Las cifras no podrían ser más alarmantes: de cada 100 nuevos empleos que genera la economía panameña en estos momentos, 60 son informales, 10 surgen como consecuencia de nombrar nuevos funcionarios, 24 son empleos temporales en el sector privado y únicamente 6 son de carácter permanente.
A lo largo del año 2019, se concretaron 378 mil 495 nuevos contratos laborales; el 79 por ciento de ellos temporales. Mientras que en el año 2022 se negociaron 240 mil 954 nuevos contratos de trabajo, de los cuales el 82 por ciento fueron temporales. Durante el 2019 se generaron 3 mil 79 empleos informales por mes, y para el 2020 las nuevas plazas informales sumaron 10 mil cada 30 días. Todo lo cual resalta, sin lugar a dudas, que la disminución en las cifras del desempleo nacional es consecuencia del aumento del empleo informal y de los nuevos nombramientos en el aparato estatal. La economía del país continua en estado precario.
Inmersos en este sombrío escenario acudimos al arranque de una campaña electoral donde cada aspirante sigue alimentando las sospechas sobre su notoria incapacidad y falta de planes concretos para revertir la grave situación en que se mantiene el país. El discurso del que echan mano continúa apegado a la tradicional demagogia, a la verborrea insustancial y a las promesas que surgen según sean las conveniencias y las necesidades del auditorio de turno. En una situación tan inédita como desastrosa, la clase política nacional demuestra- en cada nueva actuación- una desconexión total y un rezago descomunal respecto a las urgencias y los problemas que sacuden a la nación.
