El programa de modernización y mejoras fue el resultado de una exhaustiva auditoría realizada a la infraestructura del Canal por un comité ad-honorem de ingenieros panameños.
En virtud de mandato del Tratado del Canal de Panamá de 1977, al mediodía del 31 de diciembre de 1999, hace 25 años, la vía acuática panameña y todos sus activos pasaron al control del soberano, abriendo las puertas para que Panamá alcance su destino histórico: convertirse en hub logístico de categoría mundial. En ese momento, Alberto Alemán Zubieta dejó de ser administrador de la extinta Comisión del Canal y se convirtió en administrador de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).
Por razones prácticas, la firma del acta de devolución del Canal a Panamá fue realizada por los expresidentes Jimmy Carter y Mireya Moscoso, el 14 de diciembre de 1999, en las Esclusas de Miraflores, en presencia del Rey Juan Carlos de España, y los presidentes de México, Ernesto Zedillo; Colombia, Andrés Pastrana; Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez; Honduras, Carlos Flores; Ecuador, Jamil Mahuad, y Bolivia, Hugo Banzer. Con la transferencia terminó su vigencia el Tratado del Canal de 1977.
El otro pacto – el Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente del Canal y al Funcionamiento del Canal de Panamá– rige indefinidamente. Hasta la fecha, 40 países de todo el mundo han suscrito su protocolo de adhesión, depositado en la Secretaría General de la OEA.
Al asumir el control de su principal activo, la posición geográfica, Panamá también asumió dos grandes retos: concluir el programa de modernización y mejoras, completado en 2005 a un costo de más de $2,000 milones y realizar los estudios que dieron sustento a la construcción de un tercer juego de esclusas a un costo de más de $5,200 millones. Pero para ejecutar este proyecto debió recibir la autorización del pueblo panameño a través de un referéndum.
El programa de modernización y mejoras fue el resultado de una exhaustiva auditoría realizada a la infraestructura del Canal por un comité ad-honorem de ingenieros panameños, liderado por Alberto Alemán Zubieta. Además, lo integraban Roberto Roy, Moisés Castillo De León, Ernesto Ng Jordán, Álvaro Palacios y Carlos Moreno. En reconocimiento a su patriótica labor, en marzo de 2011, la Junta Directiva de la ACP les otorgó el Galardón Canal de Panamá, honor que correspondió al presidente del Comité de Modernización y Ampliación, Eduardo Quirós.
Además de la indemnización a que tendrían derecho los aproximados 2,000 residentes que deberán ser reubicados, la ACP dotaría de servicios públicos, incluido acceso a agua a la nueva comunidad en donde sean reubicados.
La modernización incluyó el ensanche del Corte Culebra para permitir el tráfico simultáneo de 2 buques Panamax, el ensanche de ambas entradas al Canal, el reemplazo de las locomotoras de esclusas por unidades de mayor potencia, la rehabilitación de los rieles, la modernización del sistema de control de las esclusas, del centro de control del tráfico y del sistema financiero, la incorporación de alta tecnología para el rastreo de buques en tránsito, y la instalación de un simulador de puente de mando para la capacitación de prácticos y capitanes de remolcador. Concluido este programa, el viejo Canal optimizó su capacidad de tráfico.
Mientras avanzaba la modernización de la vía, la ACP realizó más de 100 estudios técnicos para determinar la factibilidad del proyecto de ampliación, vía la construcción de un tercer juego de esclusas. Establecida su factibilidad, y en cumplimiento de mandato constitucional (art. 325), el proyecto fue a un referéndum popular, en el cual fue aprobado por abrumadora mayoría del 76.9%. Los dos nuevos juegos de esclusas tendrían cámaras de 427 metros (1,400 pies) de largo por 55 metros (180 pies) de ancho y 18.3 metros (80 pies) de profundidad, lo que le permitiría servir al 98% de la flota mercante mundial.
La monumental obra fue dividida en proyectos, siendo la construcción de las nuevas esclusas el más complejo y costoso. El consorcio Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por la española Sacyr Vallehermoso, e integrado por la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la panameña CUSA, se adjudicó el contrato al proponer ejecutar la obra a un costo de $3,118 millones, muy por debajo de los $3,481 millones fijados como tope por la ACP.
Los trabajos se iniciaron el 3 de septiembre de 2007, pero el proceso estuvo saturado de problemas y hasta de un ultimátum de Sacyr, en enero de 2014, de suspender los trabajos si la ACP no le cancelaba supuestos sobrecostos por $1,000 millones que elevarían el costo de la obra en 50%. “Quiero dejar claro que el Canal de Panamá no se va a someter a chantajes, y vamos a hacerle frente a cualquier demanda porque estamos en legítima defensa del Canal de Panamá”, afirmó el entonces administrador de la ACP, Jorge L. Quijano, mientras recibía el apoyo de todo el país.
Cumplidas dos semanas de paralización de la obra, el consorcio reanudó los trabajos el 20 de febrero, después que la ACP se comprometiera a cancelar $36.8 millones correspondientes a trabajos facturados a diciembre de 2013, lo cual haría efectivos una vez reiniciados los trabajos.
Finalmente, el 26 de junio de 2016, el buque Neopanamax COSCO Shipping Panama hizo el tránsito inaugural desde las esclusas de Agua Clara, en el Atlántico, hasta las esclusas de Cocolí, en el Pacífico, ante los vítores de unos 20,000 panameños congregados en ambas esclusas. El Canal ampliado incrementó sustancialmente los ingresos de la ACP y, consecuentemente, sus aportes anuales al Tesoro nacional. En efecto, en el año fiscal 2017 los aportes se dispararon a $1,650 millones, monto muy superior a los $1,013 millones aportados en 2016. En el actual año fiscal (2025) se calcula que el aporte ascenderá a $2,789 millones.
El gran reto: sostenibilidad hídrica
Más importante, la ampliación ha incrementado la conectividad de la vía con 144 rutas marítimas que sirven a 1,700 puertos en 160 países, creando las condiciones para que Panamá alcance su destino histórico de convertirse en hub logístico mundial. Pero para alcanzar ese gran objetivo, y ante la frecuente recurrencia de sequías que afectan la capacidad y la confiabilidad del Canal, el actual administrador, Ricaurte “Catín” Vásquez, ha señalado que entre sus prioridades está la construcción del reservorio multipropósito en Río Indio.
Dada la excelente experiencia que la ACP ha tenido con las comunidades asentadas en la cuenca, doy por descontado el apoyo de la comunidad de Río Indio. Como primer paso, en colaboración con la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI), la ACP impulsa un agresivo programa de titulación de tierras en la cuenca, el cual incluye a los residentes de Río Indio. Los títulos de propiedad permiten a los residentes acceso a crédito bancario y a programas estatales de vivienda, entre otros beneficios.
Además de la indemnización a que tendrían derecho los aproximados 2,000 residentes que deberán ser reubicados, la ACP dotaría de servicios públicos, incluido acceso a agua a la nueva comunidad en donde sean reubicados. Y serían beneficiarios del Programa de Incentivos Económicos Ambientales que la agencia canalera ha establecido para mejorar la calidad de vida de los residentes. Con el propósito de mantenerlos informados, absolver inquietudes y recibir sugerencias, la ACP ha abierto 5 oficinas para atender a los residentes de Rio Indio.
Bajo el programa de Incentivos Económicos, en colaboración con los habitantes de la cuenca, se han sembrado más de 6 millones de plantones, se han establecido 17,628 hectáreas con cobertura vegetal protectora y se han beneficiado 16,500 residentes en 148 comunidades de la cuenca. Este esfuerzo conjunto habrá de integrarlos al desarrollo sostenible para beneficio propio y de la vía acuática.
