«México está logrando realmente decir que este es un problema bilateral», dice Cecilia Farfán, jefa de investigación en programas de seguridad en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego.
«De la misma forma en que Estados Unidos está diciendo ‘necesito que hagas algo con respecto al tráfico ilícito de drogas’, México está diciendo ‘yo necesito que hagas algo tú sobre las armas'», dice.
A inicios de agosto, el gobierno mexicano demandó a nueve fabricantes y dos distribuidores -incluyendo a Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett- por lo que consideró un comercio «negligente e ilícito» que alienta el narcotráfico y la violencia en su territorio.
Argumenta que entre 70% y 90% de las armas recuperadas en escenas del crimen en México han sido traficadas desde Estados Unidos.
Esta situación «ha incrementado el poder de las organizaciones criminales, mientras que los bolsillos de las compañías productoras y distribuidoras con prácticas irresponsables mantienen ingresos ascendentes», dijo este lunes el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, ante la séptima conferencia de estados parte del Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT).
Justo algunas armas introducidas desde ese país fueron parte del poderoso arsenal de fusiles Barrett calibre 50, pistolas Smith & Wesson y fusiles Ruger y Colt, recuperadas tras el atentando contra el jefe policial de Ciudad de México, Omar García Harfuch, en junio de 2020, indica la demanda.
Ebrard considera que la inédita medida busca que las empresas no solo compensen económicamente a México por los daños causados durante años, sino que implementen medidas para vigilar y disciplinar a sus distribuidores.
La corte federal de Massachusetts aceptó la demanda, lo que abre un compás aún por determinar para que las empresas de armas presenten su contestación y se escuchen los méritos del argumento mexicano.
Pero aunque el litigio tiene todavía un resultado incierto, «el objetivo es simbólico y político de abrir el debate», dice Romain le Cour, especialista de la consultora Noria Research.
México, de 126 millones de habitantes, es azotado por una vorágine de violencia desde 2006, cuando el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) lanzó un polémico operativo militar antidrogas.
– «Las traen en partes o completas» –
Muchas armas llegan a territorio mexicano en lo que se llama popularmente «operación hormiga»: intermediarios compran pequeñas cantidades en Estados Unidos, en donde es relativamente fácil adquirirlas, para después traficarlas por la frontera.
«Las traen ya sea en partes o completas, entre la fayuca (mercancía de contrabando), entre ropa, entre diversos artículos importados hacia Ciudad Juárez», explica Jorge Nava, fiscal de la zona norte del fronterizo estado Chihuahua.
Un miembro de un grupo de autodefensas, en el occidental estado de Michoacán, explica que las armas que utilizan provienen a veces de familiares suyos que viven en Estados Unidos.
«Empezamos con rifles de cacería, pero todos en el movimiento tenemos familiares en el ‘gabacho’ (Estados Unidos) y desde allá ellos se las arreglan para mandarnos armas buenas por la frontera», dice el combatiente sin revelar su identidad.
Una persona que se dedica al tráfico de armas desde hace 20 años, y quien habló bajo condición de anonimato, comentó también que es creciente el envío de armas en partes, conocidas como «armas al 80%», para ensamblar finalmente en México.
«Una opción es comprar, por ejemplo, en Estados Unidos el kit del 80% para armas largas o cortas y con un torno se arma, y eso es legal, con eso se puede armar un ejército», asegura.
– «Chivos expiatorios» –
El gobierno mexicano dice que su demanda no busca incidir en las leyes internas de Estados Unidos, en particular la Segunda Enmienda de la Constitución, que asegura a sus ciudadanos el derecho a poseer y portar armas.
Sin embargo, las empresas agrupadas en la National Shooting Sports Foundation (NSSF), aseguraron que solo México es responsable de hacer cumplir las leyes dentro de su territorio.
«En lugar de buscar chivos expiatorios en las empresas estadounidenses que respetan la ley, las autoridades mexicanas deben enfocar sus esfuerzos en llevar a los cárteles a la justicia», dijo en un comunicado.
Pero el alegato mexicano acusa a los fabricantes estadounidenses de elaborar modelos especialmente diseñados para los capos de las drogas.
El traficante mexicano, que opera en el sureño estado de Oaxaca, coincide en que las autoridades de su país también tienen responsabilidad en el problema.
«Las autoridades mexicanas permiten que desde Estados Unidos pase todo sin revisar minuciosamente lo que pasa del otro lado, sin controles adecuados, y además, por la gran corrupción que impera en las aduanas», dice.
AFP
