Debe ser un interés superior el del dictador venezolano Nicolás Maduro el de salvarle el pellejo a su testaferro, Alex Saab, como para destinar a su defensa $65 millones, todo un record mundial en honorarios legales. Ese monto obsceno solo se justifica si se tiene en cuenta que el chavismo está desesperado para evitar que Saab sea extraditado a Estados Unidos y revele donde esconde el régimen de Caracas cada centavo tras 20 años de traficar con la riqueza de Venezuela.

La revista colombiana Semana reveló que Maduro contrató al exjuez español Baltasar Garzón por $4 millones para defender a Saab, preso desde mediados de junio en el archipiélago Estado de Cabo Verde en espera de ser extraditado a Estados Unidos.

El diario colombiano El Tiempo aseguró que Garzón recibió un adelanto de $60 mil como parte de los $4 millones comprometidos en honorarios lo que representa una verdadera mina de oro para el exjuez, aliado de los socialistas y del exjefe del gobierno español José Rodríguez Zapatero, cómplice de Maduro.

De acuerdo al portal español Primer Informe los fondos para pagar a los abogados de Saab salieron de cuentas en Suiza rastreadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

No se sabe si con esos fondos también se contrató a las prestigiosas firmas portuguesas Abreu Advogados y Rogério Fernandes Ferreira & Associados para coordinar la defensa del testaferro del chavismo en Cabo Verde. La firma Abreu Advogados es la preferida de poderosas empresas multinacionales como Google, Visa, Amazon y Marriott que litigan casos por elevadas sumas de dinero. A ese bufete pertenece José Manuel Pinto Monteiro, un poderoso abogado caboverdiano reconocido por llevar casos de narcotraficantes y lavadores de dinero. El objetivo es evitar que Saab termine en una cárcel estadunidense.

Según Primer Informe el equipo de defensa de Saab cuenta con otros dos abogados. Uno que asiste a Pinto Monteiro en las actuaciones en la corte de Cabo Verde, y otro que asesora a Saab en su relación con los funcionarios federales enviados por Washington, que buscan convencer al empresario  de que se entregue voluntariamente a la justicia estadunidense.

Ese último abogado, de origen estadunidense, recibió un pago de $2 millones en una cuenta en Estados Unidos y se encuentra en la isla africana desde mediados de junio, pocos días después de la detención del empresario colombiano.

El régimen venezolano también contrató en Miami a la abogada María de los Ángeles Domínguez Trujillo, nieta del exdictador de República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo. Domínguez Trujillo trabajó como fiscal federal para el Distrito Sur de la Florida entre 1990 y 1995 –que lleva el caso de Saab- cuando pasó a la práctica privada. En 2019 fundó su propia firma, Domínguez, Macheo Ramos & Andreu LLC, con sedes en Miami y Puerto Rico. Su especialidad está centrada en casos de cuello blanco, que implican corrupción pública, particularmente fraude con fondos estatales.

EE UU hará lo que tenga que hacer

El trabajo de Garzón es llevar a cabo una serie de acciones legales en varios tribunales internacionales, incluyendo la Corte Penal Internacional de La Haya, para defender la presunta violación del estatus de enviado especial del régimen de Maduro y su supuesta inmunidad diplomática al momento de su captura en Cabo Verde.

Washington, por su parte, ha sido enfático: hará “todo lo que tenga que hacer” para lograr la extradición de Saab. “El Departamento de Justicia va a pedir la extradición de ese señor a Estados Unidos, donde hay una demanda en su contra”, afirmó James Story, embajador de Estados Unidos en Venezuela.

Saab, nacionalizado venezolano, fue detenido en el principal aeropuerto de Cabo Verde, frente a las costas occidentales de África, abordo de una aeronave privada  mientras repostaba combustible en ruta hacia Irán y Rusia.

Su detención fue producto de un pedido de la justicia de Estados Unidos que activó una alerta internacional de Interpol. Saab es considerado la principal cloaca de Maduro para burlar las sanciones impuestas por Washington y la Unión Europea contra el chavismo.

Saab ha sido el encargado de gestionar el dinero mal habido de Maduro, obtenido de actividades ilegales entre las que cuenta la minería ilegal y el narcotráfico, así como el cerebro de la llamada Operación Alacrán para arrebatar a Juan Guaidó el liderazgo de la Asamblea Nacional y de la presidencia encargada de Venezuela, reconocida por 60 países del mundo.

Según la justicia estadunidense Saab, de 48 años, amasó una fortuna vendiendo al régimen de Maduro miles de toneladas de alimentos de dudosa calidad y con sobrecostos, lo que produjo una millonaria pérdida patrimonial al país y una estafa al pueblo.

Para la justicia de Estados Unidos, Saab robó por lo menos $350 millones y pagó sobornos para obtener jugosos contratos del Estado venezolano.

Extradición en marcha

Aunque todavía quedan instancias judiciales a las que recurrir, la defensa de Saab da por un hecho su extradición a Estados Unidos. La autorización para ese proceso, firmada por Janine Tatiana Santos Lélis, ministra de Justicia de Cabo Verde, es lapidaria.

La ministra Lélis, quien mantiene un perfil bajo respecto al caso, es conocida en ese país por tener mano dura. También es una de las funcionarias más cercanas al presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, según reportó El Tiempo.

Al firmar la orden de extradición, Lélis dio por concluida la fase administrativa del proceso. Posteriormente, también el Tribunal de Apelaciones autorizó la extradición a Estados Unidos de Saab. Su equipo legal anunció que apelará la decisión ante el Tribunal Supremo de Cabo Verde y, si tampoco prospera, presentará una solicitud de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Lo más probable es que la batalla ante el tribunal Internacional de Justicia de La Haya, para la cual se contrató al exjuez Garzón, se librará con Saab preso en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos.

El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró este lunes que la extradición de Saab  a Estados Unidos “es necesaria y es fundamental para que se puedan desnudar todos los vínculos oscuros de la dictadura de Venezuela con el narcotráfico, con el lavado de activos y con una red criminal muy grande”.

En una  entrevista radial Duque indicó que la Fiscalía General de la Nación ya empezó un proceso de extinción de bienes de Saab. El mandatario enfatizó que se trata de dejar al descubierto “toda la red criminal que hay en esas empresas, que van desde beneficiarios, socios y personas que han estado vinculadas al lavado de activos”.

“Hemos colaborado permanentemente en ese proceso y recientemente hemos entregado un gran paquete de información para solidificar todas las investigaciones que adelantan el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la DEA”, añadió.

Amenazas de Saab

Saab, ante la inminencia de su extradición, escribió este lunes una carta al primer ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, en la que le pidió que respete su supuesta inmunidad diplomática y le permita volver a Venezuela. Dijo que es víctima de un proceso “motivado políticamente”.

“Simplemente pido justicia y que Cabo Verde, como miembro de Naciones Unidas, respete mi inmunidad y me permita volver a mi país”, reclamó Saab. Insistió en que, como enviado especial del régimen venezolano, tiene inmunidad diplomática y debe ser liberado inmediatamente.

Argumentó que hizo una parada técnica en su viaje hacia Irán, a donde se dirigía en “misión especial humanitaria bajo el título de enviado especial, con inmunidad completa según el Derecho Internacional”, para “negociar la entrega de gasolina y otros productos, como recambios, para impulsar la industria petrolera en Venezuela”.

En el texto, Saab arremetió contra Washington porque «ha hecho público su objetivo de cambiar el régimen en Venezuela»  y reprochó que sus acusaciones carecen de «pruebas concretas», pues su único vínculo con Estados Unidos es la existencia de pagos efectuados en cuentas bancarias de ese país.

Además amenazó al gobierno caboverdiano. “Me cuesta aceptar que, incluso después de que Venezuela haya declarado oficialmente mi inmunidad, ustedes no han hecho nada para rectificar la situación. No tengo ninguna duda de que su inacción tendrá consecuencias legales y políticas”, apuntó en su carta.

La misiva resultó en un error táctico porque provocó una respuesta por parte del gobierno de Cabo Verde. Medios locales abordaron al primer ministro Correia e Silva, a quien le pidieron una reacción. Pero este optó primero por la vía diplomática y luego al sarcasmo.

«La gente conoce el buzón del Palacio de Gobierno, si tiene cartas que enviar, las envía directamente a la oficina del Primer Ministro. No comento cartas publicadas en los medios de comunicación”, manifestó el alto funcionario.

El que sí respondió fue el pleno del Tribunal Superior de Venezuela en el exilio. En una carta al primer ministro de Cabo Verde, fechada este martes en Washington, señalaron que Saab miente al insistir que es agente especial de Venezuela y que lo que quiere es evadir a la justicia de Estados Unidos.

“Saab ha robado a la Nación Venezolana, y además de ser acusado por lavado de capitales y corrupción, existen causa probable de conexiones con el narcotráfico internacional y con grupos terroristas como las Farc, Eln y Hezbolá, que tienen bases de operaciones en territorio venezolano con la finalidad de generar desestabilización en el hemisferio, razón por la cual debe enfrentar la justicia por los delitos que le imputan”, señalaron los magistrados Miguel Ángel Martín, Romme Gil y Ramón Pérez.

“Es evidente que el señor Saab y los abogados contratados por el régimen de Maduro pretenden incorporar elementos de naturaleza política, cuando lo que existe, en realidad, son cargos criminales graves que pesan en su contra”, enfatizaron los magistrados exiliados.