Es fundamental que la ciudadanía comprenda que el dinero sustraído a través de estos delitos en contra de las arcas públicas son fondos que deberían mejorar la calidad de vida de todos.
Una de las tantas crisis impostergables que enfrenta nuestro país es la impunidad, que ha drenado en forma total la confianza en sus instituciones y debilitado el desarrollo del país. Como sabemos, todos los actos de corrupción, peculado y delitos en contra de la hacienda pública, afectan directamente a la ciudadanía. Somos de la opinión que el problema no solo radica en los delitos cometidos, sino en la incapacidad del sistema judicial para castigarlos de manera efectiva. Los procesos se alargan tanto que, en la mayoría de los casos, terminan prescribiendo, permitiendo que los responsables evadan la justicia.
Los tiempos de prescripción procesal, en muchos casos, benefician a los acusados y, si se le suma a esto un sistema judicial sobrecargado, recursos procesales dilatorios y la falta de voluntad política para combatir la corrupción, sin dudas se crea el escenario perfecto para la impunidad, y que los abogados defensores aprovechan con todas las maniobras legales a su alcance para retrasar los procesos hasta que los plazos expiren.
Con mucha impotencia, la ciudadanía observa cómo escándalos multimillonarios quedan sin sanción; cómo casos emblemáticos han sido archivados o terminan con sentencias tardías e irrisorias. Sin dudas, el mensaje final es claro: tenemos un sistema judicial ineficaz que debilita la democracia y fortalece la cultura del “juega vivo”, así que muchos entienden que el que roba al Estado puede salir impune, si tiene los recursos y el tiempo suficiente para dilatar el proceso.
Las autoridades tienen un rol clave en garantizar que la corrupción no quede impune.
Es fundamental que la ciudadanía comprenda que el dinero sustraído a través de estos delitos en contra de las arcas públicas son fondos que deberían mejorar la calidad de vida de todos. Entre muchas otras cosas, cada hospital sin insumos, cada carretera en mal estado y cada escuela sin recursos, es una consecuencia directa de estos delitos. Para generar conciencia y exigir respuestas rápidas, se deben implementar estrategias orientadas a explicar que el dinero que se roba es de todos, que el Estado somos todos y que además tiene efectos directos en los servicios públicos que recibimos.
Por lo anterior, es necesario hacer cambios en las leyes procesales que para que se garantice que los procesos de alto perfil sean de acceso público, que las audiencias se transmitan en vivo y con documentos abiertos (comencemos por el castigo moral mientras aparece el judicial ); los términos procesales deben tener plazos cortos y sancionar a quien busque dilatarlos; y deben crearse tribunales exclusivos para atender este tipo de casos, así se evitaría que se mezclen con otras cargas procesales que los retrasen aún más.
Las autoridades tienen un rol clave en garantizar que la corrupción no quede impune. Para ello, deben adoptar medidas contundentes que castiguen eficazmente a los responsables y eviten que los procesos judiciales se dilaten hasta la prescripción; y si el objetivo es recuperar lo máximo posible de los fondos sustraídos sin prolongar juicios que pueden prescribir, entonces pensar en establecer un mecanismo de transacción penal con condiciones estrictas.
Recientemente, la postura del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre reducir regulaciones anticorrupción para hacer más competitivas a las empresas estadounidenses, son de preocuparse. Si los principales actores económicos internacionales flexibilizan sus controles, el impacto en mercados como Panamá podría ser devastador, pues es evidente que traerá la consolidación de la corrupción, reducirá aún más las posibilidades de justicia y desaparecerá el interés de cambios por parte de las autoridades.
Panamá no puede seguir tolerando un sistema que premia la corrupción con la impunidad. Es urgente que las autoridades actúen con determinación. Sin una justicia eficiente, el país seguirá atrapado en un círculo donde la corrupción no solo es rentable, sino que se vuelve parte del sistema. La única forma de romper este ciclo es con reformas estructurales que garanticen que quien roba al Estado paga las consecuencias.
Desde este punto de vista, el gobierno actual tiene una oportunidad histórica de marcar un precedente y demostrar su compromiso con la lucha contra la corrupción. El presidente ha manifestado su interés en asumir esta responsabilidad, y su administración debe liderar los cambios necesarios para garantizar que la justicia prevalezca. De concretarse estas reformas, su papel quedará registrado en la historia como el de un mandatario que enfrentó la impunidad con valentía y determinación. Es el momento de actuar y demostrar que Panamá puede y debe ser un país donde la ley se cumpla y la corrupción no tenga cabida.
