Los términos en que se aprobó la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal a la empresa Panama Ports Company (PPC), establecen que el contrato debe renovarse en forma automática si se certifica que el concesionario cumplió con sus obligaciones contractuales, afirmó el abogado Ernesto Cedeño al analizar los alcances jurídicos de la referida concesión.
Sostuvo que las obligaciones del contrato tienen fuerza de ley entre las partes y deben cumplirse. ”Jurídicamente el contrato debe renovarse automáticamente porque la Contraloría General de la República (CGR), certificó que la empresa cumplió con sus obligaciones”, afirmó Cedeño, respetado por su vasta experiencia en auditorías, análisis jurídico y contratos con el Estado.
Como exasesor jurídico de la CGR por casi dos décadas, Cedeño se refirió a la cláusula 2.9 del Contrato-Ley No. 5 del 16 de enero de 1997 que establece que una vez terminado el plazo de los primeros 25 años “se prorrogará automáticamente por un periodo adicional de 25 años bajo los mismos términos y condiciones, siempre y cuando la empresa haya cumplido con todas sus obligaciones básicas, de acuerdo con este contrato”.
Por su parte, Rommel Troestch, expresidente de la Cámara Marítima de Panamá, con 30 años de experiencia en el negocio marítimo y portuario, señaló que “si no renuevan el contrato, y no hay ninguna razón para no renovarlo, el daño para Panamá sería grandísimo porque quién quiere venir a invertir en un país que no respeta un contrato firmado, que es Ley de la República”.
El Contrato-Ley fue aprobado por la Asamblea Nacional y sancionado por el expresidente Ernesto Pérez Balladares. Sin embargo, exaltos funcionarios de gobiernos pasados y exadministradores de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) están promoviendo que no se renueve el contrato, sembrando desconfianza en lo actuado por el Estado.
“Al politizar el tema y no abordarlo desde una perspectiva técnica y comercial, se está desestabilizando de la industria marítima”, aseguró Troestch.
Violan seguridad jurídica
Analistas consideran que quienes hablan de manejo irregular por parte de la concesionaria están pegándole un tiro a la seguridad jurídica.
Cedeño calificó como “posturas politizadas y sin fundamento” la de quienes se oponen a la renovación del contrato a PPC. “Son opiniones contrarias a lo que dice la concesión, lo que dice el contrato y lo que dice la Contraloría. Hay que darle a la Contraloría la confianza que amerita”, enfatizó.
“La Contraloría no iba a inventar. Además, la única auditoría, según la Constitución Nacional, que tiene peso para el manejo de fondos públicos es la Contraloría”, añadió.
Cedeño recordó que durante la administración de Martin Torrijos, el gobierno y PPC pactaron que la empresa pagaría una contraprestación de $102 millones por la infraestructura recibida en Balboa y Cristóbal, que tuvo que demoler porque no era apta para el trasbordo de contenedores.
También se estableció que la empresa concesionaria realizaría una inversión de $1,000 millones, adicionales a los $50 millones originales. La auditoría de la CGR reveló que PPC hizo una inversión de $1,695 millones en ambos puertos. El audito oficial demostró que PPC pagó al Estado en los últimos 24 años un total de $445 millones por movimiento de contenedores y dividendos.
Por otro lado, Cedeño sostuvo que “desde el punto de vista jurídico, no encontré una norma que pueda obligar a renegociar el contrato porque es un acuerdo entre las partes y fue elevado a Ley de la República”. Explicó, además, que cualquier modificación al contrato original debe hacerse extensivo a los demás concesionarios del sistema portuario nacional.
Así lo establece la Ley General de Puertos del 2008, promulgada para estabilizar el sistema. “Renegociar cualquier elemento implica romper la seguridad jurídica, desequiparar los puertos, que están equiparados, poner a unos en ventaja de otros, lo cual es incorrecto porque no es eso lo que se buscaba con la Ley General de Puertos”, subrayó.
