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Etiqueta: Pago

Más de 59 millones de dólares para el primer pago de Transferencia Monetaria Condicionada

Unos 55,978,770 millones de dólares desembolsará el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), correspondiente al primer pago del año de los Programas de Transferencia Monetaria Condicionada (PTMC) por difícil acceso y la Tarjeta Clave Social (TCS).

De los cuales 6,984,060 millones de dólares se destinarán al pago de 34,680 panameños que residen en áreas de difícil acceso a partir del próximo lunes siete al viernes 11 marzo.

Con estos desembolsos se impactará a corregimientos del Plan Colmena, ubicados en la Comarca Ngäbe Buglé y las provincias de Bocas del Toro, Veraguas, Darién que presentan altos índices de pobreza multidimensional.

En las zonas de difícil acceso se estarán segmentando las mesas de pago, separando los puntos de cobro por programa, garantizando el distanciamiento social y se proveerá equipos de protección a todos los colaboradores involucrados en el proceso.

Pagos a nivel nacional

El primer pago de 2022 se efectuará cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud, tal y como se han estado realizando a raíz de la pandemia.

Mientras que los pagos a los beneficiarios de la PTMC se realizarán del 14 al 25 de marzo, para ese período 156,525 panameños recibirán sus transferencias por cajeros automáticos.

Para esta modalidad se realizarán pagos por la suma de 48,994,710 millones de dólares.

Los PTMC tienen un enfoque de género. En las áreas de difícil acceso las transferencias benefician a 29,135 mujeres rurales lo que representa el 84.01% respecto al 15.99% o 5,545 hombres que integran los programas.

Un informe del Mides indica que en las regiones de difícil acceso el programa Red de Oportunidades cuenta con la mayoría de los beneficiarios 17,733; seguido de 120 a los 65 (8,168), Senapan (8,071) y Ángel Guardián con 708 favorecidos.

La lista la encabeza la comarca Ngäbe Buglé con 22,750; seguido de la comarca Guna Yala con 3,300.

En la tercera posición está Veraguas con 2,332; le sigue la comarca Emberá con 1,859 y la provincia de Darién cierra la lista con 1,615 beneficiarios.

Primer desembolso del año del Vale Digital se verá reflejado el 17 de enero

A partir de mañana, se iniciará el desembolso del Vale Digital, en las cédulas de los panameños, según han informado las autoridades locales.

Tal cual se hizo en meses anteriores, los desembolsos se realizarán por el último digito de la cédula, por lo que el periodo se extenderá hasta el viernes 21 de enero.

Esta acreditación correspondería al mes de enero, la primera del Nuevo Plan solidario y solo se beneficiarán quienes hayan cumplido con todos los requisitos establecidos.

Beneficiados

Incluye contratos suspendidos y ciudadanos en los distritos de Arraiján, Colón, Chitré, David, La Chorrera, Panamá, Santiago y San Miguelito; así como artesanos y capacitadores de Inadeh y miembros de la industria creativa registrados en el Ministerio de Cultura.

El monto de la asignación se mantiene en $120 mensuales y solo puede ser utilizado en supermercados y en algunos almacenes de la localidad.

Conozca el calendario de pago para jubilados y pensionados en 2022

La Caja de Seguro Social (CSS), ya publicó el calendario de pago 2022 para jubilados y pensionados, que forman parte de la entidad.

El Departamento de Pagos de Pensiones, Jubilaciones y otros Derechos explicaron que ya se programaron los pagos tanto por cheques y por acreditación bancaria o ACH.

Para los jubilados y pensionados que retiran sus cheques en los diferentes centros de pagos del país, el 5 y 6 de enero, están marcados como los días de primer pago de 2022.

Mientras que los que cobran por ACH, el desembolso inicial del próximo año, está con fecha del 5 de enero.

A partir del primer desembolso de 2022, en los pagos, por cualquiera de las dos formas existentes, se verán reflejados los descuentos de préstamos.

A partir del 6 de diciembre el Gobierno pagará el Décimo Tercer Mes

Por un monto de 56 millones 823 mil 404 balboas con 46 centésimos, el Gobierno Nacional pagará el próximo 6 de diciembre la tercera partida del Décimo Tercer Mes correspondiente al 2021, informaron la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas.

El pago cubrirá a un universo global de 295 mil 920 servidores de los tres órganos del Estado, entidades descentralizadas, empresas públicas, intermediarios financieros, patronatos y municipios.

Este desembolso contribuirá a dinamizar la economía tras la situación de COVID–19, con este desembolso el Gobierno Nacional honra el compromiso con los servidores públicos según la Ley 52 del 16 de mayo de 1974 que instituyó al Décimo Tercer Mes para el sector público.

Funcionarios de Aduanas ponen fin a la huelga

Dan fin a la huelga. Luego de una reunión entre la dirigencia de la Asociación Nacional de Funcionarios de Aduanas (ANFA) y la directora de la institución, Tayra Barsallo, con la participación de la Defensoría del Pueblo como garantes, ambas partes llegan a un acuerdo y proceden a levantar la medida de paro que mantenían desde el día de ayer.

Según explicó Barsallo esta fue una conversación franca, directa y transparente en la que se comprendieron las necesidades humanas de los mismos, así como también aceptaron que las afectaciones a terceros es lo que menos quiere la administración y los funcionarios, «por lo tanto, dadas las condiciones para que lleguemos a este acuerdo por el bien del país y para que la reactivación de la economía continúe su curso, y que podamos todos salir de esta problemática, así como garantizarle al hub logístico de este país y al comercio internacional una garantía de que Panamá es un país competitivo, un país de facilitación del comercio y que cuenta con una Autoridad de Aduanas encaminada a brindarle a todos los panameños y al comercio internacional los servicios que ellos se merecen».

Por su parte, el secretario general de la ANFA, Enrique Montenegro, dijo «por el país, por la recaudación, a partir de este momento comienza a funcionar Aduanas, todos comiencen a laborar normalmente».

Los funcionarios aduaneros exigían el pago de los bonos de productividad, sellos y vacaciones de funcionarios destituidos.

La tarde del jueves, se conoció que el Consejo Económico Nacional del MEF (CENA), aprobó el pago del incentivo correspondiente al año 2021, que asciende a 3.2 millones, y adicional la partida para el pago de los sellos del mes de octubre y noviembre de 2021.

Los gremios de la empresa privada manifestaron que la huelga resultó en pérdidas de 27 millones aproximadamente.

Más de 34 mil panameños recibirán pago de PTCM

Desde el próximo 22 de noviembre y hasta el 26, 34,566 panameños que residen en áreas de difícil acceso, recibirán el cuarto pago de las Transferencias Monetarias Condicionadas (PTMC).

En este periodo se desembolsará 6.9 millones de dólares, cifra que impactará a corregimientos del Plan Colmena, ubicados en áreas remotas de las diferentes provincias y comarcas del país.

Al concluir esta cuarta transferencia el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) habrá desembolsado más de 224 millones de dólares más de 191,000 panameños que se benefician de los PTMC.

El cuarto pago se realizará cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud (Minsa), tal y como se han estado realizando a raíz de la pandemia.

En las zonas de difícil acceso se estarán segmentando las mesas de pago, separando los puntos de cobro por programa.

Con esto se garantizará el distanciamiento social y se proveerá equipos de protección a todos los colaboradores involucrados en el proceso.

La ministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, manifestó que estas transferencias representan una inyección económica para el país.

Agregó que restituyen los derechos y combaten la pobreza de las familias que se han quedado excluidas del desarrollo social.

El Mides informa que los pagos a los beneficiarios por Tarjeta Clave Social (TCS) se realizarán del 6 al 17 de diciembre.

Para ese período 156,807 beneficiarios recibirán sus transferencias por cajeros automáticos.

Bajo las dos modalidades de pago (TCS y áreas de difícil acceso), el programa 120 a los 65 beneficia a 122,287 personas.

Mientras que la Red de Oportunidades impacta a 41,900; Ángel Guardián brinda beneficios a 19,107; y el bono alimentario de Senapan asiste a 8,079 personas.

¡Regalo de Navidad!, El Ifarhu pagará las becas desde el 21 de diciembre

Desde el próximo 21 de diciembre se hará efectivo el tercer pago de becas del año lectivo 2021 a los estudiantes del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U) y demás programas de becas del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

Para el tercer pago de las becas, hay requisitos especiales, especialmente para la Pase-U.

  • El estudiante no puede haber reprobado o fracasado en ninguna materia
  • El promedio mínimo debe ser de 3.0
  • Debe tener una buena asistencia
  • Haber llevado el boletín del segundo trimestre a las regionales correspondientes del Ifarhu

Mientras que para aquellos que cobran beca por concurso

  • Deben mantener el promedio superior a 4.2
  • Haber llevado el boletín del segundo trimestre a las regionales correspondientes del Ifarhu

Indicaciones

Aquellos estudiantes que cobren por cheques, los acudientes deben presentar la cédula juvenil y la cédula del representante legal del estudiante.

Mientras tanto, si un acudiente no puede ir a retirar el cheque, puede enviar a una persona con una nota autorizándola a retirar el cheque. Además, debe incluir copia por ambas caras de la cédula juvenil del estudiante y del acudiente.

Entre tanto, los que cobran por clave, deben estar pendientes en los cajeros y los que cobran por cédula juvenil pueden verificar en la web de Beca Digital.

Además,  para la utilización de la beca en las cédulas juveniles en los 300 centros comerciales, deben activar el pin, como se hizo para el Vale Digital.

Pin digital

1.Debe ingresar a Panamá Digital

2. Dar click en Servicios

3. Dar click en Billetera

4. Buscar entre las opciones Ifarhu

5. Crear el PIN y guardar las contraseñas y usuarios.

Apple actualizó reglas de pago en su App Store

Apple actualizó las reglas de su App Store para permitir que los desarrolladores se contacten directamente con los usuarios por los pagos, en el marco de un acuerdo legal con empresas que cuestionan el estricto control que la firma ejerce sobre la tienda.

Bajo las nuevas normas de la App Store, los desarrolladores ahora pueden contactar a los consumidores directamente sobre métodos de pago alternativos, sin pasar por la comisión de Apple del 15 o 30 por ciento.

Podrán solicitar a los usuarios información básica, como nombres y direcciones de correo electrónico, «siempre que esta solicitud sea opcional», dijo el fabricante del iPhone.

Apple propuso los cambios en agosto en un acuerdo legal con pequeños desarrolladores de aplicaciones.

Pero es poco probable que la concesión satisfaga a empresas como Epic Games, desarrollador de «Fortnite», con la que Apple sostiene una larga disputa por su política de pagos.

Epic inició una demanda con el objetivo de romper el control de Apple en la App Store, acusando al fabricante del iPhone de operar un monopolio en su tienda de bienes y servicios digitales.

En septiembre, un juez ordenó a Apple aflojar el control de las opciones de pago en la App Store, pero consideró que Epic no pudo probar violaciones a la ley antimonopolio.

Ambas partes presentaron recursos de apelación.

Para Epic y otros desarrolladores, la capacidad de redirigir a los usuarios a un método de pago fuera de la aplicación no es suficiente: quieren que los jugadores puedan pagar directamente sin salir del juego.

Apple también enfrenta investigaciones en Estados Unidos y Europa por acusaciones de abuso de posición dominante.

ANEP marchará a la Presidencia, exigen pagos adeudados

La Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá (ANEP) anunció que el próximo miércoles 27 de octubre realizarán una gran marcha nacional hacia la Presidencia de la República, para exigirle al Presidente, Laurentino Cortizo, que cumpla con sus promesas.

La decisión fue tomada durante una Asamblea Extraordinaria que realizaron el día de ayer de manera virtual, así lo explicó Ana Reyes, presidenta de la junta directiva de la ANEP, quien aseguró que convocaron a todo el gremio, desde Chiriquí hasta Darién. «Esperamos que esta vez el Presidente sí nos reciba».

«A la población en general les pedimos su apoyo y comprensión, porque así como está la gran mayoría de esta población, las enfermeras y enfermeros del país estamos cansados  de los incumplimientos, de que no se cumplan las promesas, los acuerdos y nuestra propia ley», expresó Reyes.

La marcha partirá a las 4:00 p.m., desde la sede principal de la ANEP ubicada en la avenida Justo Arosemena, a un costado de la estación del Metro del Hospital Santo Tomás.

El pasado 28 de septiembre, el gremio solicitó a las autoridades de salud que cumplieran con el pago de los salarios adeudados, como quedó pactado en el decreto que puso fin al paro de labores que realizaron por 48 horas el pasado mes de abril.

Pago de pensiones alimenticias por tarjeta débito se extiende al interior del país

 

La Contraloría General de la República anunció que acreditará el pago de pensiones alimenticias en el interior del país a través de tarjetas de débito del Banco Nacional, a partir del día de hoy, 18 de octubre de 2021.

Las regionales que se beneficiarán con este método, según el calendario de Pago son: Bocas del Toro, Coclé, Colón, Chiriquí, Darién, Herrera, Los Santos, Veraguas, Panamá y Panamá Oeste.

Felipe Almanza, director Nacional de Métodos y Sistemas de Contabilidad, explicó que esta segunda fase del proyecto traerá ventajas para los beneficiarios de pensiones alimenticias y será un ahorro para la institución en cuanto a papelería, embalaje y envío.

Según explicó la institución mediante nota de prensa, el objetivo es realizar los pagos de forma expedita para cumplir con las medidas de bioseguridad y evitar la aglomeración de personas; además, la iniciativa disminuye el tiempo y el costo de movilización, así como evita el riesgo de pérdida y hurto del mismo.

El beneficiario podrá autorizar a otra persona para que retire su tarjeta, mediante nota personalizada -firmada- (manuscrita o impresa), junto con una copia de su cédula de identidad. Toda persona autorizada para retirar la tarjeta y el pin, también debe presentar su cédula de identidad, dejar una copia de la misma y firmar el documento de recibido.

Fue en octubre de 2020 que la Contraloría inició a pagar las pensiones alimenticias a través de tarjeta débito.

25 millones de dólares para saldar deudas a productores de maíz, leche y arroz

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, informó que el Consejo de Gabinete aprobó ayer un crédito extraordinario por 25 millones de dólares para pagar a deudas a productores.

El crédito fue aprobado al MIDA para saldar las deudas que se mantienen con el sector de arroz, leche y el grano del maíz.

El traspaso debe ir a la Asamblea Nacional de Diputados para ser argumentados, y luego de su aprobación formal, serán destinados al pago pendiente de los productores para finales de este mes y en diciembre.

De ese dinero, se utilizarán 500,000 dólares para el pago de la zafra de arroz 2020-2021; también se sumará el pago 2.5 millones para el pago de subsidios para maíz.

Mientras que 20 millones de dólares corresponden al pago de 7.50 y 2.00 a los productores de arroz.

El jefe de la cartera agropecuaria destacó que conversó con los productores de maíz de la región de Azuero que cerraron diversas vías de esa región.

“No es necesario que salgan a cerrar las calles, ya que los fondos están para el pago. El próximo lunes mantendré un diálogo con ellos en la región de Azuero”, sostuvo.

“Tenemos garantizado los fondos para el presupuesto para el próximo año”, reiteró el titular agropecuario.

Corte IDH: “Panamá cumplió con reparaciones a trabajadores despedidos en 1990”

La Defensoría del Pueblo comunicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió concluir y archivar el caso sobre el despido injustificado de 270 trabajadores conocido como “Baena Ricardo y Otros” de 1990.

La decisión del organismo internacional de Derechos Humanos, se da luego del cumplimiento del Estado con lo estipulado en la sentencia condenatoria emitida en el 2001 y que se le dio seguimiento por parte de este organismo, con sede en Costa Rica.

A través de un comunicado de la oficina del Ombusdman de Panama´, según la Resolución de Supervisión de Cumplimiento de Sentencia emitida por la Corte, el 1 de septiembre de este año, Panamá cumplió con ejecutar las reparaciones ordenadas.

Entre ellas, el pago a los 270 trabajadores de los montos correspondientes a salarios caídos y derechos laborales; el reintegro en sus cargos o en otros empleos en condiciones que respetaran aquellas que tenían al momento de ser despedidos, o si esto no fuera posible, el pago de la indemnización correspondiente a la terminación de relaciones de trabajo conforme al derecho laboral interno.

 

También se cumplió además con el pago de una suma por concepto de daño moral; y el reintegro de costas y gastos, tanto a los trabajadores como a sus representantes.

 

Señalan que la Resolución menciona los esfuerzos realizados por Panamá, fundamentalmente entre los años 2015 y 2020, para pagar 120 cuotas obrero-patronales de seguridad social de las 270 víctimas, correspondientes al período comprendido entre diciembre de 1990 y enero de 2001, que les permitiría acogerse a una pensión, de que sus derechohabientes las reciban o mejorar sus pensiones, en caso tal se hayan acogido a las mismas.

 

En 1990, un grupo de 270 trabajadores recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de ser despedidos con base en la Ley 14 de diciembre de ese año, por estar presuntamente vinculados a un acto de subvertir el orden constitucional democrático y suplantarlo por un régimen militar.

 

«Se deben algunos meses, pero ya se consiguió la partida para pagar», Sucre sobre tema de enfermeras

El Ministro de Salud, Francisco Sucre, aseguró que ya se están tramitando los pagos que se tienen pendiente con las enfermeras y enfermeros, esto, luego de que la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá comunicara que no descartan un paro de labores por la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados el pasado mes de abril.

«Se deben algunos meses, pero ya se consiguió la partida en la Asamblea para pagar, se aprobó y se está tramitando lo que se debe», reiteró el ministro, quien también explicó que se han pagado ya, más de 10 millones de dólares en concepto de deudas heredadas de administraciones pasadas.

Además, manifestó que se ha efectuado el pago de vigencias expiradas desde el 2015 al 2019 y aún se buscan los recursos para cancelar lo adeudado.

Las declaraciones del Ministro se dieron durante el homenaje que le realizaron a las enfermeras, por el arduo trabajo que han realizado desde el inicio de la pandemia.

Mañana vence el plazo para pago de la segunda partida del ISR

Mañana 30 de septiembre vence el plazo para le pago de la segunda partida del Impuesto Sobre la Renta (ISR), para personas naturales o jurídicas, según el calendario tributario de la Dirección General de Ingresos (DGI) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Este impuesto es el principal ingreso del Presupuesto General del Estado, por lo que se da la facilidad de que el mismo sea pagado al contado o en tres partidas que vencen el 30 de junio, el 30 de septiembre y el 31 de diciembre.

Las autoridades recomiendan a los contribuyentes, verificar su saldo en la cuenta corriente del contribuyente, a través del link en la DGI o de la plataforma e-Tax 2.0 antes de realizar los trámites.

Defraudación fiscal

Según la Ley 8 de 27 de enero de 1956, se incurre en defraudación fiscal cuando el contribuyente por acción u omisión fraccione o simule sus actividades a fin de eludir una tarifa o categoría tributaria.

La cantidad estimada no deberá ser inferior a la renta indicada en la declaración jurada, explicó la subdirectora de la DGI.

Para evitar recargos, acumulación de intereses y otras penalidades, las autoridades recomiendan a todos los contribuyentes a realizar los pagos de forma voluntaria, estando siempre pendiente de las fechas del calendario tributario.

Gobierno desembolsa más de 81 millones de dólares para pagos a estudiantes de Beca Universal

Un desembolso de 81.9 millones de dólares en concepto del primer pago del Programa de Asistencia Social Educativa – Universal (Pase-U), a estudiantes de educación básica, premedia y media en todo el país, tanto del sector público como privado, realizó este lunes 21 de septiembre el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu).

En un acto celebrado en el auditorio de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, quien presidió el acto oficial, hizo entrega simbólica al director del Ifarhu, Bernardo Meneses, del cheque por B/.81.9 millones que oficializa el primer desembolso del Pase-U, cuyos pagos se realizarán a partir de este lunes.

Además, el presidente entregó a 20 estudiantes, representativos de todos los niveles de educación, de escuelas públicas y privadas, el pago de un doble beneficio de becas, que permite la nueva ley Pase-U, debido a su esfuerzo y dedicación en los estudios.

En el acto, el presidente Cortizo Cohen señaló que la ley del Pase-U no solo significa un impulso a la educación, que es la estrella que brilla en nuestro futuro, sino que premia la excelencia y favorece la meritocracia, recompensando el sacrificio que rinde frutos, y el propósito y la voluntad de ser mejor.

Indicó que los jóvenes que logran ese doble beneficio se convierten en ejemplo para otros que verán que el esfuerzo y dedicación en los estudios «sí paga».

El mandatario señaló que, con la nueva ley Pase-U, el Gobierno Nacional crea oportunidades con el fin de ir logrando la conquista de la Sexta Frontera en la lucha contra la desigualdad y la pobreza; además, es tratar de alcanzar la balanza social y crear opciones para los que menos tienen y hacen el esfuerzo por ser mejores estudiantes.

La nueva Ley 148, del 1 de abril de 2020, que crea el Pase-U, introdujo importantes modificaciones a la anterior ley sobre la Beca Universal para permitir el pago de un doble beneficio de becas a aquellos estudiantes con becas de concurso general, puestos distinguidos, estudiantes sobresalientes en deportes, bellas artes y a los estudiantes que reciben una asistencia económica por discapacidad.

Más de 70 mil estudiantes de todo el país recibirán el pago de un doble beneficio de beca debido a las disposiciones del Pase-U, según destacó el director del Ifarhu, Bernardo Meneses.

El Pase-U beneficia a más de 671 mil estudiantes de centros educativos oficiales y particulares de todo el país, cuyo pago de matrícula y mensualidad no supere los dos mil trescientos balboas (B/.2,300) al año.

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Este programa tiene un monto de asignación anual de B/.270.00 para la educación primaria, que corresponde a B/.90.00 cada tres meses; para la educación premedia, el pago anual es de B/.360.00, que corresponde a B/.120.00 cada tres meses; y para la educación media es de B/.450.00 por año, lo que corresponde a B/.150.00 cada tres meses.

Para el pago del Pase-U y las becas de Planilla Global se diseñó un cronograma que en su primera semana abarca Panamá Centro, Norte, Este y Oeste, así como el distrito de San Miguelito. Los demás sectores serán cubiertos según el cronograma que semanalmente se nutre en la página web www.ifarhu.gob.pa.

En el acto además participaron la ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos; la viceministra Académica del Meduca, Zonia Gallardo de Smith; el director General del Ifarhu, Bernardo Meneses; y el presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional, el diputado Héctor Brands.

Municipio capitalino extiende prórroga para el pago de tributos hasta el 30 de septiembre próximo

Hasta el próximo 30 de septiembre, la Alcaldía de Panamá extendió la prórroga aplicada al pago de tributos, impuestos, tasas, contribuciones especiales, derechos y multas para personas jurídicas y naturales, sin recargos ni intereses.

El acuerdo que fue presentada por el alcalde capitalino, José Luis Fábrega, fue aprobado por el Consejo Municipal con urgencia notoria en su sesión ordinaria de este martes 1 de septiembre.

La Alcaldía capitalina ha habilitado para quienes puedan honrar el pago de sus impuestos, incluyendo el de circulación vehicular, el pago por banca en línea, ATM, ACH o de manera presencial en las agencias de recaudación habilitadas en el edificio Hatillo, Las Cumbres, Pedregal, 24 de Diciembre y Ancón de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Esta es una de las iniciativas, que ha emprendido el distrito capital a favor de los contribuyentes afectados por la crisis económica que ha generado la pandemia del Covid-19, tras la paralización de las principales actividades económicas como medida para prevenir la proliferación de contagios en el país.

El pasado 18 de agosto, la Comisión de Hacienda del Consejo Municipal aprobó un acuerdo orientado a apoyar a los diversos negocios ubicados en el distrito capital,  que incluye exoneración de un porcentaje en los rubros de negocio, rotulo, licor, anuncios y avisos. Serán beneficiados todos los contribuyentes que tengan saldos pendientes por pagar de los meses de marzo a agosto de 2020. Este acuerdo entró a regir este 1 de septiembre y se extiende hasta el 31 de diciembre de 2020.

Meduca aprueba procedimiento transitorio para el pago de segunda partida de la ‘Beca Universal’

Tras la adopción de la modalidad de educación a distancia en el país a raíz de la pandemia decretada por el nuevo coronavirus, el Ministerio de Educación (Meduca) aprobó un resuelto mediante el que establece, de manera transitoria, el procedimiento para hacer efectivo el pago de la segunda partida de la ‘Beca Universal’ a los estudiantes de los centros escolares públicos y privado.

Esto se hace necesario porque entre los requisitos previos para recibir este beneficio se estableció que los estudiantes deben cumplir con una buena asistencia a clases durante el año escolar, lo que no ha sido posible tras la declaración de Emergencia Nacional y la aprobación del Decreto Ejecutivo 472 del 13 de marzo de 2020, a través del que se suspendió la celebración de eventos masivos, lo que conllevó la suspensión provisional de las clases en los centros educativos a nivel nacional para evitar los niveles de propagación y gravedad del virus en el país.

Y es por ello, que se aprobó el  Resuelto 2389 de 10 de agosto de 2020, a través del que “se establece de manera transitoria el procedimiento interno en el Ministerio de Educación para hacer efectivo el segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal a los estudiantes que cursen la educación primaria, premedia y media del subsistema regular y de educación especial del subsistema regular”.

Para tal fin, el Meduca debe remitirle al instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), los listados oficiales de los estudiantes que cumplan el nuevo calendario escolar a través del que se oficializó la educación a distancia no presencial a partir del 20 de julio de 2020 en todo el país.

En tanto que la Dirección Nacional de Educación Particular deberá mantener actualizada la base de datos con la información relevante de los diferentes centros educativos particulares autorizados para funcionar en el país, la cual deberá ser compartida  con la Dirección Nacional de Informática.

Y los centros educativos  particulares cuyos estudiantes sean beneficiados con la Beca Universal, deberán  elaborar el listado de asistencia de los estudiantes  y presentarlo a la Dirección Nacional de Educación Particular para su respectiva validación

El IFARHU realizó el primer desembolso correspondiente al pago de la Beca Universal, conforme al pago establecido para estos fines, sin embargo, a la fecha se mantiene pendiente de realizar el segundo pago de este beneficio a todos los estudiantes del país.

En la actualidad con la ‘Beca Universal’, los estudiantes de primaria reciben como pago por trimestre 90 dólares, premedia 120 dólares y media 150 dólares. La primera partida de la ‘Beca Universal’ para el año escolar 2020 ascendió a 76 millones de dólares.

Escándalos de corrupción alejan al rey emérito Juan Carlos I de España

Esta semana España amaneció con la noticia en sus principales medios informativos sobre la salida de su territorio del rey emérito, Juan Carlos I, en medio de escándalos de corrupción que comenzaron en 2018, y que en las últimas semanas se han acentuado, contra el ex Jefe de Estado.

A través de una misiva dirigida a su hijo y difundida por la Casa del Rey, Juan Carlos I asegura que “con el mismo afán de servicio a España que inspiró” su reinado y, “ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados” de su “vida privada”, ha tomado la “meditada decisión” de trasladarse en estos momentos “fuera de España”. El padre del Rey asegura haber tomado esta decisión para “contribuir a facilitar” a su hijo el ejercicio de la responsabilidad que supone la jefatura del Estado. “Mi legado, y mi propia dignidad como persona, así me lo exigen”, afirmó. 

Destino del Rey Emérito

En el comunicado no se especifica en qué país vivirá a partir de ahora el padre de Felipe VI, de 82 años de edad, y presenta su salida como una decisión voluntaria, aunque consensuada con su hijo, que le ha mostrado su “sentido respeto y agradecimiento” por el paso que ha dado.

Pero según reportes de medios españoles, el rey emérito se encuentra ya en República Dominicana, a donde habría llegado en avión procedente de Oporto (Portugal). Además señalan que Juan Carlos I sería huésped de Pepe Fanjul, un magnate del azúcar, dueño de un complejo hotelero de lujo en la isla caribeña con el que mantiene una estrecha amistad. La Casa del Rey no confirma ni desmiente esta información y fuentes próximas al padre de Felipe VI señalan que el país donde pase las próximas semanas no tiene por qué ser su residencia definitiva.

Tras recordar que a finales de mayo del año pasado decidió apartarse de la vida pública y dejar de desarrollar actividades institucionales, Juan Carlos I sostiene que da este paso desde “el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones” y al propio Rey. Una decisión que toma, añadió, “con profundo sentimiento, pero con gran serenidad”.

“He sido Rey de España durante 40 años y durante todos ellos siempre he querido lo mejor para España y para la Corona”, concluye la carta de Juan Carlos I, que se despide de Felipe VI con estas palabras: “Con mi lealtad de siempre. Con el cariño y afecto de siempre, tu padre”.

La Casa del Rey aseguró que Felipe VI ha transmitido a don Juan Carlos su “sentido respeto y agradecimiento ante su decisión”.

“El Rey desea remarcar la importancia histórica que representa el reinado de su padre, como legado y obra política e institucional de servicio a España y a la democracia; y, al mismo tiempo, quiere reafirmar los principios y valores sobre los que esta se asienta, en el marco de nuestra Constitución y del resto del ordenamiento jurídico”, concluyó el comunicado.

Se informó que Juan Carlos I no perderá el título honorífico de Rey, concedido por un real decreto de junio de 2014, pocos días antes de su abdicación. El padre de Felipe VI se había negado a renunciar voluntariamente a este título, que no conlleva ningún privilegio asociado, y su hijo no ha querido despojarlo del mismo contra su voluntad, como hizo con su hermana Cristina, a raíz del caso Urdangarin.

Empiezan problemas

Según informan medios españoles, los problemas para Juan Carlos I comenzaron en el verano de 2018, cuando agentes de la Policía Judicial suiza enviados por el fiscal Yves Bertossa, entraron a registrar la gestora  de fondos del administrador de fortunas, Arturo Fasana. En aquel registro, Bertossa halló dos fundaciones con cuentas en bancos suizos. La fundación de Liechtenstein Zagatka, de Álvaro de Orleans, primo lejano del rey emérito, que pagó vuelos privados de Juan Carlos I y de Corinna Larsen, examiga del Rey; y la fundación panameña Lucum, cuyo primer beneficiario era Juan Carlos I y, el segundo, Felipe VI.

Cuando se hizo pública esta noticia, en marzo de 2020, el actual jefe de estado anunció que renunciaba a la herencia de su padre y comunicó que un año antes Corinna Larsen había enviado una carta a La Zarzuela informándole de que el nombre del actual Rey aparecía junto a los de sus hermanas como beneficiarios de esa fundación. La Casa Real tomó la decisión de informar al Gobierno y acudir a un notario para rechazar cualquier dinero de estas cuentas.

En junio pasado, el Tribunal Supremo abrió una investigación sobre la participación de Juan Carlos I en el contrato en Arabia Saudí de una línea de tren de alta velocidad, después de que el diario suizo La Tribune de Geneve informase de que el exmonarca había recibido 100 millones de dólares por parte del rey saudí.

Y es que la investigación suiza reveló que Arturo Fasana ingresó el 8 de agosto de 2008 en la cuenta de Lucum, en la banca privada Mirabaud, 100 millones de dólares (64,8 millones de euros al cambio de entonces) procedentes del Ministerio de Finanzas de Arabia Saudí. Cuatro años después, el dinero fue transferido por orden del entonces jefe del Estado a una cuenta en Nassau (Bahamas) del banco Gonet & Cie a nombre de la sociedad instrumental Solare, propiedad de Corinna Larsen. Las cuentas de los sospechosos fueron embargadas y se abrió una causa secreta por blanqueo de capitales contra los implicados en la creación de la estructura y en la recepción del dinero.

Hasta su salida de territorio español, no existe ninguna investigación contra el Rey emérito en España, aunque fuentes judiciales suizas no descartan que lo sea en el futuro. La información enviada por Suiza a las autoridades judiciales españolas ha arrojado dudas sobre conductas del rey emérito posteriores a junio de 2014, cunado perdió el blindaje constitucional de la inviolabilidad. Aunque ya sea imputable, el rey emérito está aforado en el Supremo, por lo que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, decidió a principios de junio que la Fiscalía del alto tribunal asumiera el caso. Esta fase de la investigación debe determinar si hay indicios suficientes de que el anterior jefe del Estado pudo cometer algún delito desde que dejó el trono. Los investigadores trabajan fundamentalmente con dos posibilidades: blanqueo de capitales (intentar ocultar el origen ilícito del dinero) y delito fiscal.

El diario EL PAÍS develó el pasado 4 de julio, que la examiga del rey emérito, Corinna Larsen , había declarado ante el fiscal suizo que don Juan Carlos le donó 65 millones de euros que supuestamente le había regalado el rey de Arabia, Abdullah bin Abdulaziz. A partir de ese momento se produjo una serie de informaciones sobre las cuentas del anterior jefe del Estado en paraísos fiscales que amenazaban con erosionar el prestigio de la Monarquía.

(Con información de medios informativos internacionales)

Asamblea Nacional de Diputados aprueba reformas al Código de Trabajo

La Asamblea Nacional de Diputados aprobó este viernes 31 de julio, el proyecto de 354 que establece medidas temporales de protección del empleo en las empresas afectadas por el COVID 19, lo que ha sido calificado como “lamentable” por los gremios de trabajadores, ya que son reformas al Código de Trabajo que desmejoran las condiciones de la clase trabajadora.

La ministra de Trabajo, Doris Zapata, quien presentó la propuesta ante el legislativo, explico que el proyecto de ley tenía carácter temporal con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020. De acuerdo con la funcionaria el objetivo de la propuesta es la protección del empleo, evitar la discriminación laboral, la protección a los trabajadores y de la maternidad.

Esta nueva legislación, propone la extensión de las suspensiones de los efectos de los contratos de trabajo hasta el 31 de diciembre de 2020, entre otros temas de interés laboral que fueron planteados y otros acordados en consenso de las consultas hechas a los trabajadores, empleadores que se dieron en la Mesa Tripartita de Diálogo por la Economía y el para el Desarrollo Laboral, dijo Zapata.

La iniciativa que recibió varias modificaciones en su contenido original, tanto en el primero como en el segundo debate, de acuerdo con los diputados y el Ministerio de Trabajo, incluye reformas temporales, que no pretenden hacer reformas al Código Laboral, sin embargo las organizaciones de trabajadores precisan que son reformas al Código de Trabajo que desmejoran sus situación laboral.

Al respecto, Nelva Reyes, secretaria general de la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá, indicó “nos opusimos permanentemente a que el Código de Trabajo fuera reformado. Hoy lo han reformado para beneficiar al sector empleador”.

Reyes dijo que contrario a lo que argumenta el Mitradel que esta era una reforma dirigida a garantizar el empleo, esta ley se aplicaría a todas las empresas que han cerrado, o que están trabajando a medias, no protege el empleo, porque no prohíbe el despido y sigue protegiendo el mutuo acuerdo que ha sido desfavorable a los trabajadores.

Asimismo permite las modificaciones de las jornadas laborales a solicitud de los empleadores y también se desprotege a las mujeres embarazadas, ya que no hay quien le pueda garantizar el pago de los  meses en los que sus contratos estuvieron suspendidos.

“Nos han desprotegido en estos aspectos de la ley que hoy lamentablemente aprueban. Es un retroceso en el marco de nuestros derechos”. Se quejó Reyes.

La dirigente sindical afirmó que tomaran todas las acciones legales que les permite la ley. Presentarán recursos ante la Corte suprema de Justicia, igualmente harán las denuncias a nivel internacional ante la Organización Internacional de Trabajo y  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Hoy el sector empresarial sale una vez más a través de un gobierno PRD y a través de gobierno nacional, favorecido con las medidas que se toman, han sido favorecidos con lo que se le ha dado a través de la banca,  de todos los préstamos que se el han dado, y desprotegiendo a quienes estamos cargando la crisis  del Coronavirus, lo que nos indigna”,  precisó Reyes.

Entre las normas que incluye esta propuesta de ley figuran temas relativos al reintegro de los trabajadores con contratos suspendidos, fórmulas para el pago de la segunda partida del décimo tercer mes para los trabajadores suspendidos, los que han trabajado parcialmente y  para quienes hayan  laborado de forma completa durante la pandemia.

Igualmente establece cómo queda la situación de las trabajadoras con fuero de maternidad, cuyos contratos hayan sido suspendidos, y las normas para la contratación de nuevos trabajadores  por parte de las empresas durante esta crisis.

También incluye el  procedimiento para la suspensión de los contratos de los trabajadores que no sean reintegrados a sus puesto de trabajo.

Las principales modificaciones

El artículo 2, modificado, prohíbe la contratación de nuevos trabajadores en igual o similar posición a la de un trabajador suspendido. En aquellas empresas que reactiven sus actividades económicas solo se permitirá la contratación de nuevos trabajadores si las empresas requieren nuevos puestos de trabajos.

Además precisa que los trabajadores que no sean reintegrados con la reapertura de las empresas de acuerdo con los descrito mantendrán suspendidos sus contratos hasta que sean reintegrados.  Las suspensiones de estos trabajadores podrán ser prorrogados mes a mes hasta el 31 de diciembre del 2020, conforme a los procedimientos establecidos para tal fin por el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo. En estos casos no se aplicará la figura del silencio administrativo.

En tanto que el articulo 3 modificado señala que el reintegro gradual de trabajadores con contratos de trabajo suspendidos no podrá ser utilizado como medida de represalia o discriminación por razones sindicales de raza, sexo o religión, salud, discapacidad o de cualquier otro tipo en perjuicio de los trabajadores, y en caso de darse algunas de estas irregularidades,  los trabajadores podrán denunciar ante la Dirección General de Trabajo o Direcciones Regionales del Mitradel las medidas de represalias o de discriminación en las que incurra el empleador al momento de determinar el reintegro gradual”.

Por su parte el artículo 5 modificado establece, que todos los trabajadores que no reciban la segunda partida del décimo tercer mes por razones de la suspensión de sus de sus contratos de trabajo al no haber laborado entre el 15 de abril y el 15 de agosto de 2020 tendrán derecho a recibir un bono cuya cuantía  será determinada por el Órgano Ejecutivo y será pagada través  del  Ministerio de Economía y Finanzas. El original señalaba que tendrían derecho a percibir la suma de cincuenta Balboas (B/.50.00).

 

 

En el caso de los trabajadores que hayan laborado parcialmente en este periodo por razón de la suspensión de los efectos de sus contratos de trabajo, se precisa que el empleador pagará proporcionalmente la suma que corresponda  a la segunda partida del décimo tercer mes. El proyecto original establecía que se les pagaría proporcionalmente la suma que les corresponda o la suma de cincuenta dólares (B/.50.00), según sea más favorable al trabajador.

Y los trabajadores que hayan laborado ininterrumpidamente entre el 15 de abril y el 15 de agosto del 2020, recibirán el pago de la segunda partida del décimo tercer mes correspondiente al año 2020 de acuerdo al decreto de gabinete 221 del 18 de noviembre de 1971, a cargo de su empleador, es decir, en un solo pago el día 15 de agosto de 2020. El original establecía el empleador podría cancelar el pago, la mitad el 15 de diciembre de 2020 y la otra mitad el 15 de enero de 2021.

Por su parte el articulo 10 modificado, que adiciona el artículo 116 A al Código de Trabajo, señala que se suspende el computo del tiempo correspondiente al fuero de maternidad durante el periodo de suspensión de los efectos de los contratos de trabajo cuando este corresponda a los numerales, 8 y 9, del artículo 199 del Código de Trabajo el tiempo restante del fuero se reactivará tan proto se reintegre la trabajadora. El original establecía que las suspensiones de los efectos de los contratos de trabajo, aunque interrumpen la obligación de prestar el servicio convenido y la de pagar el salario de esos lapsos, no perjudicará en forma alguna a las trabajadoras que se encuentren protegidas por el fuero de maternidad. El tiempo correspondiente al fuero de maternidad no se contará durante el periodo de suspensión de los efectos de los contratos de trabajo. El tiempo restante del fuero se reactivará tan pronto se levante la suspensión del contrato.

La Universidad de Panamá aprueba exoneración de pago de matrícula y mantiene clases virtuales

Las autoridades de la Universidad de Panamá aprobaron mantener las clases virtuales y la exoneración en el cobro de las matrículas para estudiantes nacionales y extranjeros durante el segundo semestre académico de 2020, tras la crisis económica que enfrentan los estudiantes por los efectos económicos causados por la pandemia del Covid-19.

El rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, anunció que el miércoles 29 de julio de 2020, el Consejo Administrativo de la Universidad de Panamá aprobó la exoneración del pago de  matrículas para todos los estudiantes que cursan carreras de licenciaturas, técnicas y además se han incluido las carreras de profesorado, tanto para nacionales como para extranjeros.

Flores señaló, en una entrevista a un medio televisivo, que la decisión se tomó luego de analizar un estudio sobre la distribución económica de los estudiantes matriculados en la Universidad de Panamá, realizado en 2019, antes del impacto de la pandemia generada por el coronavirus.

En ese informe reveló que se detectó que el 67% de los estudiantes tiene ingresos familiares por debajo de los 800 dólares mensuales, es decir, de cada 3 estudiantes, 2 de ellos provienen de familias que tienen ingresos por debajo de los 800 dólares. En tanto que entre los 800 y mil 600 dólares de ingreso familiar hay alrededor del 25% del estudiantado y solo el 8% tiene ingresos superiores a los mil 700 dólares. “Esto era sin pandemia, y la pandemia lo ha agravado aún más”, afirmó el docente.

Esta medida, representa 1.3 millones de dólares que la Universidad de Panamá va a dejar de percibir tras la aplicación de esta medida, señaló Flores.

Otras de las alternativas adoptadas para incentivar y mantener la matrícula, afirmó Flores, fue la firma de un acuerdo con las empresas telefónicas para que la plataforma que está bajo el dominio de la Universidad de Panamá, no consuma data a fin de facilitar la conectividad de los estudiantes. Es por ello, que han recomendando a los docentes de ese centro de estudios superiores que utilicen esta plataforma para dictar sus clases.

Para regular las clases virtuales, una comisión del Consejo Académico aprobó una propuesta, que será discutida el miércoles 5 de agosto, por una sesión de este ente académico, indicó el funcionario.

“La Universidad de Panamá en 84 años ha graduado a más de 275 mil profesionales, esa es medianamente nuestra prioridad, nosotros hemos sacrificado, alrededor de 1.3 millones de dólares que representan la matricula, más otro tanto que corresponde al seguro estudiantil, eso es poco con respecto al beneficio que la Universidad siga entregando a la sociedad profesionales de calidad”, puntualizó el rector Flores.

De acuerdo al Calendario Académico de la Universidad de Panamá, el proceso de matrícula se dará entre el 17 al 29 de agosto. Las clases empezarán el 31 de agosto hasta el 5 de diciembre.

DATOS DE LA INVESTIGACIÓN

Estudios realizados por investigadores en el campo de la educación panameña han revelado que los estudiantes panameños, tanto de educación pública y del nivel público universitario no cuentan con los aparatos tecnológicos y acceso a internet, herramientas esenciales, para acceder a una educación a distancia, no presencial, que se impone en momentos en que el mundo atraviesa una de las peores crisis sanitarias por la proliferación de los contagios con el mortal coronavirus.

La situación económica precaria de los hogares de esos jóvenes no les permite la adquisición de los nuevos aparatos tecnológicos, como computadoras, laptop, y tablet, y mantener los servicios privados de internet.

Uno de estos estudios fue elaborado por el exministro de Educación, Miguel Ángel Cañizales, director de Investigación y Postgrado de la Facultad de Psicología de la Universidad de Panamá, cuyos indicadores básicos se refieren a la disponibilidad y uso de las tecnologías de la información en los hogares de estudiantes de ese centro de estudios superiores.

La muestra estudiada fue de 176 estudiantes, de los cuales participaron 126, del sexo femenino que representa, el 72%, de los alumnos; y 50 pertenecen del sexo masculino, que representó el 28%.

El director de Investigación y Postgrado de la Facultad de Psicología de la UP, reconoció que esta es una muestra que no es representativa de los casi 76,000 estudiantes de esa universidad, sin embargo representa la realidad de 176 estudiantes, que puede servir para tener una aproximación teórica de la situación que están viviendo y redireccionar las acciones en el segundo semestre del 2020.

Colegios particulares presentan propuesta de ‘auxilio económico’ al Meduca para evitar cierres

Las asociaciones de colegios particulares de Panamá, presentaron una propuesta consensuada al Ministerio de Educación (Meduca), a través de la que piden “un auxilio económico” de 100 dólares por estudiante hasta el 31 de diciembre para solventar la crisis económica que afrontan y que amenaza con provocar el cierre de cientos de planteles educativos.

En la propuesta presentada se establece que el apoyo cubriría un periodo de seis meses, que va de julio a diciembre de 2020, con opción de prorrogarse dependiendo del desarrollo de la situación sanitaria del país. El apoyo incluiría a los 727 planteles privados -que aglutinan a unos 160 mil estudiantes- y sería destinado, principalmente al pago de las mensualidades de las colegiaturas y administrado por los centros educativos.

En un comunicado, avalado por la Asociación Panameña de Colegios Particulares (APCP), la Asociación de Colegios de Panamá Norte (ACOPAN), la Asociación de Centros Educativos Particulares Unidos de Panamá (ACEUPA), la Asociación Cristiana para el Desarrollo Educativo (ACRIPADE), la Asociación de Centros Educativos Particulares (APACEP), y la Unión Nacional de Padres, Acudientes y Asociaciones de Padres de los Centros Educativos Particulares (UNADEPA), se indica que la propuesta se presentó la semana pasada a la ministra de Educación, Maruja Gorday.

Según sustentan los gremios, la crisis producida por la pandemia sanitaria Covid-19, ha afectado económicamente a muchos padres de familia, quienes al mantenerse en un estado de insolvencia económica no pueden honrar sus compromisos contractuales de pago con las escuelas, de tal modo que alrededor de 577 de estos colegios particulares se encuentran cerrados.

Además recalcan que las escuelas particulares dependen exclusivamente de los pagos de las mensualidades de la colegiatura, su principal fuente del sustento económico, con los que le hacen frente a los costos de planilla y demás gastos operativos.

Sin embargo, estos pagos se han visto afectados, en razón de que una gran mayoría de los padres de familia debido a la pandemia y a la crisis económica que afecta al país han perdido su puesto de trabajo o mantienen suspendidos sus contratos de trabajo.

“Para poder seguir operando, los colegios particulares necesitan de estos ingresos, sin ellos, no pueden asumir los costos de operación y por ende no pueden pagar a los más de 35 mil docentes y administrativos que laboran en estos planteles”, apuntan los gremios.

Igualmente advierten que de no recibir este “auxilio económico”, muchos centros educativos se sumarán a los que ya han anunciado el cierre de sus puertas. Esto, precisan, ocasionaría la migración masiva de estudiantes del sector privado al sector público, provocando una crisis en el sector educativo.

En la propuesta los gremios docentes, destacan que las cerca de 727 escuelas particulares, por años han compartido la carga de estudiantes con el sector público, liberando así, al Estado panameño, del gasto de miles de millones de dólares al acoger en sus aulas a más de 160 mil estudiantes.

Esto, añaden, porque cada estudiante en el sector público, de acuerdo a cifras del MEDUCA, le cuesta al Estado 2 mil 400 dólares anuales, por lo que de darse la migración de estudiantes del sector privado al sector público, el presupuesto de MEDUCA, que en el 2019 fue de B/1.800.000.000 millones, tendría que incrementarse en varios miles de millones de dólares más para los próximos años.

Trabajadores despedidos en 1990 reciben el pago de cuotas de la CSS que incrementará sus pensiones

Un total de 5.1 millones de dólares canceló a la Caja de Seguro Social (CSS) al Estado panameño en concepto del pago correspondiente a 120  cuotas obrero- patronal de  los 270 funcionarios despedidos en base a Ley 25 de 1990, que fue declarada improcedente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Esto se hace en virtud del cumplimiento del fallo emitido por la CIDH, mediante sentencia del 2 de febrero de 2001, que fallo a favor de los empleados y declaró improcedente las destituciones.

Cabe destacar que de la sentencia al Estado panameño emitida por la CIDH, sólo restaba cumplir con este pago de 120 cuotas obrero-patronal a los 270 trabajadores.

De acuerdo con la CSS, esta medida que reconoce 120 cuotas a estos trabajadores establecida mediante Ley 99 del 11 de octubre de 2019, favorece en gran parte la pensión actual que reciben estos trabajadores, elevándose en algunos casos hasta la pensión máxima a mil quinientos balboas (B/1,500.00) que se otorga en base a la Ley 51 del 27 de diciembre de 2005.

Uno de los beneficiados, el señor Andrés Alemán, primer notificado, manifestó que se siente feliz porque se les hizo justicia, la cual mejorará su condición de vida y la de su familia, al igual que la de todos sus compañeros de lucha.

A través de este proceso, la CSS en conjunto con el Ministerio de Económica y Finanzas (MEF), cumple con el mandato de la CIDH, notificando a los beneficiarios.

Detalles del caso

La CIDH condenó, en el 2001, a Panamá al pago de una serie de prestaciones laborales a los 270 trabajadores que fueron despedidos durante la administración de Guillermo Endara (Q.E.P.D) bajo la acusación de conspirar contra el Estado

Los trabajadores fueron despedidos mediante la Ley 25 de 1990 después de realizar un paro nacional que coincidió con una sublevación policial que encabezó el coronel retirado Eduardo Herrera, unos meses después de la invasión de Estados Unidos a Panamá.

El 2 de febrero del 2001 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Costa Rica, dio curso favorable a una demanda de los trabajadores contra el Estado.

Extensión de suspensión de contratos laborales en manos de los diputados

El Proyecto de Ley que establece medidas temporales de protección del empleo, aplicable únicamente en las empresas que cerraron, total o parcialmente sus operaciones, desde el inicio del Estado de Emergencia Nacional por la pandemia del coronavirus, no incluye reformas al Código de Trabajo, salvo una adición relacionada con el fuero maternal, informó la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata.

Los trabajadores por su parte, insisten en que se está abriendo el compás para reformas el código que normas las reglas laborales en el país. El asesor legal de la CGTP, Guillermo García dijo que el proyecto incluye reformas al Código de Trabajo e introduce normas perjudiciales para el trabajador.

García explicó que el proyecto excluye a los trabajadores de las empresas que no fueron cerradas durante la pandemia, suspende los contratos de trabajo más allá de lo que establece la ley, reduce el recargo del monto que se paga por horas extras trabajadas, al igual que el de los días feriados laborados, entre otros aspectos que perjudican a la clase trabajadora.

Durante la presentación ante el pleno de la Asamblea Nacional de Diputados, que sesiona de manera virtual por motivos de la pandemia, señaló que el proyecto de ley que presentamos hoy ante ustedes toma medidas para proteger el empleo en las empresas afectadas por el covid-19, recoge algunos de los consensos que desde la técnica jurídica deben ser convertidos en normas de obligatorio cumplimiento mediante ley”.

La funcionaria precisó que a través del proyecto se adiciona el artículo 116A al Código de Trabajo en el que se indica que el fuero de maternidad no incluirá el periodo de suspensión de los efectos del contrato de trabajo de la mujer embarazada y que el tiempo de vigencia del fuero se continuará después que se levante la suspensión del contrato de trabajo.

Salvo la adición de un artículo al Código de Trabajo, afirmó Zapata, “este proyecto, no reforma en absoluto el Código de Trabajo. Son normas temporales y la mayor parte de sus normas regirán hasta el 31 de diciembre de 2020”.

El proyecto de ley establece que los contratos suspendidos por razón de la pandemia mantengan esa condición hasta el 31 de diciembre de 2020, a la vez que regula el pago de la segunda y la tercera partida del décimo tercer mes a los trabajadores afectados por esta suspensión de contrato. A la fecha en el país hay más de 250 mil contratos de trabajos suspendidos por las afectaciones económicas ocasionadas por la crisis sanitaria del Covid-19.

Zapata indicó que la propuesta de ley ordena que el reintegro para los trabajadores suspendidos no puede ser utilizado bajo ningún concepto como un medios de discriminación de ninguna índole bajo la pena de multa. Además establece que la terminación de la relación de trabajo por mutuo acuerdo deberá ser realizada ante las autoridades administrativas del Mitradel, y en caso contrario, se considerará nula esa terminación y el trabajador podrá solicitar su reintegro.

También el proyecto establece que los trabajadores reintegrados después de la suspensión de sus contratos que sean despedidos en los tres meses siguientes a su retorno al empleo tendrán derecho al pago del 100% de sus prestaciones en el mismo momento que son despedidos.

Además propone que el cálculo de la prima de antigüedad y de la indemnización a que tenga derecho el trabajador cuyo contrato haya sido suspendido, tendrá como base los salarios devengados antes de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional el pasado 13 de marzo.

Esta propuesta debe ser remitida a la Comisión Salud, Trabajo y Desarrollo Social, para su discusión en primer debate, instancia que iniciará un el periodo de consultas públicas, donde los interesados en aportar podrán emitir sus planteamientos para el debate de los diputados.

Se trata de una norma de carácter temporal, hasta el 31 de diciembre de 2020 y que solo aplicará a las empresas donde las condiciones laborales se hayan visto afectadas por la pandemia, de acuerdo con el Mitradel.

Proyecto de Ley sobre moratoria pasa a tercer debate con modificaciones 

El pleno de la Asamblea Nacional, aprobó este miércoles 17 de junio, en segundo debate, el proyecto de Ley No 287, objetado parcialmente por el Ejecutivo, que establece una moratoria financiera en el pago de servicios y préstamos, con la inclusión de varias modificaciones y el retiro del artículo 3, que proponía la suspensión del cobro de cánones de arrendamientos de oficinas, locales comerciales y habitacionales.

El Ejecutivo convocó a la Asamblea Nacional a sesiones extraordinaria del 15 al 18 de junio para abordar este tema, por lo que desde ayer se inició el debate en el pleno, que se declaró en sesión permanente.

La eliminación del artículo 3 del proyecto 287, fue aprobado con 52 votos a favor, 4 en contra y cero abstenciones. En tanto que la modificación del artículo 5 que establece el Bono Solidario, fue aprobada 36 votos a favor, 14 en contra y cero abstenciones. La modificación establece que corresponderá al Ejecutivo establecer el monto de esta ayuda.

Durante el primer día de debate en el pleno, las comisiones de Gobierno y de Economía y Finanzas, presentaron sus respectivos informes, en los que acogieron el veto parcial realizado por el Ejecutivo a los proyectos, 2, 3, 4 y 7, por inconveniente y a los artículos 4,5y7 por inexequibles.

En su informe, la Comisión de Economía y Finanzas presentó modificaciones a los artículos 2, 4, 7 y solicitó la eliminación del artículo 3 del proyecto No 287, que suspende el cobro de los cánones de arrendamiento de oficinas, locales comerciales y habitacionales.

En tanto que el Informe de la Comisión de Gobierno, también acogió el veto parcial del Ejecutivo a los artículos 4,5y7 por inexequibles.

El presidente de la Comisión de Gobierno, Leandro Ávila, dijo que el artículo 5, que establece el bono solidario y precisa que su monto debería estar a la par del costo de la canasta básica de alimentos, si contraviene la Constitución Política, específicamente el artículo 163, que prohíbe a la Asamblea Nacional autorizar partidas no previstas en el presupuesto general.

Según el diputado, Juan Diego Vásquez, los argumentos legales para vetar parcialmente el proyecto de ley No 287, son los mismo que se utilizaron para aprobar el proyecto de Ley No 295, actualmente Ley 132, que establece moratoria en el pago de los servicios públicos, de internet y telefonía.

“Esos son contratos privados, porque la constitución y la ley así lo determinan y en ese caso el presidente decidió firmar la ley y hacerla cumplir”.

Sobre la objeción por inexequibilidad, se argumenta que el artículo 3 del proyecto 287 contraviene el artículo 47 de la Constitución Política que garantiza la propiedad  privada. A esta afirmación Vásquez dijo que el artículo 284 de la Constitución establece que el estado intervendrá, en base a las leyes establecidas, todas clases de empresas para hacer efectiva la justicia social.

Este jueves se reanuda a las 10:00 a.m., el tercer debate de este proyecto

Moratoria de pago a servicios y préstamos podría extenderse hasta el 2021

Los efectos del proyecto de Ley No.287, que establece la moratoria en el pago de servicios y préstamos bancarios podrían extenderse hasta el año 2021, de acuerdo con algunas propuestas de modificación planteadas por algunos diputados durante la instalación de las sesiones extraordinarias convocadas para discutir y aprobar el veto parcial del presidente, Laurentino Cortizo, a esta propuesta de ley.

Para ello, este lunes en horas de la mañana, el presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero, declaró abierta las sesiones extraordinarias convocadas por el Órgano Ejecutivo del 15 al 18 de junio.

Asimismo la Comisión de Economía y Finanzas, presidida por la diputada, Cenobia Vargas, se reunió con el fin de aprobar el informe del veto parcial del Proyecto de Ley No.287.

Durante esta sesión, Vargas dijo que se aprobaron algunas recomendaciones que serán remitidas este martes 16 de junio, al pleno legislativo para su consideración y aprobación.

Entre estas modificaciones, se propondrá extender el plazo de la moratoria hasta el 31 de diciembre. Esto solo para las personas que tienen suspendidos sus contratos o quedaron cesantes, advirtió la diputada. El proyecto de ley vetado proponía esta moratoria para los meses de marzo, abril y mayo. En tanto que el acuerdo pactado con los bancos la extiende hasta diciembre próximo

Moratoria más allá del 31 de diciembre

Para el diputado, Leandro Ávila, presidente de la Comisión de Gobierno, la moratoria debe proyectarse más allá del 31 de diciembre, porque no hay certeza que esta pandemia y la crisis económica mundial que nos afecta culmine a final de este año.

En este sentido afirmó que al proyecto vetado se le debe agregar un párrafo o un artículo que faculte al Ejecutivo a renegociar, de ser necesario, el acuerdo pactado con la banca, más allá del 31 de diciembre.

Ávila, precisó que hay que facilitarle la vida a los panameños, toda vez que los gremios empresariales han reconocido que se han perdido entre 250 a 300 mil empleos, lo que significa que estos trabajadores tendrán que acogerse a una moratoria.

Y es que esta iniciativa, presentada por la diputada Zulay Rodríguez, busca apoyar a los ciudadanos que han percibido una disminución en sus ingresos o cuyos contratos laborales hayan sido cesados o suspendidos, también a trabajadores independientes, así como aquellas pequeñas y medianas empresas que se han visto en la obligación de cerrar sus negocios.

Actualmente el Mitradel ha señalado que hay más de 170 mil contratos de trabajos suspendidos en el país. Además expertos han advertido que el desempleo en el país, que antes de la crisis se situaba en un 7.1%, podría llegar hasta el 20% tras la pandemia.

Apoyo para los más afectados

Por su parte, la diputada Zulay Rodríguez, indicó que, decidieron acoger el informe para poder enviarlo al pleno y hacer las recomendaciones, con el objetivo de sacar un proyecto de ley que proteja a los panameños más humildes que están pasando por un mal momento en estos tiempos.

Explicó que, muchos ciudadanos que la contactan le dicen que los bancos les siguen mandando notificaciones de cobros y que les exigen el pago, aunado al cobro de los intereses más caros de Latinoamérica con un 18, 19 y 20%.

Cortizo anuncia veto a proyecto 287
El pasado 4 de mayo, el presidente Laurentino Cortizo vetó parcialmente el proyecto, alegando, entre otras cosas, que el documento ponía en riesgo a las entidades financieras del país. El mandatario consideró como “inconvenientes” los artículos 2, 3, 4 y 7, pero también señaló como inexequibles los artículos 4, 5 y 7.

En su discurso cuando anuncio el acuerdo con la banca y el veto al proyecto 287, el mandatario dijo que “alguno de los contenidos de tres de los cinco proyectos de ley de moratoria, pudieran violar la Constitución, por eso hemos vetado parcialmente algunos aspectos del proyecto de ley 287, para lo cual se convocarán a sesiones extraordinarias en la Asamblea Nacional”.

Pero que establecen los artículos, 2,3,4 y 7

El artículo 2 del proyecto vetado estable la suspensión por 90 días del pago de préstamos hipotecarios, personales, tarjetas de crédito, de préstamos comerciales, al sector transporte y agropecuario. También la suspensión del cobro del FECI, las mensualidades de colegio privados, de descuentos directos y pagos de servicios públicos (electricidad, telefonía, internet).

Este artículo precisa que mientras duren estas medidas de suspensión de las obligaciones y términos por la pandemia y hasta seis meses después de finalizadas las mismas, las instituciones bancarias. cooperativas y financieras no podrán aumentar las tasas de interés a los préstamos hipotecarios, personales, comerciales del sector transporte, ni al sector agropecuario.

Control de precios y cánones de arrendamientos

Por su parte, el artículo 3 fija un régimen especial de control de precios sobre productos de higiene, limpieza del hogar y oficinas, y medicamentos para uso de seres humanos y de animales.

En tanto que el artículo 4, establece la suspensión por 90 días prorrogables en toda la República, del cobro de los cánones por arrendamientos de oficinas, locales comerciales y habitacionales, incluyendo el cobro mensual de la cuota de mantenimiento y el cobro de los cánones por arrendamientos de oficinas, locales comerciales y habitacionales, entre cualquier institución gubernamental del Estado y particulares.

Y el artículo 7, señala que la ley, por ser de orden público e interés social, tendría efectos retroactivos a partir del 1 de marzo de 2020

 Artículos vetados por “inexequibles”

Entre estos está el artículo 5, que dice: “una vez vencido el término de la moratoria, los acreedores en común acuerdo con el deudor, deberán establecer los mecanismos necesarios para que el cliente pueda retomar el pago de sus compromisos, sin que ello conlleve el cobro de interés o cualquier otro pago en concepto de gastos administrativos, ni afectación en su referencia de crédito. Igualmente el 4 y 7, también fueron vetados por esta causa.