Asumir y suponer es un hábito desafortundado en nuestros países tropicales. Tomamos posturas irresponsables a favor o en contra, con información incompleta o manipulada. Las protestas antimineras de hace un año son la prueba.
Hoy me referiré a otro caso. Se trata de un comunicado publicado el 3 de diciembre por diputados del partido Realizando Metas. Recomendaron “medidas económicas que permiten aumentar las fuentes de financiamiento de recursos directos para la Caja de Seguro Social” y que logran “evitar el aumento de la edad de jubilación”.
Sin señalar el porcentaje, propusieron gravar el consumo de servicios bancarios y aprovecharé la situación para hacer docencia sobre un concepto usado en economía, llamado “elasticidad del precio de la demanda”. Es un tema complejo que intentaré simplificar. Los especialistas lo usan para definir con cuánta fuerza cambia el consumo de un producto o servicio cuando su precio sube o baja. El factor clave es la disponibilidad de productos o servicios sustitutos. Veamos ejemplos para entenderlo fácil.
Por un lado, en el caso de un producto con precio elástico, cuando el precio sube, las personas lo compran menos o consumen un sustituto. Si las manzanas suben de precio, podemos comprar menos manzanas, no comprarlas o consumir papayas. Hay alternativas.
Por otro lado, en el caso de un producto con precio inelástico, cuando el precio sube, las personas siguen comprándolo porque su consumo es imprescindible. Un ejemplo es la gasolina y la insulina. O ponemos combustible a un auto con el tanque seco o no rodará un metro. Y si un diabético no se inyecta, enfermará rápida y gravemente. No hay alternativas.
El impuesto propuesto por los diputados se refiere a los préstamos y depósitos, así como a los costos de membresía y de renovación de las tarjetas de crédito. Obviamente, la Asociación Bancaria ya expresó su preocupación. Aseguran que con un impuesto a esos servicios, “los bancos trasladarán el impacto a los clientes, cobrándoles intereses más altos” y que esto tendría consecuencias entre las cuales está que “se reduciría la oferta de financiamiento para personas, aumentarían los costos para los consumidores y se dañaría la competitividad del Centro Bancario panameño”.
Un informe del Banco Mundial que cita al Global Findex 2021, detalla que en promedio el 45% de los adultos panameños posee una cuenta bancaria. Para valorar la propuesta de los diputados de forma correcta, sin impulsividad y prejuicios, sería necesario tener respuestas a varias preguntas.
¿La Asociación Bancaria sabe que tanto variará el consumo de la población bancarizada ante el impuesto? ¿Los diputados calcularon cuánto dinero recaudaría el impuesto que proponen y si dicha recaudación compensaría los ingresos perdidos al no aumentar la edad de jubilación?
En resumen, deben ser los datos, no las suposiciones, las que determinen si la banca es una industria que resiste ese impuesto.
La administración del presidente José Raúl Mulino enfrenta el problema de las pensiones de la Caja de Seguro Social con coraje y paso firme. Pudo haber pateado la lata, pero prefirió invertir una porción importante de su capital político en atenderlo. Eso es digno de aplauso.
