La economía local ha resentido el cese de la actividad. Lugareños piden ser tomados en cuenta y que no se repita el caso de Petaquilla.
Como parte del proceso que se inició tras el fallo de inconstitucionalidad emitido por la Corte Suprema y que llevó a la suspensión de los trabajos en la mina de Cobre Panamá en el 2023, el Ministerio de Ambiente abrió un proceso de consulta pública relacionado con una auditoría ambiental.
Esta auditoría es uno de los pasos previos a la implementación de un plan de resguardo y mantenimiento del proyecto. Una de las organizaciones que han compartido sus inquietudes acerca de qué factores deben ser tomados en consideración por parte de las autoridades es el Comité Cívico de los Distritos de Omar Torrijos, Donoso y La Pintada.
“Queremos que el gobierno apruebe el Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS) a la mina de Cobre Panamá, porque se necesita darle un mantenimiento”, expresó Cecilia Martínez, una de las lideresas del movimiento.
La agrupación, que aglutina a miembros de cerca de 18 comunidades de las provincias de Colón y Coclé y que son aledañas al área de la concesión minera, presentó sus sugerencias al Ministerio de Ambiente, como parte del proceso de consultas que finaliza el próximo viernes.

La mina de First Quantum generaba ingresos equivalentes a un 3% del PIB.
Para Martínez, las comunidades afectadas económicamente tras el cierre de la mina deberían ser las primeras en ser consultadas e informadas, para que “no hablen otros por nosotros” en un tema que calificó como “delicado”.
La lideresa comunitaria manifestó que el cierre de la operación minera impactó la economía regional, sobre todo en comunidades que se beneficiaban de los empleos directos, indirectos y servicios relacionados con la actividad desarrollada por la empresa First Quantum Minerals Ltd.
“Tras vivir el cierre abrupto de la mina de Cobre Panamá, nuestras comunidades carecen de muchos servicios, estructuras, programas y convenios que se habían acordado. Al cierre de la mina el día de hoy todo ha quedado en stop…”, planteó.
Añade que mientras la mina se mantuvo en operación varios miembros de las comunidades aprovecharon para mejorar sus condiciones de vida. “No todo lo que la empresa hizo fue malo. Tuvo sus deficiencias, pero dejó huellas”, aseguró.
Fue algo que estas zonas no vivían desde la desaparición del General Omar Torrijos -que impulsó un proceso de empoderamiento de las comunidades y desarrollo de proyectos públicos a nivel nacional-. Luego, con la llegada de Minera Panamá, filial de First Quantum Minerals Ltd., municipios como Donoso y Omar Torrijos, en Colón, comenzaron a mejorar sus ingresos, lo que les permitía “dar respuesta” en diferentes temas, como el deporte, por ejemplo.
La inversión también impactó la infraestructura vial, con la creación de carreteras en lugares remotos. “Antes costaba trabajo sacar a los enfermos, pacientes en hamacas. Hasta tres, seis, nueve horas tomaba. Ya eso no se da en las comunidades vecinas al proyecto”, comentó.
La generación del empleo y el repunte de la economía local contribuyó al empoderamiento de las mujeres y los jóvenes. A estos últimos se les brindó la oportunidad de capacitarse y crecer como profesionales, a través de programas de becas y convenios entre la empresa y el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh).
En cuanto a la población femenina, Martínez recuerda que durante los inicios del proyecto la mayor parte de la fuerza laboral estaba integrada por hombres. Las comunidades, entonces, solicitaron una mayor presencia de las mujeres en la actividad minera. Esto dio paso a un proceso de capacitación.
Como consecuencia las mujeres ocuparon posiciones en todos los departamentos de Cobre Panamá, desempeñando funciones que van desde la cocina hasta el manejo de los enormes camiones que transportan roca. Esto les permitió superar los límites de una cultura donde “la mujer era para la familia y el hogar”, abriendo nuevos caminos para su profesionalización.
Según Martínez, el panorama es completamente diferente hoy: los ingresos municipales son escasos, aquellos que trabajaban en la mina -que llegó a contar con una fuerza laboral de 7 mil trabajadores- ahora permanecen en sus casas. Esta situación ha motivado a las comunidades a organizarse para evitar que se repita una situación como la que se dio en Petaquilla, con una “mina que ha quedado en el abandono, que no ha sido atendida por nadie del Gobierno, por ningún ambientalista, nadie de los que dicen preocuparse por el ambiente”.
La mina, que según estimaciones de expertos llegó a aportar hasta el 3% del PIB, paralizó sus operaciones a finales del 2023, tras una serie de protestas de alcance nacional. La auditoría ambiental es una de las primeras acciones adoptadas por este Gobierno para determinar cuál será el futuro de este proyecto, cuya inversión se estima en 10 billones de dólares.
Para el economista Felipe Argote, primero es necesario que el Estado cumpla a cabalidad con el fallo de la Corte y determine la magnitud del daño ambiental ocasionado para después proceder a discutir la posibilidad de realizar algún tipo de minería responsable en el futuro.