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Etiqueta: Jurisdicción Especial para la Paz

Otoniel

La defensa de ‘Otoniel’ denuncia las «severas condiciones» en las que se halla en una cárcel de EEUU

«Las condiciones ahora yo las considero severas, pero a la misma vez mi cliente mantiene una disposición, actitud vamos a decir, muy tranquila sobre las condiciones y las circunstancias de su detención», ha revelado Hernández en una entrevista para el periódico colombiano ‘El Tiempo’.

«Lo tienen en un piso muy especial, el contacto es muy limitado con él, las entrevistas son a través de un cristal», ha señalado Hernández, a la vez que ha pedido comprensión por el momento por el que está pasando ‘Otoniel’ teniendo en cuenta que se encuentra en un país extranjero y bajo un idioma que no conoce.

«El lugar parece un armario pequeño en donde hay una separación por cristal, no hay manera de enseñarle documentos, no hay ese contacto físico con los abogados», ha protestado la defensa de ‘Otoniel’, la cual tiene previsto pedir una mejoría de estas condiciones, pues «este es un caso muy complejo, con muchos documentos» y se necesita otro tipo de interrelación con él, ha explicado.

Si bien lamentado que ‘Otoniel’ no está «muy contento», a pesar de todo, ha asegurado que está siendo «optimista» y que «está manejando bastante bien» todo lo que a ocurrido desde que fuera extraditado a principios de mes de mayo.

Según ha podido saber el abogado de boca del propio antiguo líder del Cartel del Golfo, fue «tratado con respeto» en el avión que le llevó a Estados Unidos. «No hubo ningún tipo de abuso», ha contado.

En otro momento de la entrevista ha asegurado sentirse «sorprendido» con la decisión de no retrasar la extradición pues ‘Otoniel’ estaba rindiendo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). «El estaba en parte del proceso que todos sabemos de testificar sobre la verdad en Colombia y eso está incompleto», ha dicho.

Por otro lado, Hernández ha evitado responder a la pregunta de quién o quiénes están pagando sus honorarios, teniendo en cuenta que gran parte de la familia y la gente cercana a ‘Otoniel’ o bien está presa o en proceso de extradición.

«No estoy en posición ahora de contestar. Le voy a decir que mi trabajo es defender los derechos de mi cliente (…). Vuelvo a hacer hincapié sobre el derecho norteamericano» que «requiere que el cliente sea presumido inocente (…). Así que vamos a dejar ese tema porque yo sé que es un tema que quizás tenga cierta controversia y sea importante para algunas personas, pero estamos en cumplimiento con la ley norteamericana», ha zanjado.

Conocido por haber sido también el abogado del narcotraficante colombiano Henry de Jesús López, alias ‘Mi Sangre’ –condenado en marzo de 2018 a 31 años por tráfico de drogas–, Hernández ha apuntado que si bien es muy temprano para especular sobre posibles penas, lo cierto es que la gravedad de los cargos vaticinan que «la sentencia va a ser severa».

Considerado durante años como el principal jefe de la droga en Colombia, ‘Otoniel’, fue detenido en octubre de 2021. Desde entonces, ha estado intentando desesperadamente evitar su extradición a Estados Unidos, país al que llegó a primeros de mayo y donde se declaró no culpable de todos los cargos por narcotráfico que pesan sobre él.

Paz en Colombia

Cinco años de la paz que apagó a las FARC y partió en dos a Colombia

Teatro Colón de Bogotá, 24 de noviembre de 2016. Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, el primero un presidente liberal premio Nobel de Paz y el otro un campesino de ideas marxistas al frente de un ejército rebelde de 13.000 hombres y mujeres, firman un texto de 310 páginas en un ambiente sobrio y de sonrisas recortadas.

El acuerdo que fue negociado en Cuba contiene reformas políticas y agrarias -la propiedad de la tierra detonó el conflicto-, fórmulas contra el narcotráfico y la promesa de justicia para cientos de miles de víctimas.

Pero poco más de la mitad de los colombianos se opuso en un plebiscito previo a la firma, lo que obligó a ajustar el pacto y hundió al país en la polarización.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entregaron finalmente sus fusiles a la ONU, poniendo fin a medio siglo de fallida y cruenta lucha por el poder.

Y si bien ahora son una fuerza política intrascendente, la paz le abrió paso a una sociedad más activa en la protesta.

– Violencia –

El acuerdo no extinguió la violencia pero ha salvado muchas vidas. Juan Carlos Garzón, investigador de la Fundación Ideas para la Paz, lo ilustra: Antes de 2012, cuando comenzaron los diálogos, la tasa anual de homicidios era de 12.000 por 100.000 habitantes.

«Durante el proceso de negociación, de 2013 a 2016, llegó a bajar a 9.000» homicidios, dijo a la AFP.

Hernando Gómez Buendía, director del portal Razón Pública, revela un dato más certero: cada año morían unas 3.000 personas por el conflicto y en 2017 fueron 78.

Pero otra vez los homicidios están al alza, apunta Garzón: «La mala noticia es que entre enero y septiembre del 2021 estamos de nuevo en un nivel de 10.500 homicidios», añade.

Aunque el grueso de las FARC se desmovilizó, quedaron activas disidencias y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) volvió a la ofensiva tras un intento fallido de paz.

El narcotráfico también tiene sus propios ejércitos. Todas las fuerzas ilegales suman unos 10.000 combatientes, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.

El «vacío de poder y regulación fue copado por otros actores», explica Garzón, y añade otro factor: la incapacidad del Estado de «ofrecer garantías de protección» a la población.

En estos cinco años han sido asesinados 293 excombatientes por sus excompañeros o enemigos de la guerra, mientras otros volvieron a las armas. Y en el centro de todas las violencias: el tráfico de drogas.

El acuerdo, que promovía la sustitución voluntaria de cultivos ilegales, no le hizo mella al negocio: Colombia sigue produciendo y exportando cocaína en cifras récord.

– Víctimas –

Las víctimas están en el centro del acuerdo. Son más de nueve millones entre muertos, heridos, desaparecidos y desplazados.

Las FARC aceptaron la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que también le abrió la puerta a los paramilitares y agentes del Estado implicados en graves violaciones de derechos humanos. A cambio de que confiesen sus crímenes, reparen a las víctimas y no reincidan, podrán eludir la cárcel.

«El proceso de paz le ha cumplido a los victimarios, mientras que a las víctimas que ocasionaron las FARC no les ha cumplido», reniega el general de la policía Luis Mendieta, rehén por casi 12 años.

El oficial se siente excluido de la «institucionalidad de paz» que, además de la JEP, incluye una comisión de la verdad y una unidad de búsqueda de desaparecidos.

Los jueces preparan sus primeras sentencias contra el antiguo mando rebelde por más de 21.000 secuestros, mientras los militares deberán responder por el asesinato de 6.400 civiles presentados como guerrilleros caídos en combate entre 2002 y 2008.

«Estamos cumpliendo, porque estamos compareciendo ante la JEP (…) pero fue una guerra de más de 50 años y para resolverla en uno o dos o tres no va a ser posible», afirma la exguerrillera y senadora Sandra Ramírez.

– Sociedad –

El partido Comunes de los exguerrilleros fue castigado en las urnas y la derecha que más se opuso al pacto alcanzó la presidencia con Iván Duque, quien intentó en vano modificar lo acordado.

«Nos encontramos con un proceso frágil (…) porque la coca había crecido exponencialmente» y los firmantes de paz «volvieron a la vida criminal», dijo el mandatario a la AFP.

Los exFARC, que acusan a Duque de torpedear el convenio y de promover la paz solo ante «los micrófonos», tienen una mínima representación en el Congreso por cuenta de la negociación.

Y en medio avanza un movimiento de protesta que encabezan jóvenes que apenas supieron de la guerra interna.

En los últimos dos años millones se han volcado a las calles, a pesar de la represión policial.

«Fue tanto el cambio, que silenciar los fusiles permitió ver a la sociedad colombiana el estruendoso ruido de la corrupción, la enorme desigualdad que tenemos», concede la senadora Ramírez.

AFP

menores de edad reclutados por las FARC entre 1996 y 2016

JEP cifra en más de 18.600 los menores de edad reclutados por las FARC entre 1996 y 2016

La Sala de Reconocimiento de la JEP, mecanismo especial de la Justicia colombiana que investiga y juzga a los responsables del conflicto interno, ha señalado que los menores no solo fueron forzados a tomar las armas, sino que también fueron víctimas de violencia sexual, torturas, desapariciones y homicidios.

Se trata de «la mejor cifra, la más concreta que se puede hacer en este momento», cuenta la jueza instructora del caso, Lily Rueda. El periodo fijado, explica, se debe a que la JEP pudo identificar cuatro años en los que se produjeron picos de reclutamiento, 1997, 2000, 2002, 2007 y 2013, todos ellos en las regiones en las que operaba el ‘Bloque Oriental’, la principal facción de las FARC.

Antes de que la JEP hiciera pública está cifra, las autoridades colombianas estimaban que entre 1971 y 2016 unos 6.230 menores fueron reclutados a la fuerza por los diferentes grupos armados que operan en el país, aunque responsabilizaban a la ya desaparecida guerrilla de la mayoría de los casos.

Esta informe forma parte del caso 007 de la JEP abierto en marzo de 2019, ‘Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado’, que el derecho internacional estipula como un delito de lesa humanidad, recuerda el periódico colombiano ‘El Espectador’.

Este episodio de las FARC es uno de los más controvertidos, pues los menores no solo habría servido como guerrilleros, sino también en otro tipo de trabajos de intendencia, sabotaje, espionaje, e incluso como víctimas de violencia sexual.

Aunque en un principio, Rodrigo Londoño, uno de los máximos líderes de las FARC y ahora secretario general de Comunes, el partido surgido de la guerrilla, negó que se hubieran producido estos reclutamientos, llegando incluso a presentar ante la JEP todo tipo de recursos, años más tarde rectificó y citó «casos excepcionales» que no contaban con su aprobación.

Además de Londoño, alias ‘Timochenko’ en sus años de armas, otras figuras destacadas de la guerrilla como Julián Gallo, apodado ‘Carlos Antonio Lozada’, Pastor Alape, o Jorge Torres Victoria, conocido como ‘Pablo Catatumbo, acabaron reconociendo la presencia de menores en sus encuentros con la JEP.

EUROPA PRESS