Ha pasado un año y once mese que se presentó el proyecto de ley 625, “que adopta la legalización de extinción de dominio de bienes ilícitos” y su discusión se mantiene estancada en una subcomisión de la comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.
Ante esto, la ong, Trinka se pronunció en un comunicado resaltando que la aprobación del proyecto de ley es una “necesidad urgente” para combatir con eficacia el crimen organizado y la penetración de este en los partidos políticos, el Gobierno y la sociedad. Además, hizo un llamado a la actual legislatura de la Asamblea Nacional, para que haga realidad una ley que, lejos de amenazar el derecho fundamental a la propiedad privada, será una herramienta eficaz en la lucha contra el crimen organizado y en favor de la democracia.
“En Panamá, el crimen organizado ha llegado a escalar a tal nivel, que ha logrado penetrar no solo a entidades clave del gobierno, sino a partidos políticos, utilizándolos como instrumentos para acceder al poder político. Más grave aún, su poder económico es tal que ha impulsado la formación de pandillas que sostiene con fondos habidos de la trata de personas, tráfico de drogas, mercancías ilícitas y armas, robo a mano armada, legitimación (blanqueo) de capitales y falsificación de productos”, indica el comunicado.
No es la primera vez que, en Panamá, se trata de aprobar un proyecto de ley como este. La primera iniciativa surgió de la Procuraduría General de la Nación en 2014, pero fracasó por el desinterés de la Asamblea de entonces y la falta de apoyo del Órgano Ejecutivo. La segunda ocurrió en 2015, pero la iniciativa no fue acogida. La nueva versión mejora los proyectos anteriores. México, Colombia, Perú, Honduras, Guatemala, El Salvador y otros países han implementado con éxito este instrumento jurídico.
En esta ocasión, el proyecto tiene el apoyo del Órgano Ejecutivo, y está estructurado en base a la Ley Modelo de Extinción de Dominio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC, por sus siglas en inglés).
En Panamá, el proyecto de ley de extinción de dominio, procederá en los casos que guarde relación con bienes adquiridos ilegítimamente por actividades ilícitas, esta permitiría que el Estado recupere bienes adquiridos de forma ilícita, estas podrían ser:
- Bienes que sean producto, productos u objeto material de actividades ilícitas.
- Bienes que provengan de la transformación o conversión parcial o total, física o jurídica del producto, instrumentos u objeto material de actividades ilícitas.
- Bienes de origen lícito utilizados para ocultar bienes de ilícita procedencia.
- Bienes de origen lícito mezclados con bienes de ilícita procedencia.
Además, podrían decretar las medidas cautelares como suspensión del poder dispositivo, embargo preventivo o incautación y la aprehensión material.
A juicio del diputado y presidente de la Asamblea, Crispiano Adames, el proyecto de ley 625, “no recoge las garantías de defensa de protección de ningún ciudadano ni organización de este país; por ello, creo que debe establecerse un criterio amplio, con jurisdicciones y competencias que no existen en nuestras disposiciones ni en la Constitución”.
El proyecto de ley 625, que fue presentado al pleno de la Asamblea Nacional en abril de 2021 por el Órgano Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino.
