La Cámara Minera de Panamá (Camipa), junto con numerosos grupos y organizaciones del país, han manifestado su preocupación ante la auditoría ambiental que realizará el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en Cobre Panamá, por una presunta falta de imparcialidad en el proceso.
Los señalamientos e inquietudes expresados por la Cámara Minera de Panamá, representantes de comunidades cercanas a la mina y proveedores se enfoca en la presunta falta de imparcialidad en los términos de referencia establecidos para esta auditoría.
Estos grupos, en notas dirigidas al ministro Juan Carlos Navarro, insisten en la necesidad de que la auditoría se lleve a cabo «con rigor técnico y científico», sin partir del supuesto de un cierre definitivo de la mina, «antes de evaluar su cumplimiento ambiental».
La Camipa enfatizó que el propósito de una auditoría debe ser determinar, «con base en datos verificables», el grado de cumplimiento de la normativa ambiental vigente durante la operación de la mina.
«La preocupación surge», según el gremio, «porque los términos actuales podrían estar sesgados hacia una conclusión predefinida, lo que pondría en riesgo la confianza en el proceso y podría generar graves repercusiones económicas y sociales».
Por su parte, grupos de proveedores de la mina expresaron su inquietud ante la incertidumbre prolongada que esto podría generar; advirtiendo que el plazo de seis meses para la auditoría, sumado a los tiempos de contratación pública, retrasaría los resultados hasta 2026, «afectando la estabilidad económica de cientos de empresas y miles de trabajadores que dependen de la reactivación del sector».
Entretanto, Abel Oliveros, residente de la comunidad de Coclesito, aseguró que tal como está siendo planteada esta auditoría «omite una evaluación integral del impacto socioeconómico». Indicó además que la paralización de la mina ha significado «la pérdida de empleos y la suspensión de programas sociales esenciales».
Tanto Camipa, como las comunidades y proveedores afectados por el cierre de la mina, consideran que la auditoría debe centrarse en la verificación del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) y ejecutarse en un plazo razonable.
«La prolongación de este proceso», advierten, «solo aumentaría la incertidumbre, afectando tanto a los trabajadores como a la estabilidad económica de la región».
