En la rutina noticiosa de Panamá, dos hechos recientes ilustran el prolongado desempeño deficiente de entidades estatales, reflejando una cultura de incapacidad que parece endémica en el aparato gubernamental. Primeramente, la disminución de la capacidad operativa de la potabilizadora de Chilibre, que ahora funciona al 80% de su capacidad, destaca no solo la vulnerabilidad de infraestructuras críticas, sino también la gestión ineficaz ante problemas previsibles. Este problema no es menor, considerando la importancia del agua potable para la salud y el bienestar de la población.
Adicionalmente, las recientes lluvias han causado la suspensión de servicios en la policlínica de la Caja de Seguro Social (CSS) en San Francisco, evidenciando una falta de preparación adecuada para eventos climáticos que son habituales en la región. Este tipo de interrupciones en servicios esenciales resalta una falta de previsión institucional, que debilita la confianza pública y afecta directamente la calidad de vida de los ciudadanos.
Ambas situaciones, en conjunción con renovaciones estructurales que prometían mejoras que no se materializan, pintan un panorama de ineficiencia y desinterés gubernamental. Este escenario se replica en varias instituciones estatales donde las excusas son frecuentes y la excelencia en el servicio parece una utopía inalcanzable.
Con las elecciones próximas, es imperativo que los ciudadanos reconozcan que la responsabilidad primordial de los funcionarios es servir eficazmente al país. La exigencia de servicios de calidad no solo es un derecho, sino una necesidad urgente para romper el ciclo de mediocridad que ha caracterizado al Estado. Este llamado a la conciencia cívica es esencial para impulsar un cambio significativo en la gestión de los recursos y las instituciones públicas.
