No podemos construir un futuro, destruyendo el presente

Panamá, un país que hasta hace poco ostentaba el prestigio de ser considerada una nación con grado de inversión y una proyección económica estable, se encuentra ahora en una situación compleja. La reciente paralización abrupta y sin sentido de una de las minas de cobre más grandes de América Latina, debido a protestas, movimientos sociales liderados por grupos con pleno desconocimiento del sector minero y un fallo de la Corte Suprema de Justicia, ha dejado al descubierto una serie de problemas internos que se han desarrollado durante años en la estructura del Estado panameño y su economía. La mala gestión administrativa, la falta de visión a largo plazo y la incapacidad para resolver disputas críticas con la sociedad y el sector privado han puesto a Panamá al borde del abismo.

La paralización abrupta de la mina de cobre no fue simplemente un evento aislado, sino más bien el punto culminante de una serie de advertencias ignoradas. Fitch Ratings y otras calificadoras de riesgo habían estado señalando las vulnerabilidades económicas de Panamá durante mucho tiempo, exactamente dos (2) años y cuatro (4) informes previos a que se tomara la decisión de quitar el grado de inversión. En múltiples artículos de periódicos, cuentas en redes sociales, programas noticiosos, profesionales de las ramas de la economía, el derecho, la gestión ambiental y el sector minero clamaban por no caer en las mentiras y los mitos impuestos por la agenda del terror e iniciar un plan cuyo objetivo fuera la recuperación de la confianza y la atracción de inversiones, pero estos avisos de alerta cayeron en oídos sordos de un liderazgo político sumido en la complacencia y en un año electoral que trajo más sorpresas que sorprendidos.

El contrato ley con la empresa minera, que fue aprobado y pocos días después declarado inconstitucional debido a evidentes presiones sociales, que todos pudimos ver frente al Palacio Gil Ponce, no solo representó una oportunidad perdida para garantizar la estabilidad y la prosperidad económica, sino que también envió una señal desoladora a la comunidad internacional de inversores, donde vimos cómo, después de ese acto de presión que dio como resultado el fallo, algunos bancos, empresas y países retiraban sus inversiones en Panamá. Un país que una vez fue considerado un destino atractivo para los negocios ahora se enfrenta a la difícil tarea de reconstruir su reputación y restaurar la confianza de aquellos que alguna vez creyeron en su potencial.

La política, las mentiras de grupos radicales y el «juega vivo» de muchos, lamentablemente, ha permeado las decisiones legislativas, judiciales y administrativas, socavando la integridad del sistema legal y erosionando la confianza en las instituciones públicas. La falta de transparencia y el no tener visión de país han debilitado la capacidad de los últimos gobiernos para abordar los desafíos económicos y sociales de manera efectiva, dejando a millones de panameños atrapados en la pobreza y la desigualdad.

Te estarás preguntando entonces: ¿Cuáles son las consecuencias de una mala administración? La respuesta es simple, la puedes observar: la falta de oportunidades y la erosión del tejido social. Esto pasa cuando un país desperdicia sus recursos, toma malas decisiones e ignora las necesidades de su población.

Es fundamental comprender que la economía, el medio ambiente y la sociedad están intrínsecamente interconectados. Sin una economía sólida y sostenible, es imposible abordar los desafíos ambientales y sociales de manera efectiva. Para llegar a ese desarrollo sostenible del que tanto hablamos, requerimos un enfoque integral que abarque todos estos aspectos y busque el equilibrio entre el crecimiento económico, la equidad social y la preservación del medio ambiente. Pero si seguimos destruyendo el desarrollo de un país para construir sindicalismo y ambientalismo radical, es lo mismo que sentenciar la desaparición de múltiples especies por no tener el financiamiento local para poder protegerlas. Suena ilógico, pero así es.

Ahora, con un nuevo gobierno en el horizonte, Panamá tiene la oportunidad de redefinir su futuro y sentar las bases para un crecimiento inclusivo y sostenible. Se necesita un liderazgo audaz y visionario que esté dispuesto a tomar decisiones difíciles y a enfrentar los desafíos con determinación y resolución. La reconstrucción de la confianza es lo prioritario.

En conclusión, la historia reciente de Panamá es un recordatorio elocuente de que no se puede construir sobre «bases frágiles» ni creer sin comprobar el origen de todo lo que sale en los “videos de las redes sociales”. La verdadera grandeza de una nación reside en su capacidad para aprender de sus errores y corregir el rumbo cuando sea necesario.

Es hora de aprender de los errores recientes y dejar muy atrás lo vivido en octubre y noviembre de 2023 y mirar hacia el futuro, que es mañana, con determinación y bien enfocados. Solo así podremos reconstruir este país y hacerlo más próspero y, sobre todo, más prometedor de lo que era antes de no hacerle caso a las señales de los que saben.