La pandemia del covid-19 funcionó como un breve paréntesis en las múltiples olas de descontento popular que impregnaban el escenario latinoamericano y el global. Antes de la irrupción de la crisis sanitaria, el estallido social ya estaba presente en Ecuador, Chile, Bolivia, Haití y Colombia, así como en Francia, Argelia, Egipto y Sudán, por mencionar algunos. El hartazgo venció el miedo al contagio y la gente salió a protestar en Costa Rica, Guatemala, Colombia y Bolivia cuando la pandemia del coronavirus amenazaba con más rigor. Las desigualdades, el autoritarismo, la corrupción, el alto coste de la vida, la disminución del poder adquisitivo, el cinismo y la incapacidad de las élites políticas gobernantes fueron elementos más poderosos para lanzar a las masas a mostrar su descontento en las calles aún a costa de los riesgos.
Las protestas sociales son un elemento indispensable y de legitimación en cualquier Estado que presuma de ser democrático: la libertad de cada ciudadano de manifestar- de forma pacífica y respetuosa- su descontento, se constituye en un valor supremo dentro del mencionado sistema de gobierno. Y luego del paréntesis pandémico el porvenir cercano de la región estará teñido, sin asomo de dudas, de un cada vez más creciente descontento que se tomará las calles para medir fuerzas con la indiferencia y la incapacidad de las élites gobernantes para resolver los múltiples problemas que deja la pandemia sumándolos a los que ya venía arrastrando la región desde mucho tiempo antes.
Nuestro país no estará exento de tal descontento social, al contrario: ya los estallidos estremecen distintos puntos del paisaje nacional. El más reciente, el del grupo que ayer, ejerciendo su derecho democrático a la libertad de expresión, de reunión y manifestación, exigía la legalización de sus tierras y los títulos de propiedad. “Derecho” que terminaron lanzando por el caño al vandalizar y destruir propiedad pública y convirtiendo un valor democrático en un asalto más propio de hordas bárbaras que de grupos ciudadanos. Muchas son las lecturas del infausto suceso, sin embargo, una resulta destacada entre el resto: esa destrucción de propiedad pública demuestra el fracaso de la educación y del sistema de justicia nacional. De la primera, porque evidencia el generalizado desconocimiento de las pautas de conducta que exige la convivencia en comunidad. Y de la segunda, porque cada vez que se deja pasar en la más absoluta impunidad comportamientos semejantes, se le allana el camino y se estimula a otros para que lo repitan al momento de expresar su descontento. La impunidad, sin duda alguna, es la copa de la que beben los bárbaros.
