La aplicación de la inteligencia artificial (IA) en el sector público puede significar un importante avance para lograr gobiernos más eficientes y cercanos a la ciudadanía. Sin embargo, no está exenta de riesgos que conviene tener en cuenta. Mientras que, como señala un informe de Naciones Unidas, su uso en la India ha permitido identificar 9 mil millones en pérdidas tributarias, en Panamá la IA irrumpió para falsificar audios y difamar burdamente a una figura política.
La inteligencia artificial permite analizar enormes cantidades de datos, detectar patrones y tendencias, y hacer predicciones que facilitan la toma de decisiones. Por ejemplo, puede ayudar a optimizar la asignación de recursos públicos, agilizar trámites, mejorar servicios, incrementar la recaudación fiscal e, inclusive, combatir la corrupción y el fraude. Para algunos personajes, con muy poco afecto por la ética y las leyes, por esta última capacidad representa una amenaza; pero, para el país en general, es una herramienta y la oportunidad de llevar a cabo cambios beneficiosos.
Claro está, no es una panacea. Su aplicación conlleva desafíos éticos y puede marginar a ciertos grupos. Es crucial garantizar la transparencia, equidad y rendición de cuentas. Los algoritmos reflejan los sesgos humanos y pueden reproducir injusticias si no se diseñan cuidadosamente. Además, como advierte un estudio de The Alan Turing Institute, el uso de IA en el sector público plantea interrogantes sobre privacidad, vigilancia y control social que deben abordarse para evitar vulneraciones a los derechos humanos. Hay que asegurar que los datos ciudadanos estén protegidos y no se utilicen indebidamente.
En definitiva, la IA en la gestión gubernamental es prometedora, pero requiere cautela. Como afirmó el experto Andrew Burt, «puede ser una fuerza para el bien, o puede reflejar y amplificar problemas sociales existentes de maneras nuevas e inesperadas». Su adopción debe ir de la mano con salvaguardas éticas, participación ciudadana y cambios regulatorios. Si se implementa correctamente, será una herramienta valiosa para avanzar hacia Estados más eficientes, inclusivos, justos y receptivos a las necesidades de la gente. Pero el camino no está exento de desafíos que habrá que sortear con visión, responsabilidad y humanidad.
