La crisis migratoria en el Darién es una situación alarmante que sacude la conciencia humana. Negar atención médica y servicios básicos a los miles de migrantes que se abren paso a través de esta peligrosa ruta, en busca de una vida mejor, es una decisión cruel e inhumana.
El contexto actual es desgarrador. Según la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), solo en enero de 2024, registraron 120 casos de violencia sexual en la ruta migratoria del Darién. En todo el año 2023, atendieron a 676 migrantes víctimas de agresiones de este tipo. Estas cifras, sumadas al aumento exponencial de migrantes en los últimos tres años, deberían ser un llamado urgente a la acción.
El Gobierno panameño, al ordenar la suspensión de las actividades médicas y humanitarias de MSF en la zona, bajo el argumento de la falta de un convenio vigente, está ignorando las necesidades más básicas de miles de seres humanos. Esta acción priva a casi 5.000 personas al mes de recibir atención en salud física y psicológica, incluyendo a sobrevivientes de violencia sexual.
Si bien es innegable que el flujo migratorio a través del Darién se ha convertido en un lucrativo negocio para el crimen organizado, esto no es excusa para abandonar a los migrantes a su suerte. Las autoridades panameñas estiman que las bandas criminales obtuvieron ganancias de 820 millones de dólares el año pasado, imponiendo tasas por el tránsito por la selva. Sin embargo, esta realidad solo resalta la urgencia de proteger a las personas más vulnerables atrapadas en esta tragedia.
No podemos permitir que la codicia y los intereses económicos nublen nuestra humanidad. Los migrantes que cruzan el Darién son seres humanos que huyen de la violencia, la pobreza extrema y la desesperación. Merecen nuestra compasión y asistencia, no más sufrimiento y abandono. Las críticas que apuntan a que la migración descontrolada es un problema de seguridad nacional son comprensibles, pero no justifican la negación de servicios básicos a los migrantes. La solución no radica en cerrar los ojos ante esta crisis humanitaria, sino en abordar sus causas fundamentales y brindar una respuesta coordinada y humana a nivel regional. Panamá, y la comunidad internacional en su conjunto, tienen la obligación moral de garantizar la protección y la asistencia a estos grupos vulnerables. Negarles atención médica y servicios esenciales solo perpetúa el ciclo de violencia, explotación y sufrimiento del que intentan escapar.
Es hora de actuar con empatía y solidaridad. Debemos alzar nuestras voces y exigir a los gobiernos que prioricen la dignidad humana por encima de intereses políticos o económicos. La situación en el Darién es una crisis humanitaria que requiere una respuesta urgente y coordinada, basada en los principios fundamentales de derechos humanos y compasión.
