El informe también hace referencia al embarazo en adolescentes, perpetuando el círculo de pobreza
La Defensoría del Pueblo presentó el informe 2024 de la situación de los derechos humanos en Panamá, en el que revela un panorama complejo lleno de desafíos estructurales que afectan tanto a la población en general como a los grupos más vulnerables.
El informe detalla que persisten carencias significativas en servicios esenciales como salud, educación, agua potable y por manejo de residuos, exacerbadas por una gestión pública insuficiente y la falta de recursos, afectando principalmente a los más desfavorecidos.
Para iniciar, los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país enfrenan desafíos como el acoso escolar y la desigualdad educativa tanto en regiones rurales como semiurbanas.
El informe también hace referencia al embarazo en adolescentes, que según cifras, hay más de 4,000 mujeres entre 15 y 17 años que han sido madres, perpetuando el círculo de pobreza especialmente en las áreas de las comarcas como la Ngäbe Buglé. Asimismo, reitera que las niñas migrantes también enfrentan altos riesgos de violencia sexual.
Violencia de género
También revela la violencia de género, femicidios y falta de recursos para albergues en el país son temas preocupantes.
Ante esto, el Defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc dijo que es fundamental que el Ministerio Público tenga herramientas necesarias para las investigaciones y que el Ministerio de la Mujer tenga políticas claras con este tema.
También considera necesario desarrollar programas que promuevan la masculinidad positiva, transformar las normas culturales que perpetúan la violencia de género, involucrar a los hombres desde temprana edad en la solución y aumentar el presupuesto para refugios, así como garantizar la implementación de brazaletes electrónicos.
Derecho al agua
Respecto al tema del agua potable, Leblanc dijo que se se refleja una crisis persistente que afecta tanto a comunidades rurales como urbanas, debido a la falta de infraestructuras como potabilizadoras y líneas de conducción, agravando las condiciones de vida, higiene y salud de la población.
De igual forma, indicó que los los vertederos a nivel nacional generan graves problemas de contaminación del suelo, aire y agua, afectando directamente la salud de las comunidades cercanas. La inexistencia de un plan integral que promueva la separación de residuos en la fuente, el reciclaje y el tratamiento de lixiviados y gases.
Discapacidad
Respecto a las personas con discapacidad, detalla que a pesar de los avances legales, este grupo de población enfrenta barreras críticas como la falta de accesibilidad en espacios públicos y servicios, la educación insuficiente y la discriminación laboral limitan su inclusión
Leblanc indicó que los pueblos originarios carecen de acceso a servicios básicos, y la desigualdad en la atención de salud.
Respecto a este tema, Leblanc es de la opinión que es necesario repensar las ayudas económicas dirigidas a estas comunidades, acompañadas de programas de formación que fortalezcan la autogestión y la gobernanza que les permitirá participar activamente en su propio desarrollo y reducir la dependencia estructural.
Por otra parte, el Defensor del Pueblo también se refirió sobre las personas que viven con VIH, quienes enfrentan discriminación y estigmatización por padecimiento, a pesar de los avances legales como Ley N.º 40 de 2018, que establece un marco para la atención integral. Sin embargo, la limitada difusión y aplicación de esta ley obstaculiza la implementación de políticas públicas con enfoque de género, perpetuando barreras en el acceso a servicios de salud adecuados.
Asimismo, las personas mayores en Panamá enfrentan vulneraciones significativas, especialmente en áreas como el acceso a la salud, la seguridad social y viviendas dignas.
Privados de libertad
También admitió que las personas privadas de libertad en el país enfrentan graves vulneraciones, destacándose el hacinamiento extremo, condiciones inadecuadas de infraestructura, falta de acceso a servicios básicos como agua potable y alimentación, y atención médica insuficiente, especialmente para enfermedades crónicas y mentales.
Para enfrentar esta realidad, dijo que es imprescindible priorizar un enfoque integral y diferenciado en las políticas públicas, garantizando que los derechos humanos se conviertan en el eje central del desarrollo del país. Esto implica fortalecer las instituciones encargadas de su promoción y protección, asegurar la participación activa de la sociedad civil y la implementación efectiva de recomendaciones internacionales, como las derivadas del Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas.
De acuerdo con Leblanc, es crucial que Panamá adopte un liderazgo regional en la protección de los derechos humanos, no solo consolidando su marco normativo interno, sino también asumiendo compromisos internacionales como la ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia; y la Convención interamericana sobre la protección de los Derechos humanos de las Personas Mayores.
