Es sumamente importante tener claro que la información debe ser pública, por lo que las empresas periodísticas tienen el deber de dar a conocer todo lo que sea relevante para la comunidad
Justicia es el principio que nos lleva a aceptar que todos debemos vivir honestamente, concepto universal que significa derecho, razón y equidad, entre otras valoraciones, como lo son, también, rectitud, imparcialidad, neutralidad y ecuanimidad.
Se trata de un conjunto de valores esenciales, sobre los cuales el Estado debe imponerse ante la sociedad y los ciudadanos, de modo que constituyan un espectro de normas codificadas que le permitan al órgano competente, por excelencia, el Judicial, hacer cumplir dichas normas y sancionar cuando éstas sean quebrantadas, lo que representa una de las tantas definiciones que nos aportan los especialistas.
En Panamá, durante la era republicana, el Órgano Judicial ha estado, generalmente, cuestionado y muchas veces en crisis, lo cual es muy evidente, como sostiene el boliviano Ramiro Orias, estudioso de la jurisprudencia y representante de la Fundación Latinoamericana para el Debido Proceso (DPLF), con sede en Washington, D.C. El importante órgano de Gobierno, nos dice el destacado autor, ha enfrentado destituciones de colaboradores suyos, entre ellos, altos funcionarios y hasta magistrados, por efectos de denuncias de corrupción, acusaciones reciprocas y conflictos de poder entre sus miembros, lo cual es fácil advertir.
Justo es reconocer que, en los últimos años, se presenta un panorama un tanto mejorado y, según algunos observadores calificados, se vislumbra una perspectiva alentadora en el devenir inmediato que podría fortalecer la democracia panameña, tantas veces asaltada por la doble moral, la demagogia, el nepotismo y el oportunismo de malos profesionales y dirigentes políticos, a lo largo y ancho del territorio nacional.
En ese sentido, si bien la justicia panameña ha registrado una mejoría, como lo demuestra el juicio y condena de un expresidente de la República por delito de lavado de dinero, igual que con la declaración de inconstitucional del contrato ley que permitía la explotación de la minería a cielo abierto en nuestro suelo, aún hay espacio para perfeccionar el sistema de justicia. Uno de estos aspectos pendientes de mejoría es la implementación de una total transparencia en los estrados de la justicia, vieja aspiración de la ciudadanía.
Por otro lado, los medios periodísticos, en la mayoría de los países que se precian de democráticos, Panamá incluido, el derecho a la información tiene rango constitucional como derecho que le pertenece prioritariamente a los ciudadanos; pero en la realidad, los gobiernos de turno, en contubernio con el poder económico, administran a su discreción, sin escrúpulos y de forma irresponsable, ese derecho tan fundamental para la democracia.
Es sumamente importante tener claro que la información debe ser pública, por lo que las empresas periodísticas tienen el deber de dar a conocer todo lo que sea relevante para la comunidad, sin restricciones de ninguna clase, poniendo en práctica sus objetivos primarios como son los de informar, educar y entretener, sin omisiones ni distorsiones que pongan en riesgo la verdad y la salud mental de los pueblos; además, los medios de comunicación deben velar también por la tranquilidad y la seguridad de la sociedad a la que sirven.
Desgraciadamente en Panamá, tales funciones se cumplen muy poco, como ocurre, también, en el campo de la justicia. Existen distorsiones que impiden el libre ejercicio de la información que vulneran la libertad de expresión, derecho al que, “de no dárseles fiel cumplimiento, los demás derechos humanos no podrían existir”, como dijera el célebre orador y noble francés Honoré-Gabriel Riqueti, conde de Mirabeau (1749-1791).
También es oportuno un análisis serio del papel que están jugando, tanto la justicia como el quehacer periodístico en nuestro país, aspiración que invade la mente de los panameños que exigen una justicia saludable.
En la mayoría de los casos, los medios informativos no surgen para garantizar este derecho humano, sino para que sus propietarios se beneficien económicamente, al ponerlos al servicio de los gobiernos de turno y de los partidos políticos, generando presiones insanas en perjuicio de la sociedad a la que están llamados a servir, así como de casi toda organización que tienda a contribuir al desarrollo del país y/o las comunidades.
Este ejercicio periodístico, o más bien poder comunicacional, tanto como la justicia, es fundamental para el fortalecimiento de la democracia. Su importancia radica en la utilidad que representa para la comunidad, en general, tanto así que frecuentemente es denominado el Cuarto Poder, en reiteradas alusiones con respecto a los tres clásicos órganos de poder de todo Estado democrático.
Efectivamente, en las actuales circunstancias, superado el reciente proceso electoral, la sociedad panameña, en general, y también, sus ciudadanos, en particular, tienen limitadas esperanzas en que los ideales, tanto de la justicia como los del periodismo libre al servicio de la sociedad, se puedan alcanzar “al final del túnel”. Como elemento de referencia, en los debates presidenciales, pocas fueron las propuestas de los candidatos relacionadas con acciones dirigidas a mejorar la justicia y garantizar la libertad de expresión como vías para perfeccionar la democracia panameña.
En efecto, la debilitada democracia, sigue en crisis y exige que su defensa sea permanente, habiéndose observado en las recientes elecciones que poco es el terreno que se ha logrado en beneficio de un “nuevo Panamá”, dado que la elección y reelección de ciertos políticos presagia el mantenimiento del mismo estado de cosas que se han venido denunciando prácticamente desde el nacimiento de la República. Me refiero a vicios como la corrupción, la doble moral, y sobre todo por el uso discrecional de recursos públicos para beneficio propio o de allegados al poder político que proliferan en las últimas décadas.
Visualizo como una de las soluciones que se pudiesen implementar para mejorar el ejercicio periodístico, entre otras medidas, es la aprobación de una ley que proteja el ejercicio del periodismo libre bajo la reconocida “cláusula de conciencia” y el secreto profesional. Estas normas, que ya existen en países más avanzados, protegería el sano ejercicio del periodismo, garantizándole a los profesionales de la comunicación total autonomía y estabilidad laboral.
También es oportuno un análisis serio del papel que están jugando, tanto la justicia como el quehacer periodístico en nuestro país, aspiración que invade la mente de los panameños que exigen una justicia saludable. Esta debe estar exenta de favoritismos y aplicarse con igual rigor a todos los ciudadanos; y el ejercicio del periodismo debe ser libre e independiente, herramientas éstas indispensables para el fortalecimiento de un sistema democrático y un robusto Estado de derecho.
Se trata de una revisión exhaustiva de la realidad nacional en la que participen elementos representativos de reconocida honorabilidad y probados ciudadanos, vinculados al entorno jurídico y que hayan estudiado el periodismo como un deber y no como un negocio.
Otra realidad urgente por concertar es que tanto las autoridades como los dueños de medios de prensa, así como fiscales y jueces tengan claro la diferencia que debe existir entre la noticia y la opinión, entre el periodismo y las relaciones públicas, e igualmente la publicidad y la propaganda.
Finalmente, para que la justicia pueda cumplir con su misión es importante que tenga como aliado cercano y solidario al periodismo. Es menester, entonces, que el Estado dé toda la protección posible a los profesionales de la información, tanto como de la justicia, entre ellos los jueces y los fiscales. Para hacerlo deberán crear nuevas leyes y mejorar las existentes que propicien instrumentos de formación, estabilidad y salarios justos, a fin de que realicen con total independencia y sin temores sus responsabilidades.
