Con la entrada en vigencia del segundo periodo del contrato de concesión a Panama Ports Company (PPC) se acrecienta el valor del 10% de las acciones que posee el Estado en esa empresa. Su aprobación “es ganancia para Panamá” porque se ha “incrementado el valor del 10% de Panamá”, afirmó el contralor Gerardo Solís, en la discusión de junio pasado sobre la prórroga automática del contrato entre el Estado y la concesionaria portuaria.
Durante su intervención, recogida en el acta del 23 de junio de la Junta Directiva de la AMP, Solís advirtió sobre los ataques de “poderes económicos que compiten” con la actividad que desarrolla PPC. Denunció, asimismo, que “los competidores sacarían mayor beneficio”, si PPC deja de operar los puertos concesionados de Balboa y Cristóbal.
Fue claro en señalar que existen “los que tienen interés en que este puerto no opere, porque si este puerto no opera, si este puerto se empana en demanda, si este puerto se detiene en su actividad comercial y si este puerto entrara en un proceso de donde supuestamente el Estado ganaría más, son los competidores los que sacarían mayor beneficio, no el Estado panameño”.
La oposición a la prórroga automática, es “producto de mentes que tienen un objetivo en común, y no nos llamemos a engaños, tienen un objetivo muy personal”, dijo por su parte Julio De La Lastra, actual presidente del Conep y quien, junto con Patricia Velásquez, forma parte de la directiva de la AMP.
De la Lastra centró su intervención en la seguridad jurídica. “El tema de la seguridad jurídica preocupa enormemente, porque si nosotros estamos interesados en promover o atraer o mantener la inversión extranjera directa, demostrando seguridad jurídica precisamente es una de las vías”, sostuvo.
Planteó los costos para “la reputación que no tiene precio”, si Panamá que enfrentara demandas en tribunales internacionales. Ante la pregunta de De La Lastra, el viceministro de Finanzas, Jorge Luis Almengor, dijo que la cuantía de las demandas que enfrenta actualmente el Estado “ronda los $,1500 millones a $2,000 millones”.
Almengor, que es miembro de la directiva de la AMP, insistió que como Estado, Panamá “tiene que mostrar que hay una seguridad jurídica en el país”.
Reconoció que la reactivación económica, tras la crisis sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus, “como Estado nos obliga a incentivar y fomentar cada vez más la inversión privada en la medida de lo posible y sostener aquellas inversiones privadas que se dan en el país, tanto inversión local como extranjera”.
En su intervención, Solís rechazó el argumento de que la Junta Directiva de la AMP debió negociar otros términos y condiciones del contrato.
“En este momento estaba en discusión un solo punto, cumplió la empresa o no, y ustedes como autoridad lo reconocen o no lo reconocen. No haberlo reconocido hubiera violado derechos y hubiera afectado negativamente a Panamá”, enfatizó.
“La Contraloría ha hecho un audito extenso de este contrato y es un ente auditor y certificador”, dijo el directivo Juan Diego Reyna, para quien el resultado de esa auditoría fue “exacto y bueno”.
Como presidente de la Junta Directiva de la AMP, Carlos García Molino, viceministro de la Presidencia, indicó que “nos corresponde aquí dar la autorización al señor administrador para que certifique mediante un memorial a la compañía PPC que ella ha cumplido con la cláusula del referido Contrato Ley, y que se mantiene vigente el Contrato”. La prórroga automática fue aprobada en forma unánime.
“La renovación nunca estuvo condicionada a una negociación, porque el Contrato simplemente así lo exige”, comentó Reyna en el desarrollo de la sesión.
Aportes por $5,935 millones
Solís informó que entre 1997 y el 2019, PPC aportó a la economía nacional $5,935 millones. “Esto es lo que ha contribuido este contrato con el Estado”, subrayó.
Enumeró algunos rubros. Una inversión de $1,695 millones, $1,417 millones en remuneraciones a trabajadores directos e indirectos, pagos al Estado por $437 millones y $993 millones de efecto de interdependencia de la economía.
Noriel Araúz, ministro de Asuntos Marítimos y administrador de la AMP, quien actuó como secretario de la directiva, dijo que PPC acordó un pago mínimo de $7 millones anuales en concepto de dividendos, más $24 millones por año por movimiento de contenedores y muellaje. La proyección es $32 millones anuales, unos $816 millones en 25 años, lo que prácticamente duplicará los $445 millones recibido en el primer periodo de concesión.
Araúz dijo que acordaron revisar en el 2022 la tarifa actual de $12 por contenedor que se mantiene desde el 2013. Anticipó un aumento de $1.41 por contenedor, para quedar en $13.41, lo cual incrementará los ingresos para del Estado.
