El Colegio Nacional de Farmacéuticos (CNF) rechazó los señalamientos hechos recientemente por el presidente de la República, José Raúl Mulino, quien aseguró la existencia de una «mafia de medicamentos» en la Dirección Nacional de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud.
En una nota dirigida al Mandatario panameño, los farmacéuticos le recordaron que que la designación del director de esta dependencia la hace directamente del Órgano Ejecutivo, exigiéndole una rectificación sobre los calificativos que hizo contra este sector de profesionales, y que «en caso de tener pruebas, que presente las denuncias ante las autoridades correspondientes».
Según directivos del gremio, las declaraciones del presidente Mulino «son contradictorias», ya que al ser el director nacional de Farmacias y Drogas un funcionario cuyo nombramiento proviene del Órgano Ejecutivo, le corresponde al propio Presidente removerlo, si está en desacuerdo con sus acciones.
Jaime Óliver, presiden del Colegio Nacional de Farmacéuticos, destacó que si el presidente Mulino perdió la confianza en quien está en el cargo, debe convocar a un concurso público para designar a nuevos funcionarios y que, al igual que otras posiciones dentro del Ministerio de Salud, «se evite la práctica del amiguismo al designar a estas personas», de acuerdo con lo establecido en la Ley 24, de 21 de octubre de 1983.
En cuanto al tema de la compra de medicamentos, el gremio de farmacéuticos reiteró su recomendación de que se adopte la figura de una subasta «a la inversa», como método para la adquisición de los medicamentos. Este mecanismo, aseguran los farmacéuticos, «garantiza la transparencia en todo este proceso».
La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud es un ente administrativo de alto nivel directivo; depende jerárquicamente del Despacho Superior; es decir, Ministro y Viceministro de Salud.
Le corresponde vigilar que los medicamentos y otros productos para la salud humana, cumplan con los estándares de calidad establecidos en las normas y reglamentos sanitarios nacionales e internacionales vigentes; y que estos medicamentos, mediante la emisión de un registro sanitarios, sean aptos, eficaces y seguros para el consumo de los ciudadanos.