Esta es una escena muy común: un usuario de la Caja de Seguro Social en Panamá, luego de esperar durante 35 minutos en una larga fila, entrega sus recetas en la farmacia; espera otros 50 minutos y una hora y media después que llegó le devuelven su receta mientras desde dentro de la ventanilla una voz sin rostro dice con desdén: “Este medicamento no hay” …
El usuario no sabe bien qué o cómo responder. Enojarse, retirarse o desaparecer; pasan dos segundos, en su mente parecen siglos; piensa en que tendrá que volver a empezar otro proceso interminable… madrugar, hacer filas, esperar, hacer más filas y volver a esperar… Pensando en ese ciclo está casi absorto. Han pasado tal vez 5 segundos. La voz sin rostro sube el tono: “¡Señor!”. Ahora, una mano de mujer, ataviada de anillos y pulseras que parecen oro, se hace visible desde la niebla de las herméticas ventanillas… armada de un bolígrafo que golpea en el mostrador: tic, tic, tic… la voz pretende sacar al usuario de su shock. “Puede intentar en otra policlínica; o venga en tres semanas, para ver”.
El medicamento es para la hipertensión. Según datos del 2015 de los Censos de Salud, un tercio de la población panameña sufre de hipertensión, diabetes, o saturación de grasa en la sangre (dislipidemia); en números concretos, 3 de cada 10 habitantes en el país; o para que lo entendamos bien: 1.3 millones de pacientes crónicos. Es una multitud obligada a consumir fármacos diariamente para mantenerse viva.
El señor en la ventanilla aún no atina a decir nada. Está enojado, pero tiene miedo de manifestarlo. Finalmente encuentra valor: “¿Qué vuelva el otro mes? Señora, ese medicamento es para la presión, tengo que tomar una pastilla diaria” …
Tic, tic, tic… el bolígrafo vuelve a sonar en el mostrador; advierte que la paciencia de la voz sin rostro se extingue rápidamente. “Señor, aquí no hay ese medicamento; usted decida qué va a hacer… Siguiente…”
Esa tragedia se repite miles de veces al día en las farmacias de la Caja de Seguro Social a lo largo del país. En las instalaciones del Ministerio de Salud el escenario ocurre igual…
El usuario tendrá que ir a las farmacias privadas y comprar el medicamento que necesita. Ahí seguro encontrará lo indicado para resistir un mes más, hasta que vuelva a enfrentar a la voz sin rostro en las farmacias estatales. Pero, el precio será un mal mayor que su padecimiento. Es la receta para el caos; un ciclo perverso en el que hay millones de pacientes atrapados y mucho dinero en juego. Pero, ¿cómo funciona?
Los síntomas.
El mercado de medicamentos en Panamá padece una enfermedad grave y degenerativa: un padecimiento que no mata al paciente, pero lo mantiene secuestrado para siempre.
Es un mercado pequeño en tamaño y extensión, fácil de cubrir y simple de manipular y controlar; un par de llamadas pueden dejar, en minutos, desabastecido de medicinas al sistema público de salud.
Al mismo tiempo, semejante al funcionamiento del cuerpo de un adicto, “el mercado” necesita los fármacos para vivir. Recordemos que son 1.3 millones de pacientes de enfermedades crónicas; sin contar los demás, como cáncer, y una serie de padecimientos poco comunes.
Los proveedores son exclusivos y únicos. Venden los fármacos al sistema público de salud y a las instalaciones del sector privado. Nadie puede meterlos al país, excepto ellos. Es decir, cada enfermo en Panamá está en sus manos.
Luego está el Estado, que es víctima y cómplice al mismo tiempo, porque simplemente no regula o regula muy poco. Está obligado a comprarle a los proveedores únicos y hacer cumplir la Ley 1 de medicamentos, del año 2000 y el decreto 178 que la regula y que les garantiza a esos intermediarios la exclusividad del mercado.
Los dueños de la plaza
Las empresas que tienen en sus manos el mercado panameño de medicamentos son cinco: Compañía Astor, del grupo Arrocha; Grupo CG, de Hasseth; Impa-Doel, Droguería Ramón González Revilla y Reprico.
Según el economista William Hughes, catedrático de la Universidad de Panamá, en un solo año esas empresas “invirtieron 350 millones de dólares y obtuvieron ganancias por 850 millones”. Eso significa una rentabilidad superior al 100%, explicó el economista, mientras se debatía el problema de las medicinas en el país. “Ese grupo controla el 75% del mercado” y, además de ser importadores, distribuyen y venden al consumidor, participando en diferentes etapas del proceso.
El síndrome del caos
En 7 de cada 10 compras de medicamentos que se hace en el país, una de las cinco empresas que mencionamos arriba está involucrada. Todas participan en las millonarias compras que hace el gobierno y, generalmente, una impugna los resultados. ¿Qué sigue después? ¡Fácil! La impugnación retrasa el contrato, la compra y la entrega. Las medicinas no llegan y las instituciones tienen que salir al mercado de las “compras apremiantes”, donde pagan un precio más alto.
Otra fórmula es retrasando la entrega, lo que puede representar una multa; sin embargo, es -muchas veces- ridícula en comparación a la ganancia que se genera por las “compras apremiantes”.
Adicionalmente, pasa que una empresa que parece lista para asumir la compra de pronto renuncia a la adjudicación del acto público y la CSS se ve, una vez más, forzada a las “compras apremiantes”.
La última fórmula se observa cuando un importador exclusivo simplemente no se presenta y ya sabemos a dónde llega el proceso: compras apremiantes.
Para la economista y ahora precandidata presidencial por la libre postulación, Maribel Gordón, “estas son prácticas monopólicas y oligopólicas”. El propio director de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, admitió que la institución está secuestrada por el síndrome y que los ciudadanos terminan pagando precios que calificó como “inmorales”. Según Lau, “existe una mafia entre los importadores”, que ha venido denunciando desde que llegó al cargo en octubre de 2019.
La Cura
A estas alturas, queda claro que el mercado está distorsionado. ¿Cómo corregirlo?: la única vía es la liberación real del mismo. Pero el gobierno luce lento en el tema. Tras seis meses de reuniones con los involucrados, finalmente la noche del 2 de agosto de 2022, el vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, anunció que recomendarían al presidente Laurentino Cortizo, reglamentar una ley de 2019, que reforma la Ley 1 del año 2000. Aseguró que la decisión le “permitiría eliminar las barreras y acceder a más medicamentos”.
A la espera que algo suceda, miles de panameños más continúan en las instalaciones de Salud pública, escuchando a una voz sin rostro, detrás de una hermética ventanilla: “Ese medicamento no está, señor, regrese el mes próximo”
