La falta de confianza en el gobierno, como revelan los datos del estudio del Banco Interamericano de Desarrollo y la OCDE, tiene implicaciones significativas para Panamá. Con el 86 por ciento de los panameños percibiendo que la corrupción es generalizada, es evidente que la desconfianza en las instituciones gubernamentales está arraigada en la sociedad panameña.
En primer lugar, la falta de confianza erosiona la legitimidad de cualquier gobierno. Sin la confianza de los ciudadanos, aquél puede tener dificultades para ejercer su autoridad de manera efectiva y para implementar políticas que beneficien a la sociedad en su conjunto. Esto puede llevar a un ciclo de desconfianza y descontento que socava la estabilidad política y social.
Además, la falta de confianza puede desmotivar la participación ciudadana en la vida política del país. Los ciudadanos pueden volverse apáticos o desinteresados en participar en actividades cívicas, lo que debilita la democracia y limita la capacidad de los ciudadanos para influir en las decisiones que los afectan.
Por otro lado, la percepción generalizada de corrupción puede socavar el cumplimiento de las leyes y normas nacionales. Cuando los ciudadanos desconfían de las instituciones gubernamentales, es más probable que ignoren o desobedezcan las leyes, lo que contribuye a un clima de inseguridad y falta de respeto por el Estado de derecho.
En resumen, la falta de confianza en el gobierno y la percepción de corrupción generalizada tienen profundas implicaciones para Panamá, afectando la legitimidad gubernamental, la participación ciudadana, el cumplimiento de las leyes y la estabilidad política y social. Es crucial tomar medidas para promover la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas para abordar estos desafíos y fomentar un desarrollo sostenible y equitativo en el país.