Las Naciones Unidas ha señalado la escasez del agua como una de las 10 principales amenazas mundiales del siglo XXI. En el diagnóstico coinciden, además, el Banco Mundial, que advierte que en el año 2050 más de 4 mil millones de personas habitarán en países donde el agua escaseará; y la Global Water Partnership, una red mundial de organismos que trabaja para mejorar la gestión del líquido, que identifica la escasez del agua, la contaminación y el cambio climático como los retos que ponen en grave riesgo las existencias hídricas del mundo.

Puestas sobre la mesa estas advertencias, resulta imprescindible para cada nación contar con un plan que garantice el uso sostenible de tan importante recurso. Y Panamá dispone, desde el 2015, del Plan Nacional de Seguridad Hídrica 2015-2050: Agua para Todos, que busca aumentar la capacidad de almacenamiento de agua, mejorar las infraestructuras hídricas, promover la conservación y eficiencia en el uso, restaurar los recursos hídricos degradados y educar al público sobre los problemas del agua.

Este plan resulta una herramienta fundamental para garantizar que el país pueda tener un suministro de agua sostenible en el futuro; el mismo se aplicará durante un período de 35 años y se calcula su costo en unos 10 mil millones de dólares. Desde que fuera formulado en el 2015, sin embargo, el escenario ha cambiado radicalmente, con una pandemia cuyos costes financieros aún resultan impredecibles y con una creciente deuda cuyo pago privará a la nación de los recursos necesarios para hacer frente a los problemas más urgentes. Dentro de este oscuro escenario, la evidenciada incapacidad del IDAAN para cumplir de forma inmediata y efectiva con sus responsabilidades, abona el escepticismo respecto a la capacidad del país para abordar una de las más grandes crisis del futuro inmediato.