que la nueva normativa podría ser inconstitucional, argumentando que la extensión del secreto «más allá de lo excepcionalmente necesario precipita a una pendiente que imposibilita hacer efectiva la responsabilidad pública de las autoridades».
Eugenia Braguinsky, exdirectora de la Oficina de Acceso a la Información Pública, califica el decreto como una «restricción muy fuerte» que «cambia el espíritu de la norma y vuelve de manera discrecional la entrega de información».
Implicaciones para el periodismo y la transparencia
El decreto de Milei tiene implicaciones directas para el trabajo periodístico y la capacidad de los ciudadanos de acceder a información sobre el funcionamiento del gobierno. Artur Romeu, director de la Oficina de Reporteros sin Fronteras para América Latina, advierte que esta medida representa «un paso atrás para la cultura democrática y el acceso a la información en América Latina».
La restricción del acceso a la información pública limita la capacidad de los periodistas y ciudadanos de investigar y reportar sobre asuntos de interés público. Por ejemplo, bajo las nuevas reglas, podría ser más difícil obtener información sobre visitas a la residencia presidencial o gastos relacionados con las actividades del presidente, como ha ocurrido en el pasado con casos que generaron escándalos políticos.
El contexto: la relación de Milei con la prensa
La decisión de Milei se enmarca en un contexto de creciente tensión entre el presidente y los medios de comunicación. Desde que asumió el cargo, Milei ha acusado repetidamente a la prensa de mentir sobre su gobierno y de usar la información con fines extorsivos. Ha llamado a los periodistas «mentirosos», «corruptos», «esbirros» y «extorsionadores», e incluso ha señalado públicamente a aquellos que lo critican.
El presidente ha evitado realizar ruedas de prensa y ha expresado su preferencia por comunicarse directamente a través de las redes sociales, argumentando que estas plataformas «democratizan» la comunicación.
Comparación internacional y precedentes
La restricción del acceso a la información pública no es un fenómeno exclusivo de Argentina. Artur Romeu de Reporteros Sin Fronteras señala que el expresidente brasileño Jair Bolsonaro intentó implementar medidas similares durante su mandato. Estos casos forman parte de una tendencia preocupante en América Latina, donde algunos gobiernos buscan limitar el acceso a la información como medio para controlar la narrativa pública y reducir el escrutinio de sus acciones.
Consecuencias potenciales
Las consecuencias de esta medida podrían ser de largo alcance para la democracia argentina:
- Reducción de la transparencia gubernamental: al limitar el acceso a la información, se dificulta el escrutinio público de las acciones del gobierno.
- Obstaculización del periodismo de investigación: los periodistas tendrán mayores dificultades para acceder a información crucial para sus investigaciones.
- Debilitamiento de la rendición de cuentas: con menos información disponible, será más difícil para los ciudadanos y las instituciones de control exigir responsabilidades a los funcionarios públicos.
- Potencial aumento de la corrupción: la falta de transparencia puede crear un ambiente propicio para prácticas corruptas.
- Erosión de la confianza pública: la percepción de secretismo gubernamental puede socavar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
El decreto 780/2024 de Javier Milei representa un retroceso significativo en materia de transparencia y acceso a la información en Argentina. Al restringir el acceso a datos públicos y ampliar la discrecionalidad de los funcionarios para negar información, el gobierno argentino no solo dificulta la labor periodística, sino que también limita el derecho de los ciudadanos a estar informados sobre las acciones de sus representantes.
Esta medida plantea serias preocupaciones sobre el compromiso del gobierno de Milei con los principios democráticos de transparencia y rendición de cuentas. A medida que la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos continúan expresando su oposición, queda por ver cómo evolucionará esta situación y qué impacto tendrá en el largo plazo sobre la calidad de la democracia argentina.
En un momento en que la confianza en las instituciones públicas es crucial, decisiones como esta pueden tener consecuencias duraderas que van más allá del mandato de un solo presidente. El desafío para la sociedad argentina será encontrar formas de preservar y defender el derecho a la información, un pilar fundamental de cualquier democracia funcional.
