Mientras que sus seguidores lo recuerdan como el líder que derrotó al terrorismo y estabilizó la economía, sus detractores lo ven como un dictador corrupto y violador de los derechos humanos.
Alberto Fujimori, ex presidente de Perú y una de las figuras más controvertidas de la política latinoamericana, falleció este 11 de septiembre de 2024 a los 86 años. La noticia fue confirmada por su hija, Keiko Fujimori, a través de las redes sociales. Su muerte ocurre en un momento simbólico, exactamente tres años después de la muerte de Abimael Guzmán, líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, a la misma edad. Este hecho añade una capa de simbolismo a su deceso, ya que ambos personajes fueron protagonistas de uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente del Perú.
Fujimori, quien gobernó Perú durante la década de los noventa con mano de hierro, deja tras de sí un legado profundamente divisivo. Para algunos, es recordado como el hombre que salvó al país del colapso económico y de las garras del terrorismo. Para otros, es un dictador responsable de violaciones a los derechos humanos, corrupción estructural y la destrucción del sistema democrático. Su figura polarizó la sociedad peruana hasta su último día, y su muerte ha vuelto a abrir viejas heridas en un país que aún lucha por reconciliarse con su pasado.
El adiós de un autócrata
Alberto Fujimori fue un personaje cuya vida estuvo marcada por la dualidad. Nacido el 28 de julio de 1938 en Lima, en el seno de una familia de inmigrantes japoneses, se convirtió en un líder político inesperado que ascendió rápidamente al poder. Antes de su incursión en la política, era un agrónomo y matemático que ocupaba el cargo de rector en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Su irrupción en la política peruana fue sorprendente: en 1990, contra todos los pronósticos, derrotó al célebre novelista Mario Vargas Llosa en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Durante su mandato, Fujimori implementó una serie de reformas económicas que estabilizaron una economía devastada por la hiperinflación y el caos político. Su «terapia de choque», como fue conocida, incluyó medidas impopulares pero necesarias, como la eliminación de subsidios y la liberalización de los mercados. Estas reformas permitieron que el país recuperara el crecimiento económico, atrajera inversiones extranjeras y redujera la pobreza. Sin embargo, el costo social de estas medidas fue elevado, y muchos sectores de la población, especialmente los más pobres, sufrieron las consecuencias inmediatas.
Su lucha contra el terrorismo, en particular contra la organización maoísta Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), fue quizás uno de los aspectos más destacables de su gobierno. Fujimori asumió una postura de mano dura y, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, llevó a cabo una campaña militar agresiva que culminó en la captura de Abimael Guzmán en 1992. Este fue un punto de inflexión en la guerra contra el terrorismo en el Perú, que había dejado miles de muertos y desaparecidos durante más de una década.
No obstante, esa victoria tuvo un precio altísimo. La campaña antiterrorista estuvo marcada por graves violaciones de derechos humanos, entre las cuales destacan las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, que involucraron el asesinato de civiles inocentes por parte de escuadrones de la muerte dirigidos desde el gobierno. Fujimori fue finalmente condenado como autor mediato de estas masacres, en las que murieron 25 personas, incluidos niños y estudiantes universitarios.
Un gobierno marcado por el autoritarismo y la corrupción
El punto de inflexión en el gobierno de Fujimori ocurrió el 5 de abril de 1992, cuando decidió disolver el Congreso y asumir todos los poderes del Estado en lo que se conoció como el «autogolpe». Esta medida fue presentada como una respuesta necesaria para enfrentar la crisis institucional y el terrorismo, pero en la práctica instauró un régimen autoritario que gobernó el país durante varios años sin contrapesos democráticos. A partir de ese momento, Fujimori controló no solo el Ejecutivo, sino también el Legislativo y el Judicial, lo que le permitió gobernar por decreto.
Durante ese período, el régimen fujimorista estuvo marcado por una corrupción generalizada que penetró en todos los niveles del Estado. El principal artífice de esta trama fue Vladimiro Montesinos, su asesor de inteligencia y mano derecha. Montesinos dirigió una red de corrupción que incluía sobornos a políticos, jueces y medios de comunicación para asegurar el control absoluto del poder. En 2000, un video difundido por la prensa mostró a Montesinos sobornando a un congresista opositor, lo que desató un escándalo que finalmente llevó a la caída de Fujimori.
En medio de este escándalo, Fujimori huyó a Japón, desde donde renunció a la presidencia por fax. Japón le concedió la ciudadanía debido a sus raíces familiares, lo que le permitió evadir la justicia peruana por varios años. Sin embargo, en 2005, Fujimori fue arrestado en Chile durante un intento fallido de regresar al Perú para postularse nuevamente a la presidencia. En 2007, fue extraditado a Perú, donde enfrentó varios juicios por violaciones a los derechos humanos y corrupción.
En 2009, fue condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así como por secuestros y torturas. Esta condena fue histórica, ya que Fujimori se convirtió en el primer ex presidente democráticamente electo en América Latina en ser juzgado y condenado por crímenes de lesa humanidad en su propio país.
Las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta
Las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta son dos de los episodios más oscuros del gobierno de Fujimori. En noviembre de 1991, un grupo paramilitar conocido como el Grupo Colina, bajo las órdenes de Montesinos y con la autorización de Fujimori, irrumpió en una fiesta en el barrio de Barrios Altos, en Lima, y disparó indiscriminadamente contra los asistentes, matando a 15 personas, entre ellas un niño de 8 años. La masacre fue justificada como parte de la lucha contra el terrorismo, pero las víctimas no tenían ninguna relación con Sendero Luminoso.
La masacre de La Cantuta ocurrió en julio de 1992, cuando miembros del mismo grupo secuestraron, torturaron y asesinaron a nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Los cuerpos fueron enterrados en fosas comunes, y el caso fue encubierto por el gobierno durante años. Sin embargo, la presión de organismos internacionales y la investigación de periodistas independientes llevaron a que estos crímenes salieran a la luz y fueran juzgados.
La condena de Fujimori en 2009 por su papel en estas masacres representó un triunfo para los defensores de los derechos humanos en Perú. El juicio fue visto como un hito en la lucha contra la impunidad en América Latina y sentó un precedente importante para otros países de la región. A pesar de ello, Fujimori nunca pidió perdón por estos crímenes. Según el politólogo Gonzalo Banda, «Fujimori se marchó de este mundo sin pedir perdón y sin tener ningún gesto hacia las víctimas a pesar de haber sido hallado culpable como el autor mediato de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos».
La división política tras su muerte
La muerte de Alberto Fujimori ha reavivado la polarización en la sociedad peruana. Mientras que sus seguidores lo recuerdan como el líder que derrotó al terrorismo y estabilizó la economía, sus detractores lo ven como un dictador corrupto y violador de los derechos humanos. Esta división ha sido evidente en las reacciones públicas tras su fallecimiento.
El gobierno de Dina Boluarte ha anunciado que organizará un funeral de Estado para Fujimori, lo que ha generado controversia. Diversos sectores de la población, incluyendo colectivos de derechos humanos, han expresado su rechazo a esta decisión, argumentando que no se deben rendir honores a un líder que fue condenado por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, según el protocolo oficial, los expresidentes del país tienen derecho a este tipo de ceremonias, independientemente de su historial.
La familia Fujimori y su futuro en la política peruana
A pesar de los escándalos y la condena de su padre, Keiko Fujimori ha mantenido una presencia activa en la política peruana. Líder del partido Fuerza Popular, ha intentado en tres ocasiones llegar a la presidencia, perdiendo por un estrecho margen en cada una de ellas. Tras la muerte de su padre, Keiko ha reafirmado su compromiso con el legado fujimorista, y algunos analistas políticos sugieren que la muerte de Alberto Fujimori podría fortalecer la base de apoyo de su hija para las próximas elecciones generales de 2026.
Sin embargo, el futuro político de la familia Fujimori sigue siendo incierto. La Constitución peruana prohíbe a los condenados por delitos dolosos, como Fujimori, ocupar cargos públicos. Además, la figura de Keiko sigue siendo polarizante, y la sombra del régimen autoritario de su padre continúa persiguiéndola en cada campaña electoral. Aunque Keiko ha intentado distanciarse de las acciones más controvertidas de su padre, el fujimorismo sigue siendo un tema divisivo en Perú.
La muerte de Alberto Fujimori marca el final de una era en la historia política de Perú, pero su legado continúa siendo objeto de intenso debate. Mientras algunos celebran sus logros en materia económica y de seguridad, otros no olvidan las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante su mandato. Fujimori deja un país profundamente dividido, donde las heridas de su gobierno siguen abiertas y su influencia sigue siendo palpable en la vida política del país.
Su muerte, lejos de cerrar el capítulo, ha reavivado las tensiones entre sus seguidores y detractores, y plantea nuevas interrogantes sobre el futuro de su familia en la política peruana. El legado de Alberto Fujimori será recordado como uno de los más polémicos y contradictorios de la historia reciente de América Latina
