La ministra de Salud encargada, Ivette Berrío, aseguró que Panamá se encuentra cerca de la «situación endémica» respecto a la pandemia del COVID-19, e instó a la ciudadanía a mantener todas las medidas de bioseguridad para continuar ganándole terreno a esta enfermedad.
Berrio precisó que con el nivel de vacunación que se tiene en el país, el control de propagación y la capacidad instalada de los hospitales, «podemos pensar que estamos cerca de la situación endémica», y reiteró que el Gobierno Nacional «está preparado ante cualquier situación que pueda darse por una nueva ola de contagios de esta enfermedad.
«Han sido dos años de dura prueba, hemos ganado terreno y tenemos control, pero no quiere decir que esto se haya terminado. La ciudadanía debe tener en cuenta que aún el coronavirus está, por lo que hay que protegerse y proteger a la familia», señaló la Ministra encargada.
Los números de las últimas cuatro semanas han sido bastante buenos, ya que se ha bajado considerablemente el número de contagios y muertes; aún así, indicó Berrio, «hay que continuar los cuidados y el seguimiento de las medidas de bioseguridad, porque esto no ha terminado».
Sucre, quien se encuentra en Panamá tras haber sido sometido a un procedimiento quirúrgico fuera del país y que aún no se ha reincorporado al cargo, destacó que la mascarilla sigue siendo de uso obligatorio en espacios cerrados como oficinas, salones de clases y lugares donde haya aglomeración de personas, como mercados, centros comerciales, bares, restaurantes y coliseos deportivos cerrados, como gimnasios.
Desde este lunes, es posible no usar la mascarilla en sitios abiertos, y se ha recomendado a las personas que sufren enfermedades crónicas, pacientes inmunosuprimidos, personas no vacunadas o con el esquema de vacunación incompleto continuar usando la mascarilla.
En su cuenta de twitter, Sucre dijo que «corresponde a todos poner nuestro granito de arena para no perder los logros que con muchos sacrificios alcanzamos».
Aún se desconoce cuándo Luis Francisco Sucre se reincorporará a sus funciones como Ministro de Salud. El pasado 15 de febrero, el galeno se separó del cargo para realizarse una evaluación médica y un procedimiento quirúrgico fuera del país; en su lugar, Ivette Berrío asumió el cargo temporalmente.
El día de hoy se ha firmado el acuerdo de Estado sobre la aplicación de vacunas contra la Covid-19 para niños en la comarca Ngäbe Buglé, suscrito entre Ivette Berrío, ministra de Salud encargada; Maruja de Villalobos, ministra de Educación; y Elena Cruz Guerra, cacica general.
En los considerandos del documento, se explica que la cacica general representa al pueblo Ngäbe Buglé, de conformidad con la Ley 10 de 7 de marzo de 1997 y la Carta Orgánica de la comarca Ngäbe Buglé, que la reglamenta.
El acuerdo establece que la vacuna contra la Covid-19 es de carácter voluntario y en los centros escolares de la comarca Ngäbe Bugle solamente serán vacunados los niños que estén en compañía de uno de los padres o el acudiente, y se mantiene la implementación de las medidas de bioseguridad en las aulas de clases.
Las partes acuerdan que el Programa Ampliado de Inmunizaciones (que incluye las vacunas para la prevención de todas las enfermedades), se mantiene de manera regular en los centros educativos del país.
Destaca también que por motivo de la pandemia de la Covid-19, el Gobierno Nacional ha adquirido y puesto a disposición de toda la población del país la vacuna contra el SARS-Cov-2 y mediante el Decreto Ejecutivo No. 868 del 27 de octubre de 2021 se aprueba el Plan de Vacunación contra la Covid-19, que es de carácter voluntario.
La vacuna contra el SARS-Cov-2 se ha aplicado de forma voluntaria a la población en edad adulta y a menores de edad con el consentimiento de sus padres.
Las partes firmantes de este acuerdo tienen el mayor interés en la salud y el bienestar de los niños y de la población Ngäbe Buglé, en el respeto a su cultura y costumbres.
La ministra encargada, Ivette Berrío, informó en rueda de prensa que a partir del lunes 28 de marzo del 2022, se permitirán las actividades religiosas multitudinarias, aquellas congregaciones que consideren realizar estas actividades, deberán cumplir con las medidas de bioseguridad (uso de mascarilla, higiene de manos, etc).
De igual forma, la Ministra indicó que a partir del lunes de la próxima semana se levantará la medida sanitaria del uso obligatorio de la mascarilla en espacios abiertos, siempre que pueda mantenerse un distanciamiento físico de al menos un metro.
Berrío precisó que se mantendrá el uso de mascarillas de forma obligatoria en los espacios cerrados, y en el transporte público de pasajeros, además de la eliminación del uso de pantalla facial, y el aumento al 100% del aforo en el Metro de Panamá y el Metrobús.
La titular de Salud recomendó a las personas mayores de 60 años, que tengan enfermedades crónicas y situaciones de salud que ameritan un cuidado especial, que se mantengan utilizando las mascarillas.
De igual forma, los niños y jóvenes entre 5 y 15 años de edad, que sean pacientes inmunosuprimidos, podrán acudir a los centros habilitados para recibir la tercera dosis contra el COVID-19, 28 días después de aplicada su segunda dosis.
Por otro lado, la ministra Consejera de Salud, Eyra Ruiz, aclaró que el uso de mascarillas se mantiene como obligatorio en las aulas de clases, oficinas públicas y privadas, el transporte público, y cualquier otro sitio que no cuente con la debida ventilación natural, es decir, espacios cerrados.
Representantes de sectores empresariales, productores del campo, sindicalistas y operadores de turismo exigieron ayer al Gobierno Nacional que se adopten las medidas que sean necesarias, para acabar con la zozobra que provocan continuos tranques en las carreteras nacionales, azuzados por políticos de oposición.
En su denuncia formal, los quejosos aseveraron que, en la provincia chiricana todo el mundo sabe quiénes son los que están detrás de estas manifestaciones, las que semana tras semana paralizan la región, afectando su ya golpeada economía.
Por su parte, voceros de la Administración Cortizo hicieron circular ayer, un comunicado oficial y detalles de todas las gestiones realizadas en lo referente al uso de las mascarillas Anti-Covid reiterando que ni en la Comarca indígena, ni en ningún otro plantel, se está obligando a nadie a usarlas; pero reiterando que las disposiciones sanitarias que salvaguardan la salud pública en general, sí tienen que ser acatadas sin distingos de ninguna índole.
Añadieron que los cierres no tienen justificación alguna, y menos las protestas intimidantes, porque en tiempo oportuno se han brindado todas las explicaciones del caso tanto por parte de la Ministra Ivette Berrio de Salud; como por parte de la Ministra Maruja Gorday de Villalobos, del MEDUCA.
Los miembros del Comité de Víctimas y Familiares afectados por este medicamento exigen que se le otorguen las certificaciones que los acrediten como pacientes dependientes, y que se cumplan las promesas hechas en distintas administraciones, de solucionar sus problemas.
El asunto relacionado con las certificaciones es el tema que los manifestantes consideran es más importante. Aducen que ninguna de las últimas cuatro administraciones ha atendido sus peticiones, habiendo llegado a un punto en el que, junto con el alto costo de vida, los mantiene en estado de zozobra.
Exigen la presencia de autoridades del Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, a quienes consideran responsables de atender sus peticiones, esperando el reconocimiento de todos los pacientes afectados.
Al respecto, la ministra de Salud encargada, Ivette Berrío, señaló que la administración del presidente Laurentino Cortizo Cohen está en proceso de revisión de los expedientes de quienes dicen haber sido afectados por el dietilenglicol.
Sin embargo, reconoció que este «es un proceso largo, ya que se requiere recolectar toda la información pertinente para proceder con una decisión en firme».
Aseguró que el comité de pacientes fue invitado a una reunión en la Presidencia de la República, a la que no acudieron, y que el Gobierno Nacional tiene el canal de comunicación abierto para tratar el asunto.
Este lunes se instaló la Mesa Técnica que evaluará el alto costo de los medicamentos en nuestro país y el desabastecimiento que existe de los mismos con la Caja de Seguro Social, los participantes dieron a conocer que se reunirán una vez a la semana para ir evaluando el tema.
La ministra de Salud encargada Ivette Berrio, expresó que todos los sectores involucrados se enfocan en establecer el diagnóstico del costo de los medicamentos y el desabastecimiento, sobre todo en las instalaciones de salud pública.
«Vamos a evaluar la situación para presentar al presidente de la República una propuesta específica para atender el costo y desabastecimiento de los medicamentos», explicó Berrio.
Eyra Ruíz, ministra consejera, explicó que la mesa tendrá una metodología similar a la de la operación PanavaC-19, «el mismo esquema utilizado para la Estrategia Continua de Vacunación que fue exitoso, vamos a utilizarlo como hoja de ruta, vamos a dividirlo por fases, etapas y cada una tendrá un tiempo definido».
La mesa técnica dirigida por el vicepresidente Carrizo Jaén, estará integrada por la ministra de Salud encargada, Ivette Berrio, la ministra de Gobierno Janaina Tewaney, la ministra consejera para temas de Salud Pública Eyra Ruíz, el director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, y el ministro consejero para la facilitación de la inversión privada, José Alejandro Rojas.
También participan la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt), la Autoridad Nacional de Aduanas, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), la Contraloría General de la República, la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Facultad de Medicina y Facultad de Farmacia de la Universidad de Panamá, la Asamblea Nacional, la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, el Consejo Nacional de la Empresa Privada y la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas.
La mesa técnica volverá a reunirse el próximo 3 de marzo para avanzar en las soluciones a corto plazo y de manera simultánea, se analizarán las estrategias a mediano y largo plazo para que los pacientes puedan obtener sus medicamentos.
Panamá avanza en estrategias que buscanminimizar la prevalencia en el consumo del tabaco con el lanzamiento oficialdel proyecto denominado FCTC 2030, que refuerza los mecanismosimplementados en el Convenio Marco para el Control de Tabaco (CMCT) de laOrganización Mundial de la Salud (OMS).
La viceministra de Salud, Ivette Berrío, resaltó que este proyecto reafirma los lazos decooperación con la Organización Mundial de la Salud /Organización Panamericanade la Salud en relación con el control del tabaco.
«Se establece un acompañamiento por parte de estos organismos internacionalesque van ayudar a nuestro país, al sistema de salud y a los profesionales para quepuedan desarrollar una cultura en contra del uso del tabaco», explicó Berrío.
Recordó que la lucha a través de los años contra los productos de tabaco enPanamá se han alcanzado muchos logros; sin embargo, se ha visto el incrementode otros dispositivos que también son nocivos para la salud y en esa dirección elMinsa intensifica las acciones de prevención y promoción para combatir elconsumo.
Por otro lado, la doctora Reina Roa, del control de tabaco del Ministerio de Salud, explicó que el proyecto FCTC 2030 de la OMS consiste en apoyar a países quemantienen un nivel de avance para continuar con la búsqueda de la protección dela salud de la población y la disminución del consumo de productos del tabaco y denicotina.
En Panamá, según el Minsa, la prevalencia del consumo de tabaco enlos jóvenes (13 – 15 años) ha ido en descenso progresivo, alcanzando enel 2002 un porcentaje de 18.2% y en la última estadística del 2017 se redujoa un 7.8%.
Este martes 20 de julio, la viceministra de salud Ivette Berrío indicó que los gobiernos (Panamá y Costa Rica) se han comprometido en cumplir el esquema de vacunación contra el Covid-19.
La estrategia para la adquisición de una vacuna segura contra la COVID-19, fue anunciado hoy por el gobierno nacional en reunión con representantes de los medios de comunicación nacionales e internacionales.
La viceministra de Salud, Ivette Berrío, que trabaja en el diseño de esta estrategia indicó que la primera condición para esta adquisición es que se trate de una vacuna debidamente testada y autorizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y dijo que hasta la fecha ninguna ha pasado por esas etapas.
La funcionaria explicó que mientras la comunidad científica trabaja en varios estudios para el desarrollo de esta vacuna, Panamá se adhirió a un mecanismo regional denominado COVAX, creado por la OMS y en el que también participa la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para garantizar el acceso equitativo a una vacuna que funcione.
Un equipo de profesionales, científicos, epidemiólogos y virólogos, en su mayoría panameños, radicados en el exterior y con una vasta experiencia en la materia, ha brindado su valiosa contribución para identificar las casas farmacéuticas que han logrado avanzar con sus estudios hasta las fases II o III.
Durante el encuentro se destacó el rol de la Cancillería, a través del Servicio Exterior, logrando acercamientos al más alto nivel con 14 casas farmacéuticas y gobiernos que patrocinan estos estudios para asegurar cierta cantidad de dosis, cuando hayan pasado por la aprobación de la OMS.
Además de las medidas presupuestarias exigidas para garantizarle al país el acceso a un número determinado de vacunas, Itzel de Hewitt, directora del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), indicó que la OPS establece cuáles son los grupos de mayor riesgo que deben recibir la vacuna en una primera fase: los trabajadores de la salud y los mayores de 60 años; y, en una segunda remesa, los pacientes de enfermedades crónicas y los estamentos de seguridad pública.
En Panamá, datos estadísticos de autoridades de salud estiman que un 28% de la población total constituye ese grupo de personas más expuestas y de mayor riesgo ante el virus, con 42 mil trabajadores de la salud y 585 mil adultos mayores de 60 años, 85 mil miembros de los estamentos de seguridad y cerca de 400 mil personas con enfermedades crónicas.
En esta fase también se incluye a los pacientes con enfermedades crónicas, que de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud (MINSA), son alrededor de 400 mil personas, y grupos esenciales como los estamentos de seguridad, bomberos y protección civil.
Se explicó que la etapa será liderada por el Programa Ampliado de Inmunización del MINSA, y arrancará cuando la vacuna haya pasado los debidos controles de licencia y autorización que demuestren su efectividad y seguridad.
El MINSA trabajará en la adecuación y el fortalecimiento de la cadena de frío para recibir y distribuir la vacuna, que deberá cumplir los estándares sanitarios y regulatorios de la Dirección de Farmacia y Drogas, e implementados por el Programa Ampliado de Inmunización.