La comisión legislativa de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional prohijó cuatro anteproyectos de ley, uno de ellos, proponiendo que no se entreguen liquidaciones a funcionarios de alto perfil de empresas estatales, una vez culminen su relación laboral.

La iniciativa, que podría ser debatida en primera instancia en la próxima sesión de esta comisión, establece normas referentes a las convenciones colectivas de trabajo que se realicen en las empresas estatales, y en las que se produzca contratación de personal no contemplado en la relación contractual con los trabajadores regulares.

De ser aprobada en primer debate, el Gerente General y la Junta Directiva de empresas como Etesa, Tocumen, S.A. y la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) quedarán excluidos de las convenciones colectivas de trabajo, así como los cargos de alta gerencia, que se consideren como «cargos de confianza».

Otras tres iniciativas fueron prohijadas por los comisionados, para su futura discusión en primer debate; una de ellas, tiene como objetivo establecer una normativa clara y precisa que impida a los cargos de alta gerencia aprovecharse de los beneficios de los trabajadores, obtenidos a través de las convenciones colectivas.

Según la proponente y presidenta de la instancia legislativa, diputada Ariana Coba Martínez, este documento es de vital importancia, toda vez que se reglamentan las condiciones laborales del empleado a su terminación de la relación laboral.

De igual manera, los comisionados avalaron el anteproyecto de ley que modifica artículos de la ley sobre sociedades de emprendimiento y fortalece el apoyo a los microemprendedores, propuesto por el diputado Francisco Brea.

Las reformas propuestas en esta iniciativa se centran en ampliar la flexibilidad y los beneficios de ley, así como facilitar la formación y el crecimiento de nuevas empresas; también, promoverán un entorno más inclusivo y dinámico para el desarrollo de la actividad empresarial en nuestro país.

Los parlamentarios, además, prohijaron el anteproyecto de ley, propuesto por el diputado Raúl Pineda, relacionado con la protección al consumidor y defensa de la competencia, cuyo objetivo es ampliar la responsabilidad de la garantía legal ante los consumidores, para que esta recaiga en los fabricantes que tengan oficinas en el territorio nacional y proveedores.

También, fue prohijado el anteproyecto de ley que regula la producción, comercialización y exportación del cáñamo en la República de Panamá, propuesto por Carlos Saldaña.

La iniciativa busca regular el manejo en general de las actividades de siembra, cultivo, cosecha, transformación, exportación, almacenamiento, transporte, comercialización, distribución, uso y posesión de la semilla de cannabis industrial.

Por unanimidad, la comisión decidió citar al gerente general de la Zona Franca del Barú, Heriberto Guerra Vázquez, para responder un cuestionario relacionado con el desarrollo de la zona, en los últimos años.