Recientemente se dieron cita en la ciudad de Panamá unas 500 personas de cerca de 25 países para debatir cómo fortalecer y expandir el papel de las asociaciones público privadas en renglones sensitivos como el agua, el saneamiento, las escuelas, hospitales y las energías renovables. Tres días de debates entre líderes y expertos del sector público y privado bastaron para arribar a una conclusión demoledora: la región necesita invertir unos 210 mil millones de dólares anuales para enfrentar el desafío que plantea el déficit de infraestructuras económicas y sociales. De no llevarse a cabo esa inversión, América Latina y el Caribe se vería afectada por una pérdida del 15 por ciento del crecimiento del PIB acumulativo, lo que se traduciría en un frenazo del desarrollo económico, comprometería la competitividad y limitaría el acceso de los ciudadanos a servicios públicos de calidad, sobre todo aquellos en situación más vulnerable.
Pero, los ecos de esos temas desgranados en el Foro sobre Asociaciones Público-Privadas de América Latina y el Caribe, parecen no alcanzar los universos paralelos donde toman las decisiones quienes gobiernan al país. Contrariamente, los gobernantes de esta nación permanecen ciegos y sordos a estos temas fundamentales, concentrados como están en las millonarias fortunas dilapidadas en “descentralizaciones paralelas”; en una abultada planilla estatal cuyas erogaciones mantiene en constante crecimiento la deuda pública; esos ecos ni siquiera llegan a un municipio cercano que compite, también, en el abultamiento de planilla. En fin, la lista de desastres administrativos sería interminable, pero todo lo anotado destacaría por prestar oídos sordos a otro punto mencionado en el foro de marras: la eficiencia en la inversión pública.
