Mientras miles de panameños sufren por la falta de acceso al agua potable, algunos lucran con este bien esencial. Así lo evidencia la reciente licitación del IDAAN por 21.1 millones de dólares para distribuir el vital líquido en camiones cisterna en diversas áreas del país.

Según datos del último Censo Nacional, más de 300 mil personas en Panamá no tienen agua potable en sus hogares. Sin embargo, lejos de buscar soluciones definitivas a este problema, el negocio de la distribución de agua en camiones cisterna parece institucionalizado. Cada año, el Estado destina millones en estos contratos que, lejos de resolver la situación, la perpetúan.

Paradójicamente, en Chilibre, comunidad donde se ubica la planta potabilizadora que abastece de agua a la capital, los hogares dependen de los camiones cisterna. Esto evidencia que el lucro de unos pocos tiene más peso que el bienestar de comunidades enteras. Mientras los gobiernos de turno permiten que este millonario negocio persista, son miles de panameños, especialmente en áreas rurales e indígenas, quienes sufren las consecuencias porque la falta de acceso al agua potable viola un derecho humano esencial y pone en riesgo la salud y la vida.

Las autoridades deben dejar de ver el agua como un lucrativo botín y empezar a verla como un recurso que puede salvar vidas. Se requiere mayor inversión en infraestructura para llevar tuberías e instalaciones a las zonas más vulnerables, en lugar de seguir enriqueciendo a unos pocos con la entrega en cisternas. Los ciudadanos también debemos alzar la voz y exigir soluciones reales. No se pueden destinar millonarias sumas año tras año para mitigar un problema, mientras se ignoran las soluciones definitivas.

Es hora de poner fin a este millonario negocio que mantiene a miles de panameños sin acceso a este recurso vital. Las autoridades competentes deben asumir sus responsabilidades e invertir en infraestructura, no en parches temporales. El acceso al agua potable es un derecho que no se puede seguir negando.